La Fiscalía Federal 3 de Comodoro Py solicitó este viernes al presidente Javier Milei que ordene la desclasificación de documentos secretos para poder avanzar en la investigación sobre el asesinato del fiscal Alberto Nisman.

La petición al Presidente abarca todos los archivos de inteligencia que pudieran existir en la SIDE, las áreas de Inteligencia del Ejército y de las fuerzas de seguridad federales, relacionados con Nisman y su trabajo en la UFI AMIA.

La solicitud se basa en la hipótesis de que el homicidio de Nisman fue consecuencia de su labor en la investigación del atentado a la mutual judía en 1994 (que causó 85 muertos) y de lo que él denunció como su encubrimiento: el Pacto con Irán.

Nisman fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza en su departamento de Puerto Madero el 18 de enero de 2015, cuatro días después de la denuncia que presentó contra la entonces presidente Cristina Kirchner.

El expediente que investiga su muerte establece que fue asesinado y que el partícipe necesario del crimen fue Diego Lagomarsino, ex empleado informático de la fiscalía de Nisman.

También fueron procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público los cuatro custodios de Nisman que debían protegerlo ese fin de semana: Rubén Benítez, Luis Miño, Armando Niz y Néstor Durán.

La solicitud de las autoridades judiciales a Milei fue presentada esta mañana directamente en la Casa Rosada, según confirmaron al medio Clarín fuentes vinculadas al caso.

El pedido lleva las firmas del fiscal Eduardo Taiano y del auxiliar fiscal Hernán Kleiman, miembros del equipo de la fiscalía que investiga el asesinato de Nisman.

El Pacto con Irán. | La Derecha Diario

El encubrimiento del kirchnerismo

Según la investigación, el expediente demuestra que, a raíz del acercamiento geopolítico con Irán durante la presidencia de Cristina Kirchner, se produjo una ruptura interna dentro de la SIDE.

A pesar de las órdenes del Ejecutivo, una parte de la agencia continuó investigando el caso AMIA. En la causa existen testimonios que afirman que el gobierno de Cristina Kirchner instruyó a la SIDE para que cesara en la investigación sobre Irán y dejara de colaborar con Nisman.

Como consecuencia de esta situación, se comenzaron a transferir funciones originalmente asignadas a la SIDE al área de Inteligencia del Ejército.

La solicitud de la Fiscalía a Milei se presenta tras una serie de oficios enviados a la SIDE durante todo este año, en los cuales se solicitaba información sin obtener respuesta en ninguno de los casos.

También se encuentran en la misma situación de hermetismo los pedidos realizados al Ministerio de Defensa para que brinde detalles sobre el funcionamiento del área de Inteligencia del Ejército en el período en que ocurrió el crimen de Nisman.

Fuentes de alto nivel de ese Ministerio informaron a Clarín que, para liberar la información solicitada por la Fiscalía, es necesario contar primero con la aprobación de la SIDE por motivos legales. En este momento, el trámite se encuentra en esa etapa. Una parte del oficio enviado al Presidente tiene como objetivo destrabar el acceso a esta información.

La Ley de Inteligencia Nacional es la 25.520. En el apartado referido a la «Clasificación de la Información» establece que «el acceso a dicha información será autorizado en cada caso por el Presidente de la Nación o el funcionario en quien se delegue expresamente tal facultad…«. Este es el punto central del requerimiento judicial.

Específicamente, los investigadores buscan esclarecer cómo operaban los espías «inorgánicos«, conocidos en el argot como «buchones«, durante el periodo en que Nisman fue asesinado y en los años previos.

El requerimiento incluye documentos de una década, abarcando desde que Nisman asumió la UFI AMIA en 2004 hasta el hallazgo de su cuerpo sin vida en su departamento a principios de 2015.

Fuente: Derecha Diario

Con el objetivo de conservar su puesto en el Senado de la Nación, el kirchnerista Edgardo Kueider interpuso un recurso de amparo luego de ser expulsado de la Cámara Alta.

