Un estudio de las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe reveló que en junio aparecieron datos que sugieren que la caída de la economía tocó piso en el segundo trimestre del año.

Un estudio de las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe indica que la caída de la economía,provocada por el kirchnerismo, habría alcanzado su punto más bajo en el segundo trimestre del año.

Aunque sean datos prometedores, el estudio afirma que “a pesar de algunas señales positivas, estas aún son demasiado incipientes para afirmar que hemos alcanzado un valle en la actividad económica y, por lo tanto, el final de la recesión«.

Los datos se basan en el Índice Compuesto Coincidente de Actividad (ICA-ARG), presentado por primera vez por las instituciones, que prometieron darle seguimiento para monitorear la evolución económica en Argentina.

Este indicador mostró una variación mensual del 0,8% en junio en comparación con mayo, aunque sufrió una caída del 4,7% en términos interanuales. El informe destaca que la caída ha comenzado a aminorar, habiendo sido del -7,5% en marzo.

La economía argentina ha estado en recesión durante 25 meses, acumulando una disminución del 5,8% en la actividad económica desde el máximo alcanzado en mayo de 2022, en pleno gobierno kirchnerista. Considerando el valor mínimo de marzo de 2024, la caída desde el pico hasta el valle es del 7,2%. Estos datos la posicionan como la tercera recesión más prolongada y la cuarta más severa desde 1994.

“En este contexto complejo, empiezan a surgir algunos datos positivos: el ICA-ARG tuvo una variación mensual del 0,8% en junio, registrando una recuperación acumulada del 2,1% en el segundo trimestre”.

El análisis revela que para junio de 2024, “siete de los diez indicadores mostraron variaciones mensuales positivas, acumulando al menos dos meses consecutivos de incremento”. Sin embargo, en la comparación interanual, “solo una serie muestra un desempeño positivo respecto al mismo mes del año anterior, el producto del agro”.

La producción industrial muestra los primeros signos positivos, con una variación mensual del 0,9% en junio. Sin embargo, en comparación con el mismo mes del año anterior, la caída fue del 11,7%, aunque ha disminuido en los últimos dos meses después de alcanzar en abril la tasa interanual negativa más alta desde 1990.

La actividad de la construcción mostró en junio su segunda variación mensual positiva consecutiva, con un aumento del 4,5%, después de 12 meses de caídas. No obstante, en comparación interanual, el sector sigue reflejando una disminución importante del 26,8%.

Las ventas minoristas evidencian la mayor caída interanual desde la crisis de 2001-2002, siendo en junio un 10,9% inferiores al del mismo mes del año pasado. En términos mensuales, se observa una recuperación del 1,0% en junio, acumulando tres meses de incrementos, lo cual está en línea con la recuperación incipiente de los salarios reales.

Un dato positivo es la recaudación total del gobierno nacional, que creció un 1,6% en junio y ha registrado tres meses consecutivos de recuperación, acumulando un aumento del 4,3% en el segundo trimestre. En comparación interanual, la recaudación muestra una caída del 9,5%, aunque ha mostrado una leve mejora respecto a meses anteriores.

La tasa de entrada al mercado laboral muestra dos meses de recuperación en mayo y junio, alcanzando un nivel del 1,4% en el último mes. Sin embargo, esta leve recuperación se da desde niveles comparables a los peores momentos de la pandemia y la crisis de 2001/02. En junio, la variación de la serie fue del 4,6%, aunque en comparación interanual se redujo un 33,3%.

En cuanto a la remuneración bruta total de los empleados privados registrados, los números comenzaron a mejorar, en línea con la desaceleración de la inflación reciente. Esta ha acumulado cinco meses de recuperación incipiente (+7,5% en ese período), con una variación de junio del 1,9%, pero aún se encuentra un 5,3% por debajo del nivel de junio de 2023.

Fuente: Derecha Diario

“Que se resuelva en paz, dentro de la democracia”, expresó con tibieza el gobernador bonaerense ultra kirchnerista, durante una conferencia de prensa, y añadió “no tengo para dar declaraciones, pregúntenle a Cristina Kirchner».

