Además, también fueron acusados los ex directores de la Agencia Nacional de Discapacidad, a causa de "flexibilizar el proceso de otorgamiento” de las pensiones. Entre 2020 y 2023 se otorgaron casi 400 mil beneficios.
El fiscal federal Guillermo Marijuán presentó una denuncia penal hoy contra el ex presidente Alberto Fernández y otros ex funcionarios kirchneristas por presuntos aumentos desproporcionados en las pensiones por invalidez durante el período 2020-2023.
Según la denuncia, se utilizaron decretos y resoluciones para flexibilizar los criterios de otorgamiento de estos beneficios, alegando que también se habrían realizado "favores políticos" a intendentes y gobernadores.
La investigación reveló casos en los que se benefició a personas que no cumplían con los requisitos de invalidez ni tenían condiciones medicas que justificaran invalidez laboral. Además, se señala que el proceso de otorgamiento, que normalmente tomaba dos o tres años, se redujo a tan solo tres meses en algunos casos.
Además de Alberto Fernández, el fiscal Marijuán denunció a Claudio Flavio Augusto Esposito y Fernando Gastón Galarraga, ex Directores Ejecutivos de la Agencia Nacional de Discapacidad, así como a Paula Martínez, ex Directora Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas.
El fiscal federal Guillermo Marijuán ha detallado un plan sistemático llevado a cabo entre los años 2020 y 2023, dirigido a flexibilizar las normas para el otorgamiento de Pensiones No Contributivas por Invalidez. Según la denuncia, estas acciones habrían permitido la entrega masiva e irregular de beneficios, con un enfoque particular en favores políticos hacia gobernadores e intendentes.
Según la investigación de Marijuán, durante este período se concedieron cerca de 300 mil nuevos beneficios, lo que representa un aumento exponencial de más del 1500%. En comparación, en el año 2003 se habían asignado 79,581 casos, mientras que actualmente se habrían conferido 1,222,882 prestaciones.
La primera normativa mencionada es la resolución 8/2020, publicada el 30 de enero de 2020. Esta resolución, según la denuncia, permitió iniciar el trámite para acceder al beneficio incluso sin la presentación del Certificado Médico Oficial, y modificó los parámetros para determinar el estado socioeconómico y de vulnerabilidad de las solicitudes relacionadas con el otorgamiento, denegación, suspensión y caducidad de las pensiones mencionadas.
Hasta ese momento, el beneficiario no necesitaba ser dueño de una propiedad cuyo valor excediera el equivalente a más de 400 jubilaciones mínimas o un automóvil que superara las 30 jubilaciones mínimas. La medida de 2020 eliminó el límite máximo para las propiedades y permitió que el demandante fuera considerado en situación de vulnerabilidad si tenía un vehículo con más de diez años de antigüedad.
La acusación también señala la resolución 134/2020, que determinó que, en los casos de menores de 18 años, el Certificado Médico Oficial no sea evaluado por la Coordinación de Fiscalización Médica. Especialmente cuestiona el decreto 7/2023, que introdujo la opción de acceder a las prestaciones para aquellos que estén "imposibilitados o imposibilitadas, debido a su estado de salud y vulnerabilidad social, para lograr una inclusión plena"; no tengan un empleo formal; sean ciudadanos argentinos por nacimiento, naturalizados o residentes en el país, o extranjeros con una residencia continua mínima de diez años en el país; y carezcan de bienes, ingresos o recursos suficientes, entre otros requisitos.
Pero eso no es todo. Marijuán también criticó el decreto 566/2023, emitido en noviembre de ese año, que estableció que las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad pueden trabajar y recibir la pensión al mismo tiempo.
Al final, la denuncia detalla todas las modificaciones realizadas en esos cuatro años para obtener la pensión: se eliminó el requisito del 76% de incapacidad laboral (Decreto 7/2023, Resolución 70/2023), la restricción de no poder trabajar (Resolución 34/2020, Decreto 566/2023 y Resolución 1786/2023), se redujo el período mínimo de residencia para extranjeros de 20 años a 10 años, se eliminó la verificación de nacionalidad y residencia mínima con datos confiables de migraciones, el límite de sustento del grupo familiar, y se modificó la definición de vulnerabilidad para permitir que más personas, incluso no vulnerables, pudieran acceder a la pensión no contributiva (Resoluciones 1377/2021, 134/2020, 70/2023, 1786/2023).
El siguiente aspecto de la denuncia se centra en los "favores políticos". En este punto, Marijuán destaca 259 operativos de alta masiva de pensiones realizados en provincias, beneficiando especialmente a aquellas gobernadas por el peronismo como Chaco (Jorge Capitanich), Formosa (Gildo Insfrán), Santiago del Estero (Gerardo Zamora), Tucumán (Juan Luis Manzur), Misiones (Oscar Herrera Ahuad) y Buenos Aires (Axel Kicillof). Según la presentación, en provincias donde el gobernador no era "amigo", como por ejemplo Corrientes (Gustavo Valdés), posiblemente se coordinaban los planes con los intendentes.
Alberto Fernández encabeza la lista de funcionarios denunciados por esta maniobra, acusados de defraudación a la administración pública. Marijuán sostiene: "El ex Presidente de la Nación y los sucesivos funcionarios a cargo del ANDIS dictaron normas que inexplicablemente eliminaron el requisito de invalidez para este beneficio que es precisamente la pensión por invalidez, otorgando así prestaciones con fondos públicos a personas que no cumplían los requisitos legales. Esta manipulación normativa buscaba simplemente una popularidad gratuita".
No solo hubo un aumento en la cantidad de pensiones otorgadas, sino que también se detectaron graves irregularidades como certificados acompañados de radiografías de animales o poemas presentados como estudios complementarios.
De Kevin Frank para La Derecha Diario.
Fuente: Derecha Diario
