El ex secretario de Comercio del kirchnerismo fue acusado de intervenir en el Instituto para manipular los datos de inflación. El fiscal Luciani declaró que “a martillazos bajaban los índices”.
Los fiscales federales Diego Luciani y José Ipohorski solicitaron hoy que el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno sea condenado a cuatro años de prisión y a 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por su presunta participación en la manipulación de los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Además, Moreno enfrenta graves acusaciones por violación de secretos, abuso de autoridad, destrucción de registros y documentos, y falsedad ideológica.
La Fiscalía concluyó sus argumentos ante el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py y también solicitó penas para otras tres exfuncionarias: cuatro años de prisión y 10 de inhabilitación para la exdirectora del IPC del INDEC, Beatriz Paglieri; y dos años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para las empleadas Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda. El juicio continuará el próximo miércoles 10 de julio a las 9:30 horas con los alegatos de las defensas.
Además, los fiscales pidieron que se inicie una investigación contra la ex ministra de Economía de la Nación, Felisa Miceli. Argumentaron que el INDEC estaba bajo la órbita de su Ministerio y no de la Secretaría de Comercio de Moreno, por lo que consideran necesario investigar si la ex funcionaria también pudo haber cometido algún delito.
Durante sus alegatos, la Fiscalía argumentó que Guillermo Moreno, en su rol de secretario de Comercio, efectuó una intervención de facto en el INDEC al designar a Beatriz Paglieri para manipular a la baja los índices de inflación de manera artificial. “A martillazos bajaban los índices. La inflación no debía superar el 10 por ciento y lo lograban mintiendo“, afirmó Luciani. Añadió además que “Moreno, mediante la inclusión de Paglieri, obtuvo acceso a toda la información confidencial que le estaba restringida“.
El fiscal destacó que la ley establece la confidencialidad de la información y que todos en el INDEC estaban al tanto de esto. “Según los testimonios unánimes, desde la llegada de Paglieri, comenzaron a hacer diariamente una gran cantidad de fotocopias de los formularios de índice que se acumulaban en carpetas, las cuales luego Paglieri sacaba del organismo“, explicó. Asimismo, indicó que las fotocopias eran realizadas por Filia y Cámpora Avellaneda.
Ipohorski mencionó que se implementó un sistema de topes de precios para mantener bajos los índices de inflación, limitando el aumento de precios de cada producto al 15 por ciento. La Fiscalía también señaló la presencia de agentes de civil en el INDEC para vigilar a los empleados, algunos de los cuales fueron encerrados en oficinas. Además, se produjeron despidos y se retiraron contraseñas o se cambiaron asignaciones de tareas.
La audiencia se realizó por videoconferencia y los cuatro acusados estuvieron conectados. Tras los alegatos de las defensas, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Néstor Costabel determinarán la fecha para la audiencia en la que se dará a conocer el veredicto.
El juicio comenzó en abril pasado y Guillermo Moreno negó las acusaciones. “Utilizamos la conversación de los precios. Eso fue lo que hicimos“, afirmó el exfuncionario ante el tribunal. Moreno reconoció la importancia de los resultados del INDEC y explicó: “Es muy complejo cómo se conforman los precios. Nos ocupamos de todos los precios, no de algunos. La fijación de precios se realizaba en mi despacho con la persona designada por la empresa“.
En ese sentido, Moreno minimizó el rol del organismo. “No necesitaba del INDEC para mi trabajo; mi gestión no dependía de ese instituto. Mi labor era mucho más amplia. Lo crucial era mantener el valor del salario y el INDEC se dedicaba únicamente a las estadísticas“, agregó. Y concluyó: “No me interesaba conocer los datos estadísticos confidenciales porque ya tenía acceso a todos los precios del mercado“.
Este es el cuarto juicio oral para Guillermo Moreno. En octubre de 2017, fue condenado a dos años y seis meses de prisión, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por el delito de peculado, relacionado con el uso de fondos públicos para comprar merchandising con la leyenda “Clarín Miente“.
En julio de 2022, recibió una condena de dos años de prisión en suspenso y seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de amenazas coactivas, debido al incidente conocido como “¿Casco o guantes?“, que ocurrió durante una asamblea de 2010 en la empresa Papel Prensa. Ninguna de estas condenas ha sido confirmada aún, ya que están actualmente en proceso de apelación y no han sido ejecutadas.
Por otro lado, fue absuelto en diciembre de 2021 de los cargos relacionados con la perturbación de una asamblea del Grupo Clarín en abril de 2013, en la que participó en representación del Estado junto al actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Fuente: Derecha Diario