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió brevemente a la situación política y social en Venezuela tras las elecciones del pasado domingo, evitando condenar el fraude perpetrado por el dictador Nicolás Maduro.

“Esperamos que esto lo resuelva el pueblo venezolano, en paz, dentro de la democracia”, declaró con tibieza, durante una conferencia de prensa. Posteriormente, agregó “no tengo para dar declaraciones, pregúntenle a Cristina Kirchner«, su jefa política.

Se espera una declaración de la ex presidente y condenada por corrupción, Cristina Kirchner, programada para el próximo sábado. Kirchner hablará durante el cierre de un evento sobre la realidad política y electoral de América Latina que se llevará a cabo en la Ciudad de México.

Mientras tanto, la violencia estatal continúa en las calles de Venezuela. Las fuerzas policiales del régimen chavista rodean la embajada argentina en Caracas, donde permanecen seis opositores que han solicitado asilo político, así como el personal diplomático argentino. El dictador Nicolás Maduro ha exigido que abandonen el país el día de hoy.

En tanto, el Centro Carter ha emitido un comunicado detallando las numerosas infracciones y deficiencias observadas durante las elecciones, subrayando que “no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”. Además, enfatizó que no pudo verificar o corroborar la autenticidad de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según el comunicado, la autoridad electoral no proporcionó resultados desglosados por mesa electoral, lo cual constituye una “grave violación de los principios electorales”. El proceso se desarrolló en un “ambiente de libertades restringidas” afectando negativamente a actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. De acuerdo a estos observadores, las autoridades chavistas del CNE mostraron una “parcialidad a favor del oficialismo” y en detrimento de las candidaturas opositoras.

Entre los problemas específicos enumerados por el Centro Carter, se destaca la actualización del registro de electores que se realizó con “numerosos inconvenientes” tales como plazos muy cortos y una escasa información pública. Además, la situación se agravó para los ciudadanos en el exterior, quienes enfrentaron “barreras legales desmedidas, incluso arbitrarias” para inscribirse en el padrón electoral.

En cuanto a la campaña electoral, el desequilibrio a favor del régimen fue notable. La candidatura oficialista disponía de recursos “muy amplios”, resultando en una gran desproporción de mítines, murales, vallas y afiches a su favor. Se observó el abuso de recursos públicos, incluyendo el uso de vehículos y la movilización de funcionarios para la campaña. Aparte, hubo un predominio de la candidatura gubernamental en medios de comunicación, tanto en publicidad como en la cobertura noticiosa.

Pese al contexto restrictivo, la ciudadanía venezolana se movilizó masiva y pacíficamente el 28 de julio para votar. En relación con esto, el Centro Carter observó que, aunque la jornada de votación fue cívica, existieron “restricciones en el acceso a recintos” para observadores y testigos de partidos, así como mecanismos de presión sobre el electorado e “incidentes de tensión o violencia” reportados en algunas localidades.

Fuente: Derecha Diario

El ministro de Defensa, Luis Petri, envió esta semana un borrador del proyecto a un grupo de diputados de la UCR, el PRO y La Libertad Avanza. El proyecto autoriza a los militares a patrullar las calles de una provincia en crisis si se determina que hay «acciones terroristas».

El Gobierno de Javier Milei retomó esta semana su propuesta para involucrar a las fuerzas armadas en la lucha contra el terrorismo y otras actividades relacionadas con la seguridad interior, realizando patrullajes, controles de personas y vehículos, y detenciones en flagrancia.

El ministro de Defensa, Luis Petri, envió un borrador de proyecto de ley a un grupo de diputados de La Libertad Avanza, la UCR y el PRO. Este proyecto propone reformar únicamente el artículo 27 de la ley 24.059 de Seguridad Interior, sancionada durante el gobierno de Carlos Menem.

Entre los destinatarios del proyecto se encuentran María Fernanda Araujo (La Libertad Avanza), Alejandro Finocchiaro (PRO), Alejandro Bongiovanni (PRO), Francisco Monti (UCR), Beltrán Benedit (LLA) y Sergio Capozzi (PRO), entre otros.