La decisión de su exclusión fue respaldada por una amplia mayoría, con 61 votos a favor, 5 en contra y una abstención. La situación se complica aún más debido a que Kueider se encuentra detenido en Paraguay, enfrentando cargos por contrabando.

El recurso fue presentado en las primeras horas de este día por su abogado, Maximiliano Ruiz, ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 6, a cargo de Enrique Lavié Pico.

El argumento de Kueider

La defensa de Kueider argumenta que el proceso de expulsión fue irregular. Aseguran que la sesión en la que se votó su expulsión fue presidida por Victoria Villarruel, quien, debido al viaje del presidente Javier Milei, debería haber estado desempeñando el rol de Presidente de la Nación, lo que sería incompatible con la tarea de presidir la sesión en el Senado.

Desde el entorno de Villarruel señalan que no fueron informados de la partida de Milei hasta después de las 19 horas, cuando el escribano general del Gobierno se presentó para hacerle firmar el cambio de posición por viaje. Sin embargo, desde la Casa Rosada afirman que Villarruel estaba al tanto del viaje del presidente.

La controversia se centra en la legalidad del proceso seguido para la expulsión de Kueider. La defensa argumenta que la presidencia de Villarruel en esa sesión podría haber violado normas establecidas, lo que pondría en duda la validez de la votación. Este punto es fundamental en el recurso de amparo presentado, que busca revertir la decisión y permitir que Kueider mantenga su banca.

Edgardo Kueider detenido en Paraguay. | La Derecha Diario

La situación de Kueider en Paraguay complica aún más el caso. Su detención por cargos de contrabando fue un factor clave en la decisión del Senado de expulsarlo, pero su defensa sostiene que el procedimiento seguido no fue el adecuado.

La resolución del recurso de amparo podría tener repercusiones importantes, no solo para Kueider, sino también para el funcionamiento y la percepción pública del Senado.

Mientras tanto, la jueza Sandra Arroyo Salgado ordenó el allanamiento de los despachos que Kueider ocupaba como senador, tanto el ubicado en el tercer piso del Palacio Legislativo como el que se encontraba en el anexo de la Cámara, en el edificio conocido como La Caja, anteriormente propiedad de una empresa de seguros.

Ayer, durante la sesión, la presidente del Senado, Victoria Villarruel, dispuso el precintado del despacho del Anexo y la colocación de una custodia en la puerta del despacho del Senado. Aunque esta decisión no fue un pedido explícito del juzgado de Arroyo Salgado, la titular de la Cámara Alta optó por tomarla «para preservar las pruebas«.

Esta medida también generó polémica, ya que mientras se llevaba a cabo el procedimiento, Kueider seguía siendo Senador de la Nación y, por lo tanto, gozaba de fueros que protegían su espacio de trabajo.

Arroyo Salgado ordenó los allanamientos en relación con una causa anterior que investiga a Kueider por corrupción. Durante el operativo, se llevaron a cabo 12 allanamientos, y se espera que hoy la Policía Federal realice el mismo procedimiento en los espacios que utilizaba el exsenador en el Congreso y en el Anexo.

Fuente: Derecha Diario

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, mantuvo un encuentro con el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, para avanzar en la recuperación de una unidad militar en la provincia, según lo comunicó el propio mandatario en sus redes sociales.

“Me reuní con el ministro de Defensa, Luis Petri, con quien dialogué sobre el trabajo y obras que venimos realizando para volver a contar con una unidad militar en nuestra provincia”, escribió Jalil en su cuenta de Instagram, junto a una imagen que inmortaliza el momento.

Además, invitó al funcionario nacional a visitar Catamarca y recorrer las obras en marcha.

La nueva unidad militar en Catamarca

La unidad militar, actualmente en construcción, estará ubicada en el sur de la ciudad Capital, sobre la avenida Bicentenario, a la altura de la Ruta Nacional 38, una zona estratégica que conecta importantes accesos a la región. Este proyecto busca no solo reforzar la defensa soberana del territorio, sino también desempeñar un rol social y humanitario clave.

