El pilar del programa económico que se estableció a partir del 10 de diciembre de 2023 es sin lugar a dudas la drástica y contundente corrección fiscal. El Gobierno de Javier Milei ejecutó el mayor ajuste que se haya visto en las últimas décadas sobre las finanzas del sector público, y lo hizo en tan solo unos pocos meses.
El Sector Público Nacional (SPN) concretó un superávit primario superior al 1% del PBI al término del mes de junio, contabilizando la sumatoria de resultados fiscales de los últimos 12 meses. No se veía una cifra similar desde junio de 2009, hace 15 años. Asimismo, el resultado financiero acumulado de los últimos 12 meses marcó un rojo equivalente al 0,7% del producto, y se aproxima rápidamente al equilibrio financiero. Los datos fueron estimados por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA.
En otras palabras, pese a que el Gobierno consiguió sin falta equilibrar las cuentas públicas desde el mes de enero, cuando se computa la sumatoria de 12 meses a través del tiempo, aún se registra déficit, debido al fuerte descalabro fiscal que dejó la gestión de Sergio Massa. De todos modos, el superávit financiero está a punto de consolidarse y, con ello, el fortalecimiento del programa económico.
Cabe señalar que el Gobierno heredó una situación en la cual el déficit primario (incluso antes del pago de intereses) alcanzaba el 2,7% del PBI, por lo que produjo una mejora fiscal de 3,7 puntos del PBI y solo en 6 meses. Al mismo tiempo, el déficit financiero del SPN se redujo drásticamente del 4,4% del PBI en diciembre del año pasado al 0,7% en junio de este año.
El sector público está en condiciones de afrontar el pago de todos los intereses de la deuda, y aún así mantener cierta holgura fiscal para disminuir la presión financiera sobre la misma. Esta profunda corrección también permite anclar las expectativas inflacionarias, ya que un eventual rescate monetario del Banco Central se torna cada vez más inverosímil e innecesario.
La corrección fiscal llevada adelante por el Ministro Luis Caputo es incluso más fuerte que la que se produjo tras la salida de la Convertibilidad entre diciembre de 2001 y mediados del año 2003, cuando por aquel entonces hicieron falta hasta 20 meses para alcanzar el equilibrio financiero definitivo. También es más drástica en comparación a la que ejecutó el Gobierno de Carlos Menem durante la salida de la hiperinflación de 1989.
El proceso de ajuste fiscal y de achicamiento del tamaño del Estado se produjo en un contexto de fuerte revalorización de los programas sociales focalizados, especialmente la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las tarjetas de ayuda alimentaria, entre otros.
El gobernador anunció este miércoles la adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). La medida abarca a las entidades empresariales agrupadas en el G6 y se extiende también a diversas organizaciones del sector agropecuario.
La Provincia de Córdoba ha decidido sumarse al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), según lo anunció el gobernador Martín Llaryora.
La confirmación se dio en la tarde del miércoles durante una reunión del gobernador con las entidades empresariales agrupadas en el G6, ampliando también la convocatoria a organizaciones del sector agropecuario.
En el encuentro estuvieron presentes dirigentes empresariales de diversos sectores. Representando al Grupo de los 6 (G6), asistieron el presidente de la Unión Industrial de Córdoba, Luis Macario; el presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, José Viale; el presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Manuel Tagle; el presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, Alberto Rodríguez; y el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, delegación Córdoba, HoracioBerra.
Por parte del sector agroproductivo, participaron el presidente de la Federación Agraria Argentina, distrito Córdoba, Agustín Pizzichini; el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona, Gabriel De Raedemaeker; la presidenta de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria de Córdoba, Vanesa Padulles; el presidente de la Sociedad Rural Argentina, distrito 4, Francisco Becerra; y el presidente de la Mesa de Enlace, Guillermo Vitelli.
En representación del Gobierno, además de Llaryora, asistieron el ministro de Economía y Gestión Pública, GuillermoAcosta; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarrosa; el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso; y el presidente de la Agencia ProCórdoba, Pablo De Chiara.
El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley de Bases del presidente Javier Milei, aprobada por el Congreso de la Nación, es un esquema diseñado para flexibilizar aspectos impositivos, aduaneros y cambiarios, con el objetivo de incentivar a las empresas a invertir en Argentina.
Durante el anuncio, el gobernador y los dirigentes empresariales discutieron la situación actual del país, las oportunidades de inversión y las perspectivas para Córdoba. “Las partes coincidieron en que fue un diálogo fructífero, donde se destacó la necesidad de avanzar en políticas que promuevan la generación de empleo genuino y frenen la caída del trabajo”, señaló la Provincia en un comunicado.
