El juez Casanello resolvió la situación procesal de los dirigentes del Partido Obrero que fueron indagados en la causa por las denuncias recibidas en la línea del Ministerio de Seguridad. El líder piquetero podría terminar preso.
El juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes a Eduardo Belliboni, titular del Polo Obrero, por administración fraudulenta debido al desvío de fondos del programa Potenciar Trabajo para fines partidarios.
Además, se le impuso un embargo de $390 millones. El magistrado afirmó que “se aprovechó la política pública para intereses partidarios”.
El procesamiento incluye a Belliboni, Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz y Ezequiel Adrián Coego por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. También fueron procesadas María Isolda Dotti y Gianna Puppo, no solo por defraudación, sino también por “amenazas coactivas”.
Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia están acusadas de amenazas, mientras que Elizabeth del Carmen Palma, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gustavo Guillermo Vásquez, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti y Roberto Adrián Albornoz fueron procesados como partícipes en la defraudación y amenazas coactivas.
El juez prohibió a Belliboni salir del país, le retiró el pasaporte, y le ordenó presentarse mensualmente en el juzgado y abstenerse de concurrir a los comedores sociales bajo investigación. Estas mismas medidas se aplican a Centanni, Lubenfeld, Ortíz, Coego y Mamani.
Se mantiene vigente la inhibición general de bienes, el congelamiento de productos bancarios y cuentas CVU, así como el bloqueo al acceso a las cajas de seguridad de las personas físicas, de la Asociación Civil Polo Obrero, la Cooperativa de Trabajo El Resplandor Ltda., y la firma Ediciones e Impresiones Rumbos SRL.
La resolución del juez Casanello, que abarca 168 páginas, expone que “se sospecha que el cumplimiento de las tareas y la ejecución de los proyectos asumidos por los responsables del Polo Obrero en el marco del programa estatal no fue su verdadera meta. El propósito real habría sido financiar y fortalecer la actividad político-partidaria”.
Según el fallo, el Estado Nacional realizó desembolsos de dinero en concepto de Salario Social Complementario a los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo, por contraprestaciones que en muchos casos ni siquiera se ofrecieron. Esto no solo incumplió el objetivo previsto normativamente, generando un perjuicio económico al Estado, sino que además los responsables retuvieron de manera indebida un porcentaje del dinero percibido por los titulares del programa.
El juez añadió: “Los chats grupales aportados por los denunciantes, el contenido de la extracción de los celulares de los imputados y la documentación secuestrada revelaron que las prácticas que los encargados de los comedores exigieron a los beneficiarios del plan no estaban alineadas con el objetivo de la política pública”.
La causa se originó el 20 de diciembre, cuando se preparaba la primera movilización de piqueteros contra el presidente Javier Milei. El Gobierno habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos hicieran denuncias anónimas.
Se presentó una denuncia en los tribunales de Comodoro Py, y hubo reportes de todo el país. El fiscal Pollicita, que recibió la investigación delegada, se enfocó en las 45 denuncias realizadas en la Capital Federal. Avanzó en el rastreo de estas denuncias, localizando a siete personas, de las cuales cinco se animaron a declarar.
Con los allanamientos y la información secuestrada, el juez Casanello convocó a indagatoria a varias personas al encontrar que “diversas entidades asociativas, como la ‘Asociación Polo Obrero’ y la ‘Cooperativa El Resplandor Ltda.’, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales confiados mediante convenios con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del programa ‘Potenciar Trabajo’”, declaró. Además, destacó que se comprobó “el uso de facturación apócrifa y la simulación de gastos no realizados, al menos a través de las firmas ‘Ediciones e Impresiones Rumbos SRL’ y ‘Coxtex SA’, para encubrir el verdadero destino de una parte significativa de los fondos”.
Los acusados comparecieron en Comodoro Py y rechazaron las acusaciones. Se victimizaron diciendo que “se trata de una persecución política del Gobierno contra las organizaciones populares“.
El último día antes del inicio de la feria judicial de invierno, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó ampliar la acusación y pidió que Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y exresponsable de la Secretaría de Economía Social durante el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, sea citado a declaración indagatoria. Lo acusa de haber encabezado una “matriz de corrupción” que permitió que el Polo Obrero “extorsionara a beneficiarios de planes sociales” y utilizara el dinero recibido para financiar sus actividades partidarias.
El juez federal Sebastián Casanello ha procesado a Eduardo Belliboni y a otros implicados por administración fraudulenta en relación con el desvío de fondos del programa Potenciar Trabajo. Casanello ha destacado que los acusados no solo desviaron los fondos para fines partidarios, sino que también aprovecharon su posición para imponer exigencias a los beneficiarios del programa, que no estaban relacionadas con el objetivo original de inclusión social o mejora de empleabilidad.
Casanello enfatizó que, además del uso indebido de los fondos, se impuso a los beneficiarios del programa una serie de condiciones que incluían actividades de carácter político-partidario (como la participación en marchas piqueteras), sustituyendo las contraprestaciones originales. Esta práctica fue descrita como un intento de financiar y fortalecer la actividad del Polo Obrero, utilizando los recursos destinados al programa social.
Asimismo, el juez se declaró incompetente para tratar una cuestión relacionada con la justicia electoral y envió a la justicia electoral las pruebas de que se obligó a los asistentes del comedor “La Carbonilla” a votar por la candidata del Partido Obrero, Vanina Biasi, en las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2023. Estos hechos fueron evidenciados a través de mensajes en un grupo de WhatsApp, denominado “Polo Obrero Carbonilla”, enviados el 13 de agosto de 2023.
Fuente: Derecha Diario