Jalil y la piedra inaugural de la nueva Unidad Militar | La Derecha Diario

“Tras más de dos décadas, nuestra provincia volverá a tener la presencia del Ejército y todo lo que representa: defensa de nuestra soberanía, rol social y ayuda humanitaria para nuestra población”, expresó el gobernador.

Relaciones con el Gobierno nacional

Este encuentro es parte de una serie de gestiones realizadas por Jalil para fortalecer los vínculos con el Gobierno nacional. Anteriormente, el gobernador había extendido una invitación al presidente Javier Milei para visitar Catamarca, algo que aún no se concretó.

Hasta la fecha, las visitas oficiales de la vicepresidente Victoria Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, han sido las más destacadas desde la asunción del nuevo Gobierno el 10 de diciembre de 2023.

Impacto esperado

La reactivación de esta unidad militar no solo refuerza la seguridad y la soberanía en la región, sino que también genera nuevas oportunidades para la comunidad local. Desde la provincia se espera que el proyecto impulse actividades de formación y colaboración con universidades e instituciones terciarias, promoviendo el desarrollo económico y educativo en Catamarca.

Fuente: Derecha Diario

Jorge D’Onofrio, el ultra kirchnerista ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, fue imputado por presunto lavado de dinero en el marco de una investigación vinculada a las concesiones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). En este contexto, la Justicia ordenó el levantamiento de su secreto fiscal y bancario.

El magistrado Adrián González Charbay, quien está al frente del Juzgado Federal de Campana, lidera las pesquisas sobre posibles irregularidades en contratos otorgados durante la gestión del funcionario, muy cercano al gobernador kirchnerista Axel Kicillof.

Por otro lado, Sebastián Desio, asociado al ministro bonaerense, enfrenta cargos por supuestamente haber gestionado contratos para prestar servicios tecnológicos a las concesionarias, obteniendo un 8,5% más IVA de cada tarifa aplicada a las inspecciones.

Según las investigaciones, las concesionarias habrían sido favorecidas por resoluciones emitidas desde el Ministerio de Transporte, lo que generó sospechas de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Axel Kicillof y Jorge D’Onofrio. | La Derecha Diario

Dentro del mismo caso, que está siendo tramitado en los tribunales de La Plata, también se acusa a Jorge D’Onofrio de formar parte de una red de gestores clandestinos que eliminaban multas a infractores a cambio del pago de un porcentaje determinado.

De acuerdo con las denuncias, estas maniobras habrían causado importantes pérdidas económicas al sistema público, mientras que los involucrados obtenían beneficios personales significativos.

De esta manera, además, Jorge D’Onofrio sería la cabeza de un esquema de corrupción para quedarse con el 10% de la recaudación del control de casi 3.000.000 de vehículos.

Otras personas involucradas

Otra persona señalada en este entramado es Claudia Pombo, presidente del Concejo Deliberante de Pilar y estrecha colaboradora de D’Onofrio. Se le acusa de supervisar las actividades de los gestores encargados de manipular las sanciones de tránsito.

Pombo también habría recibido comisiones por la eliminación de multas y cuenta con antecedentes por peculado, lo que generó críticas desde la oposición y otros sectores políticos, incrementando la polémica en torno a este escándalo de corrupción.

Finalmente, Mario Quattrochi, juez de faltas, también está implicado. Se le acusa de eliminar infracciones a cambio de sobornos. La fiscalía lo imputa por defraudar al Estado y por incumplir sus deberes como funcionario judicial.

Fuente: Derecha Diario

La figura de Hans-Hermann Hoppe ha sido central en el debate libertario contemporáneo, especialmente en el ámbito del anarcocapitalismo.

Sus ideas, aunque influyentes, están plagadas de contradicciones que merecen un análisis crítico. Este artículo se adentra en las inconsistencias de su pensamiento y cómo estas afectan su credibilidad como defensor de la libertad individual y la propiedad privada.