La iniciativa se presenta tras el increíble y exitoso desfile militar del 9 de Julio sobre la avenida Libertador, a pesar de las restricciones presupuestarias que afectan al país

La propuesta plantea una «opción intermedia» entre las acciones de apoyo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea a la Gendarmería, Policía Federal, Prefectura o Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Estado de Sitio.

El proyecto sugiere que el Ministerio de Defensa, a propuesta de un Comité de Crisis establecido en una provincia en riesgo, permita a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) apoyar «las operaciones de seguridad interior mediante la utilización de diferentes capacidades«. Para esta tarea, habrá un representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de la Subsecretaría de Seguridad Interior de la Nación.

Primero, el Comité de Crisis deberá calificar la situación como «acciones terroristas destinadas a aterrorizar a la población y poner en peligro la vida, la libertad, la independencia, la soberanía, la integridad o la autodeterminación«.

La ministra de Seguridad Interior, Patricia Bullrich, había calificado como «terrorismo» el asesinato de un playero en Rosario, ya que buscaba generar terror en la población, en el contexto de una serie de ataques de narcotraficantes en respuesta al endurecimiento de las medidas de seguridad contra los líderes de «Los Monos» y otras bandas de narcos.

Entonces, el proyecto estipula que el Comité de Crisis podrá ordenar a las FF.AA. realizar medidas como «patrullaje, control de personas y vehículos, operaciones de puestos de control en puntos fijos o móviles«. Además, «proporcionar seguridad a instalaciones permanentes y temporales en áreas especialmente designadas y por un tiempo limitado, y la aprehensión en flagrancia«.

No obstante, «en caso de detectar un presunto delito, las FF.AA. podrán actuar en flagrancia y comunicarán su intervención de inmediato al fiscal competente«. La actuación de las FF.AA. en estas situaciones deberá contar con la «autorización del gobernador o los gobernadores de las zonas afectadas«.

En estos casos, «el uso de la fuerza se regirá por los mismos términos y condiciones vigentes para las fuerzas de seguridad nacionales, estando expresamente permitidas las operaciones de seguridad interior en dicho ámbito«. Además, el Ministerio de Defensa, según el proyecto, «deberá elaborar las reglas de enfrentamiento conforme al requerimiento efectuado«.

En ese sentido, se especifica que en caso de que los militares deban usar «medios materiales de coacción de forma disuasiva o efectiva, deberán hacerlo de manera racional, progresiva y proporcional«. Su accionar «será considerado en cumplimiento del deber y, por lo tanto, no punible en los términos del artículo 34 del Código Penal«.

Finalmente, el proyecto señala que las FF.AA. «deberán contar con la capacitación técnica y legal correspondiente para intervenir en las acciones previstas, así como el equipamiento adecuado a las necesidades operativas de la misión«.

En marzo, Petri había anunciado que pronto enviaría al Congreso un proyecto para modificar la ley de Seguridad Interior de 1991, permitiendo que las Fuerzas Armadas participen en acciones de seguridad ciudadana.

Simultáneamente, Petri ha redactado un proyecto de decreto presidencial para anular la reforma a la reglamentación de la ley de Defensa realizada por la exministra Nilda Garré en 2006, que prohibía a los militares actuar contra fuerzas que no sean estatales.

Para Petri, la «reforma Garré» y la propaganda de los gobiernos corruptos de Néstor y Cristina Kirchner sobre la violencia de los setenta «han demonizado y perseguido a las Fuerzas Armadas» en los últimos años debido a un «sesgo ideológico«.

Fuente: Derecha Diario

La Orden del Libertador San Martín se trata de la más alta distinción que puede entregar el Gobierno Argentino.

Con el kirchnerismo en el poder allá por el año 2013, eran tiempos de buenas relaciones entre Argentina y el sangriento régimen chavista. El 8 de mayo de ese año, durante la presidencia de la condenada por corrupción, Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno argentino le entregó al dictador Nicolás Maduro, «presidente» de Venezuela, la Orden del Libertador San Martín.

Esta condecoración es la máxima distinción que el Gobierno Argentino puede otorgar a funcionarios extranjeros en reconocimiento del honor y el mérito.

