La Derecha Diario presenta en exclusiva información de las auditorias sobre la corrupción en la entrega de pensiones por invalidez laboral.
Este trabajo expone una serie de graves irregularidades detectadas en la administración de las pensiones por invalidez en Argentina, revelando un esquema de fraudes que involucra tanto a beneficiarios como a políticos kirchneristas.
Los primeros informes de las auditorías sobre las pensiones por invalidez laboral están sacando a la luz serias irregularidades en la concesión de estos beneficios durante las gestiones anteriores.
Un porcentaje alto de beneficiarios no fue localizado, y se detectaron numerosas incompatibilidades, lo que constituye un fraude que habría desviado entre 1.200 a 2.000 millones de dólares solo en el último año.
En agosto de 2024, las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) comenzaron a realizar auditorías que involucran a cerca de 29.000 beneficiarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a más de 300.000 en la provincia de Buenos Aires. Las provincias de Chaco, Jujuy y Salta, que concentran alrededor de 175.000 pensiones, serán las próximas en ser auditadas.
Los hallazgos iniciales en CABA son preocupantes: de los 10.000 beneficiarios contactados, el 67% no pudo ser ubicado en los domicilios registrados, lo que genera serias dudas sobre la autenticidad de sus declaraciones.
La imposibilidad de contactar a muchos de estos pensionados llevará a una segunda citación a través de diversos canales, como cartas documento y correos electrónicos.
Además, detectó que varios presentan incompatibilidades que podrían anular su derecho a recibir las pensiones. De los beneficiarios auditados hasta ahora, solo el 43% cumple con los requisitos legales.
En la provincia de Buenos Aires, en la primera fase de auditorías se convocó a 900 pensionados. De ellos, 180 (21%) no pudieron ser localizados. De los 720 que fueron notificados, solo 462 se presentaron, y de estos, apenas el 20% cumplía con todos los requisitos establecidos. El 80% restante no cumple con las condiciones, y un 13% no cuenta con la documentación requerida.
Los casos más preocupantes incluyen:
– Un hombre que se presentó con un abogado, alegando tener cuatro diagnósticos médicos distintos.
– Beneficiarios que acudieron acompañados por representantes del “Movimiento Evita” y otros abogados.
– Una persona que afirmó que su padre se encontraba en Egipto desde hacía varios meses.
– Una mujer que intentó suplantar a su esposo fallecido, cuya muerte no había sido registrada en los sistemas oficiales.
– Dos personas bajo condena: una que, pese a tener arresto domiciliario, se presentó en persona, y otro caso donde los familiares confirmaron que el beneficiario no podía asistir por estar cumpliendo una sentencia.
Lo más preocupante de estos casos, además de su incompatibilidad por estar cumpliendo condena o a disposición de la Justicia, es que ambos recibieron la pensión en diciembre de 2023 mediante un trámite exprés que tardó solo 13 días, a pesar de no contar con condiciones de salud que justificaran la prestación.
Las auditorías continúan y sus resultados serán remitidos a la Fiscalía que lleva adelante la causa penal correspondiente.
Este escándalo resalta la necesidad urgente de una revisión integral del sistema de pensiones por invalidez laboral, con el fin de asegurar que únicamente quienes realmente lo necesitan puedan acceder a estos beneficios.
Las autoridades de la ANDIS avanzan hacia un sistema más transparente y justo, en un contexto que hasta ahora estuvo marcado por el abuso y la corrupción.
Fuente: Derecha Diario