La Visión de Hoppe sobre el Estado

Hoppe argumenta que el Estado es un monopolio coercitivo que impone leyes y tarifas a los individuos, privándolos de su libertad.

En su obra "La producción privada de defensa", sostiene que la defensa nacional puede ser gestionada eficazmente por entidades privadas, lo que implica una crítica radical al papel del Estado en la seguridad.

Sin embargo, esta visión ignora las complejidades del poder y la violencia inherentes a la naturaleza humana.

La idea de que las agencias privadas puedan proporcionar seguridad sin caer en abusos de poder es, cuando menos, optimista.

La Falacia del Monopolio Privado

Un punto crítico en la argumentación de Hoppe es su creencia en que las agencias privadas pueden operar sin conflictos de interés.

Sin embargo, esto plantea una pregunta fundamental: ¿quién controla a estas agencias? Si una empresa privada se convierte en el único proveedor de seguridad, podría fácilmente abusar de su poder, convirtiéndose en un nuevo tipo de tiranía. La noción de que el mercado puede regular todo sin intervención estatal es una simplificación peligrosa.

Críticas a la Política Exterior

Hoppe ha sido particularmente crítico con figuras como Javier Milei, a quien acusa de no adherirse a los principios libertarios básicos en su política exterior.

Aunque es válido criticar la falta de coherencia entre teoría y práctica, las críticas de Hoppe parecen ignorar el contexto político y económico en el que operan los líderes.

Por ejemplo, Milei busca establecer relaciones con potencias como Estados Unidos y la OTAN, lo que Hoppe considera un acto imperialista.

Sin embargo, este enfoque parece desestimar la realidad geopolítica actual y las complejidades que enfrentan los líderes al tomar decisiones estratégicas.

El Problema del Contexto

La crítica de Hoppe a Milei revela una inconsistencia en su propia teoría: si aboga por un sistema donde cada individuo tiene derecho a actuar según su propio juicio, ¿por qué no permitir que los líderes políticos hagan lo mismo?

La rigidez de sus principios libertarios parece chocar con la necesidad de adaptarse a circunstancias cambiantes. Esto plantea dudas sobre la aplicabilidad práctica de sus ideas.

La Cuestión del Conocimiento

En sus críticas al socialismo y al intervencionismo estatal, Hoppe argumenta que la falta de propiedad privada impide el cálculo económico eficiente.

Sin embargo, su rechazo a cualquier forma de intervención estatal ignora el hecho de que algunos problemas sociales requieren soluciones colectivas.

La idea de que todos los servicios pueden ser privatizados sin consecuencias negativas es una falacia; hay áreas donde el interés colectivo debe prevalecer sobre el individual.

Ignorando la Realidad Social

Hoppe parece desestimar la importancia del conocimiento social y contextual necesario para abordar problemas complejos.

Su enfoque ultra-subjetivista limita su capacidad para reconocer que algunas decisiones deben tomarse considerando el bien común. Esta perspectiva estrecha puede llevar a soluciones simplistas ante problemas multifacéticos.

El Dilema del Anarcocapitalismo

Uno de los aspectos más controvertidos del pensamiento hoppeano es su interpretación del anarcocapitalismo. Mientras aboga por un sistema sin Estado basado únicamente en contratos voluntarios y propiedad privada, ignora cómo se manejarían situaciones como la defensa o la justicia sin un ente regulador central.

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Su idealización del orden natural como solución a los conflictos humanos es problemática; asume que todos los individuos actuarán racionalmente y respetarán los derechos ajenos, algo poco realista dado el historial humano.

La Fragilidad del Sistema Propuesto

La propuesta hoppeana se basa en una visión utópica donde todos los conflictos pueden resolverse mediante acuerdos privados.

Sin embargo, esto no toma en cuenta las dinámicas de poder y coerción que pueden surgir incluso en un sistema teóricamente ideal.

La falta de mecanismos para resolver disputas entre partes desiguales podría resultar en situaciones injustas y violentas.

Fuente: Derecha Diario