En aquel momento, la distinción fue cuestionada por muchas personas en redes sociales, a raíz de la escalada de violencia estatal en Venezuela bajo la dictadura de Nicolás Maduro, con muertos, heridos, represión, presos políticos y una grave crisis económica.

El acto de entrega, celebrado en el Museo del Bicentenario, fue un símbolo de la estrecha relación entre el kirchnerismo y el chavismo. Maduro, visiblemente emocionado, agradeció a Cristina Kirchner por el reconocimiento y expresó su deseo de que su país pudiera algún día estar a la altura de la distinción recibida.

La Orden del Libertador General San Martín fue creada por decreto el 17 de agosto de 1943, durante el gobierno de facto de Pedro Pablo Ramírez. Tras varias modificaciones, quedó vigente desde el 18 de diciembre de 1967 (Decreto 16.643). La orden es entregada por una comisión conformada por el gabinete nacional bajo la presidencia del «Gran Maestre» de la orden, que es el Presidente de la Nación, junto con el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, quien actúa como «Gran Canciller» de la orden. En el momento de la entrega a Maduro, Héctor Timerman era el ministro de Relaciones Exteriores.

La Orden de alto nivel otorgada por el gobierno argentino tiene sede oficial en el Ministerio de Relaciones Exteriores aunque, por orden de Cristina, Maduro la recibió en el Museo del Bicentenario.

El galardón tiene diferentes grados, desde “Gran Cruz” hasta “Caballero”, y se ha entregado a diversas personalidades internacionales, incluyendo monarcas y figuras destacadas como la Reina Isabel II, el Rey Juan Carlos de España, y el Rey Abdallah de Arabia Saudita, entre otros. También ha sido otorgada a dictadores en el pasado, como Augusto Pinochet, Rafael Trujillo y Alfredo Stroessner.

Un caso notable es el de Eva Duarte de Perón, quien recibió un grado extraordinario en 1952. Esta versión de la medalla estaba hecha con 3.821 piezas de oro y platino y 753 piedras preciosas. Sin embargo, fue desmantelada y subastada por la Revolución Libertadora en 1955.

Desde 1957, la condecoración solo puede ser concedida a extranjeros. En 2013, cuando el dictador Nicolás Maduro recibió la medalla, Argentina mantenía una estrecha relación con su régimen asesino. No existían las tensiones actuales, y la administración de Cristina Fernández de Kirchner veía a Maduro como un gran aliado.

El reconocimiento fue recibido con orgullo por Maduro, quien expresó su compromiso de cumplir con las responsabilidades asociadas a la condecoración y “hacer patria”.

En 2017, con un mensaje en su cuenta de Twitter, el expresidente Mauricio Macri anunció el retiro de la Orden del Libertador General San Martín al dictador Nicolás Maduro, debido a sus graves crímenes de lesa humanidad para con el pueblo venezolano.

Fuente: Derecha Diario

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, adelantó que la propuesta de reforma en los registros del automotor también contempla la implementación de una patente de por vida para cada propietario de un vehículo.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, reveló que el Gobierno planea establecer un único registro digital del automotor, una iniciativa que ya comenzó con el anuncio del cierre del 40% de los registros actuales en el país. Además, se pretende que la patente sea única y válida de por vida para cada propietario de un vehículo.

“La intención es consolidar un registro único, centralizado y digitalizado, en lugar de los 1553 que existían anteriormente, de los cuales 700 están intervenidos”, explicó Cúneo Libarona en una entrevista el martes en LA NACION + con Paulino Rodrigues, y añadió: “La idea es crear un órgano centralizado que garantice seguridad jurídica plena, en lugar de depender de amistades que manejan los registros”.

Durante la entrevista, el ministro de Justicia explicó que una de las novedades de la reforma en los registros del automotor es la implementación de una patente única y de por vida para cada propietario de un vehículo. Según Cúneo Libarona, el objetivo es que cada persona tenga un número único desde su nacimiento, el cual lo acompañará durante toda su vida. “Toda tu vida vas a tener tu número. Te va a seguir siempre esa chapa, y podrás gestionarla desde internet o el teléfono”, indicó.

