La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de dirigentes del Polo Obrero, encabezados por Eduardo Belliboni. Además, agravó los delitos imputados: se los acusa de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión.
Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens señalaron que los dirigentes se aprovecharon de su posición dominante. Es que los dirigentes habrían exigido aportes monetarios a personas vulnerables beneficiarias del programa Potenciar Trabajo, bajo amenaza de retirarles el beneficio estatal.
El fallo destacó que el esquema permitió que los fondos fueran usados para financiar actividades político-partidarias. Aunque aclaró que no busca criminalizar la protesta social, enfatizó que hubo aprovechamiento ilegítimo bajo el amparo de derechos legítimos como el reclamo social.
Detalles del caso
La causa se originó en diciembre de 2023 tras denuncias ciudadanas anónimas al número 134 del Ministerio de Seguridad. Se identificaron irregularidades como:
- Uso de facturación falsa para simular gastos.
- Exigencia de asistencia a movilizaciones para mantener el beneficio social.
- Aportes obligatorios de dinero por parte de los beneficiarios.
Los jueces confirmaron que la estructura jerárquica del Polo Obrero, liderada por Belliboni y otros referentes, gestionaba los aportes recaudados. Dichos aportes luego eran depositados en cuentas de las organizaciones.
Próximos pasos: qué le depara a Belliboni
El tribunal determinó que será necesario identificar la cantidad de víctimas afectadas y evaluar una posible devolución de los montos retenidos extorsivamente, considerando la situación de alta vulnerabilidad de los perjudicados.
Belliboni durmiendo la siesta
Además, rechazó los argumentos de defensa de los acusados, quienes alegaron falta de conocimiento técnico o vulnerabilidad personal. Según el fallo, los dirigentes participaron conscientemente en el desvío de fondos y la coacción a los beneficiarios del programa social.
Contexto político
El caso también involucra acusaciones contra Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, quien habría encabezado una “matriz de corrupción” que permitió estas irregularidades.
La fiscalía sostiene que el esquema desvirtuó los objetivos del programa Potenciar Trabajo para financiar actividades partidarias. Esto significa un perjuicio del erario público y los beneficiarios más vulnerables.
Esta decisión judicial marca un avance significativo en una investigación que busca reparar el daño causado a las personas afectadas y al Estado.
Fuente: Derecha Diario