El ministro detalló que, cuando un propietario cambie de modelo, podrá transferir su patente al nuevo vehículo. Si tiene dos autos, contará con dos patentes. Esta modalidad, en la que la patente corresponde a la persona y no al vehículo, es utilizada en otros países para agilizar el proceso de compra y registro de automóviles. “¿Cambiaste de auto? Solo transferís la chapa al nuevo. ¿Tienes dos autos? Tendrás dos patentes”, explicó el ministro.

El funcionario criticó los costos que implica el actual sistema de registros del automotor (hay 1556 en todo el país) al momento de patentar un vehículo. “El sistema actual crea un costo adicional de entre un 6 y un 9% para el ciudadano común, ya sea un joven que compra su primer auto o una persona mayor con recursos limitados. Este costo va a distintas entidades”, comentó.

Al ser consultado sobre los plazos para implementar la patente de por vida y el registro automotor único y centralizado, y si se logrará para el próximo año, Cúneo Libarona respondió que “estamos trabajando, lo llamo task force, un grupo idóneo que tiene problemas laborales, tributarios, de cómo destinar los empleados, todas situaciones en este curro que no se entiende y no es sencillo, y añadió: “Desde Raúl Alfonsín en adelante, todos intentaron reducir el número de registros, y nosotros lo lograremos; es una prioridad”.

En mayo, el Gobierno de Milei anunció el cierre del 40% de los registros del automotor, comenzando por los 700 que están intervenidos, y la eliminación de la cédula azul como documento requerido para circular, entre otras medidas para simplificar y digitalizar el sistema.

También se informó que las cédulas verdes ya no tendrán vencimiento, y que se avanzará en la digitalización de “todos los legajos de vehículos, de todos los tipos, para crear un registro digital único y completo, lo que permitirá eliminar los legajos físicos”.

Fuente: Derecha Diario

A través de la resolución 650/2024, se ha revocado el contrato del fideicomiso para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO). Manejaba 3.000 millones de pesos anuales sin ninguna transparencia.

En el marco del proceso de reestructuración del Estado y estabilización de las cuentas públicas, el Gobierno de Javier Milei decidió cerrar el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO), cuyo objetivo era «promover la ganadería ovina y fomentar un desarrollo sostenible en la producción«, algo que nunca logró hacer.

La medida fue oficializada mediante la resolución 650/2024, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial. Sin embargo, horas antes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había anunciado la decisión a través de su cuenta en X.

«Hemos decidido cerrar el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO)«, afirmó, y precisó que «este fondo manejaba 3.000 millones de pesos anuales sin ningún tipo de transparencia«. «Desde su creación, hace más de 20 años, tampoco se han podido verificar mejoras en el sector«, concluyó en su mensaje.

La resolución establece la revocación del contrato de fideicomiso y la transferencia de las acreencias, bienes, derechos y juicios del FRAO. Este procedimiento se formalizará mediante un acta que será suscrita entre la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía y el Banco de la Nación Argentina dentro de los próximos 90 días corridos, a partir de hoy.

Por otro lado, las sumas líquidas disponibles en el fondo deberán ser depositadas en los próximos cinco días hábiles desde la instrumentación de la transferencia en la entidad bancaria mencionada.

En consonancia con lo dispuesto por el Ejecutivo, la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial, a través de la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial, será la encargada de la administración y cobranza de la cartera de créditos que no se encuentren en mora o con incumplimientos que posibiliten su constitución en mora y de que estos sean transferidos al Estado nacional conforme lo establece la normativa. «Asimismo, deberá encargarse de la liquidación de los bienes que se transfieran en cumplimiento de la presente medida y de la constitución en mora de los créditos que se encuentren con condiciones incumplidas, en un plazo de noventa (90) días hábiles», indica la resolución.

El FRAO fue creado tras la sanción de la ley 25.422, con la excusa de la «recuperación de la ganadería ovina«. Esta legislación fue sancionada en 2001 y reglamentada en 2002. El fondo tenía como fin «fomentar la ganadería ovina y promover el desarrollo sostenido de la producción, transformación y comercialización de la actividad y sus productos derivados» pero, como dijo el vocero presidencial, este fondo manejaba 3.000 millones de pesos anuales y, desde su creación, no se han podido verificar mejoras en el sector

En sus considerandos, el Ejecutivo argumentó que, conforme lo establece el contrato de creación del fideicomiso, corresponde avanzar hacia su cierre si «no se encuentran presentes las condiciones que se tuvieron en cuenta para su creación«. Esta medida es solo una parte del proceso de estabilización de las cuentas públicas.

Meses atrás, Milei se refirió a estos fondos como “cajas negras de la política” y manifestó estar decidido a cerrarlos. “Eso hay que terminarlo. Eso pone muy nervioso a muchos. Hay muchos agentes de la política que viven de eso”, dijo en un diálogo con LN+.

Fuente: Derecha Diario

Además, la asignación anual presupuestaria para los gastos de funcionamiento del sistema universitario para 2024 se incrementó un 270% en total.

En un período de intensas reformas y ajustes fiscales, como consecuencia de la grave crisis económica heredada, el gobierno de Javier Milei lanzó una serie de medidas destinadas a mejorar las condiciones salariales de los docentes universitarios en Argentina.

En este contexto, entre diciembre de 2023 y julio de 2024, los salarios del personal de las universidades nacionales han registrado un incremento notable del 71%. Este aumento no solo refleja un compromiso con el sector educativo, sino que también supera significativamente la pauta establecida para los empleados del Estado nacional durante el mismo período, que fue del 58,5%.

Este ajuste en los salarios de los docentes universitarios es parte de una estrategia más amplia implementada por la administración de Milei para enfrentar los desafíos económicos de la mejor manera e impulsar la eficiencia del gasto público.

De esta manera, no solo se busca cuidar a los trabajadores del sector educativo de una situación económica aún peor, sino también optimizar la gestión de los recursos destinados a las universidades. El aumento salarial está enmarcado en un contexto de revisión y ajuste fiscal que ha llevado a la administración a evaluar detalladamente los gastos y las asignaciones presupuestarias.

Un aspecto destacado de esta política es el incremento de la asignación anual para los gastos de funcionamiento del sistema universitario, que para el año 2024 se ha elevado en un impresionante 270%. Este aumento contrasta marcadamente con la situación del año anterior, cuando el presupuesto universitario permaneció congelado a pesar de la creciente inflación.

Durante la gestión kirchnerista de Alberto Fernández, los recursos destinados a las universidades no solo fueron insuficientes, sino que también llegaron con retrasos significativos, con demoras que alcanzaron hasta tres meses en algunos casos. A pesar de lo que ocurría, no se alzaron voces de protesta, como sí lo hacen ahora.

El actual gobierno ha tomado medidas para corregir estas deficiencias. Las transferencias a las universidades para gastos de funcionamiento se encuentran ahora al día, eliminando los problemas de retrasos y garantizando una gestión más eficiente de los fondos públicos. Esta mejora en la puntualidad de las transferencias es un claro indicador del compromiso del gobierno de Milei con una administración más responsable y transparente.

Además del aumento salarial y la mejora en la transferencia de recursos, el gobierno de Milei ha reforzado la fiscalización y la transparencia en el uso de los fondos universitarios. Esta medida busca identificar y eliminar gastos superfluos y erogaciones injustificadas, como los cursos con inexistencia de alumnos y profesores. La administración actual está enfocada en asegurar que los recursos se utilicen de manera efectiva y que el sistema educativo funcione de manera óptima.

El enfoque renovado del gobierno en la gestión de las universidades y en el ajuste salarial para los docentes refleja un esfuerzo por equilibrar las necesidades económicas del país con el reconocimiento y la compensación adecuada para el personal educativo. Mientras el ajuste fiscal continúa siendo una parte crucial de la política económica del gobierno, se ha tomado en cuenta la importancia de mantener y mejorar la calidad del sistema educativo a través de estos aumentos salariales y la optimización del uso de los recursos.

Fuente: Derecha Diario

“Es imprescindible establecer una escala de haberes que refleje una jerarquización adecuada en función de la capacidad, responsabilidad y dedicación necesarias para llevar a cabo correctamente sus tareas”, explicó la Nación.

El Gobierno de Javier Milei ha decidido aumentar nuevamente los sueldos para los miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA), quienes recibirán el nuevo monto a partir del 1° de agosto. Este incremento también incluye a la Policía de Establecimientos Navales, que realiza tareas de seguridad en áreas bajo jurisdicción militar exclusiva.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Conjunta 46/2024 de los Ministerios de Defensa y de Economía, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. El último ajuste salarial había sido implementado en junio.

“El establecimiento de una escala de haberes adecuada es fundamental para reconocer la jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación requeridas para la correcta ejecución de sus funciones”, detalló el Poder Ejecutivo en sus consideraciones.

“En este contexto, resulta pertinente definir los montos del ‘Haber Mensual’ para el Personal Militar de las Fuerzas Armadas y la Policía de Establecimientos Navales a partir de agosto de 2024”, agregó el texto, que cuenta con las firmas de los ministros Luis Petri y Luis Caputo.

La Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, junto con las áreas técnicas y los servicios jurídicos permanentes de los Ministerios de Defensa y de Economía, participaron en el proceso, según explicó el Gobierno.

A continuación se presentan las nuevas escalas salariales para el personal militar de las Fuerzas Armadas, que entrarán en vigencia a partir del 1 de agosto de 2024:

Oficiales Superiores:

• Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.091.634
• General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $1.865.276
• General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $1.699.453
• Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $1.488.572
• Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.294.240

Oficiales Jefes:

• Mayor, Capitán de Corbeta: $1.019.647

Oficiales Subalternos:

• Capitán, Teniente de Navío: $844.469
• Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $751.105
• Teniente, Teniente de Corbeta: $677.146
• Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $613.273

Suboficiales Superiores:

• Suboficial Mayor: $1.045.817
• Suboficial Principal: $927.140

Suboficiales:

• Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $821.923
• Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $722.971
• Sargento, Cabo Principal: $649.066
• Cabo Primero: $582.497
• Cabo, Cabo Segundo: $539.136

Tropa Voluntaria:

• Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $491.079
• Voluntario 2da., Marinero 2da.: $454.448

Respecto al personal de la Policía de Establecimientos Navales, a partir del 1° de agosto, los haberes mensuales se compondrán del sueldo básico y bonificaciones por funciones específicas, detallados como sigue:

Oficiales Superiores:

• Comisario Inspector: Sueldo $257.920, Bonificación $386.851, Haber mensual $644.771
• Comisario: Sueldo $247.548, Bonificación $371.331, Haber mensual $618.879
• Sub Comisario: Sueldo $230.250, Bonificación $345.392, Haber mensual $575.642

Oficiales Jefes:

• Oficial Principal: Sueldo $200.830, Bonificación $301.210, Haber mensual $502.040
• Oficial Inspector: Sueldo $182.711, Bonificación $274.004, Haber mensual $456.715

Oficiales Subalternos:

• Oficial Subinspector: Sueldo $152.795, Bonificación $229.179, Haber mensual $381.974
• Oficial Ayudante: Sueldo $126.550, Bonificación $189.852, Haber mensual $316.401
• Oficial Subayudante: Sueldo $111.322, Bonificación $166.948, Haber mensual $278.270

Personal de Apoyo:

• Subescribiente: Sueldo $181.772, Bonificación $272.594, Haber mensual $454.366

Suboficiales:

• Sargento Primero: Sueldo $137.357, Bonificación $205.900, Haber mensual $343.257
• Sargento: Sueldo $131.566, Bonificación $197.367, Haber mensual $328.933
• Cabo: Sueldo $105.485, Bonificación $158.272, Haber mensual $263.757

Personal de Base:

• Agente de Primera: Sueldo $102.025, Bonificación $152.917, Haber mensual $254.942
• Agente de Segunda: Sueldo $100.290, Bonificación $150.525, Haber mensual $250.815

“El gasto que implique el cumplimiento de lo dispuesto en esta resolución será cubierto con los créditos asignados a las respectivas subjurisdicciones del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional del Ministerio de Defensa”, precisó el Gobierno Nacional en el artículo 3° de la resolución publicada esta madrugada en el Boletín Oficial.

Fuente: Derecha Diario