Llaryora también informó a los empresarios sobre la inminente presentación de un nuevo programa de empleo, respaldado por el Estado, que ofrecerá nuevas oportunidades para insertar a más personas en el mercado laboral y fomentar el empleo formal.
Se subrayó la necesidad de promover “políticas que incentiven la generación de valor agregado en la producción primaria y el desarrollo de los biocombustibles, industrias clave por su capacidad para generar empleo y, por lo tanto, impactar positivamente en el crecimiento económico del país y de nuestra Córdoba”.
El Diputado Nacional por Córdoba, Gabriel Bornoroni, se expresó al respecto. «Finalmente, Córdoba va a adherir al RIGI diseñado por Javier Milei. UNA GRAN NOTICIA!. Pero para que lleguen las inversiones la provincia se tiene que poner las pilas:hay que reducir el Estado, terminar con los curros de las agencias que sólo gastan y empezar a bajar impuestos.Córdoba necesita más libertad«, afirmó en su cuenta de X.
Finalmente, Córdoba va a adherir al RIGI diseñado por @JMilei. UNA GRAN NOTICIA!.
Pero para que lleguen las inversiones la provincia se tiene que poner las pilas: hay que reducir el Estado, terminar con los curros de las agencias que sólo gastan y empezar a bajar impuestos.…
Un broker le mencionó a María Cantero que el entonces ministro de Economía lo habría asistido en la resolución de un contrato que tenía con un organismo estatal.
Durante la gestión del presunto golpeador Alberto Fernández, el gobierno kirchnerista pagó más de 3.300 millones de pesos en comisiones a los brokers que participaron en la contratación firmada entre varios organismos del Estado y Nación Seguros SA.
La segunda compañía más favorecida, con más de 366 millones de pesos, fue la de Héctor Martínez Sosa. En marzo de 2023, esta empresa obtuvo un contrato significativo: el de la Casa de la Moneda.
En medio de esas negociaciones, surge la mención de Sergio Massa. Los mensajes sugieren que el ex candidato presidencial pudo haber asistido al broker investigado. Esta información proviene de los intercambios entre MartínezSosa y María Cantero, secretaria de Alberto Fernández.
La persistencia del matrimonio en asegurar el contrato de la Casa de la Moneda se refleja en los mensajes que intercambiaban desde 2019. También se destaca la relación que mantenían con Massa, a quien ya conocían.
El 16 de noviembre de 2019, cuando los resultados electorales indicaban que Alberto Fernández sería el próximo presidente, María Cantero, quien estaba considerando aceptar el puesto de secretaria privada, le escribió a su esposo cerca de las 20:30: “Le dijimos a Alberto que mañana venías”. Al día siguiente, Sergio Massa aparece en las conversaciones cuando Cantero le dice a Martínez Sosa: “Massa le dijo que te llame”.
Muchas personas sostienen que era imposible no conocer a María Cantero, quien llevaba más de tres décadas trabajando junto a Alberto Fernández como secretaria. Lo que la Justicia federal no descarta es que todos los funcionarios mencionados con algún rol en la intermediación, participación o influencia para que Martínez Sosa aumentara su cartera de contratos, tengan que explicar estas conversaciones ante el juez Julián Ercolini.
La Justicia buscará esclarecer si en la operación que benefició al amigo del entonces Presidente, los integrantes de su gabinete jugaron un papel clave al alterar actos administrativos, “dirigiendo contratos que originalmente estaban asignados a otros brokers y realizando gestiones”, según explicaron fuentes judiciales.
En este entramado, compuesto por más de 1.800 mensajes que mencionan a una docena de funcionarios, surge el nombre de Sergio Massa, ex candidato presidencial de Unión por la Patria, en relación a uno de los contratos que el broker perseguía con insistencia.
El 5 de octubre de 2020, se mencionó por primera vez a la Casa de la Moneda. Cantero le preguntó a Martínez Sosa si (Rodolfo) Gabrieli estaba al frente del organismo encargado de la impresión de billetes y sellos fiscales. «¿Es peronista?«, consultó la mujer, a lo que su esposo respondió:
Martínez Sosa: OBVIO!! FUE GOBERNADOR PERONISTA DE MENDOZA
Cantero: Juampi (por Juan Pablo Biondi) nos ayuda
Cantero: Lo conocés a Gabrieli?
Cantero: Le va a decir a Santi
Cantero: Gabrieli está x encima de este pibe?
Martínez Sosa: Sí, claro es el presidente
Cantero: Entonces? Le dan órdenes? Ok, yo me ocupo.
La póliza de la Casa de la Moneda fue un contrato sobre el que regresaron a conversar. El 15 de febrero de 2023, Cantero escribe: “Tengo un mensaje de Massa para vos”. No hubo respuesta al respecto. Pasó poco más de una semana y mantienen el siguiente diálogo:
Cantero: Le puedo decir a Alberto lo de la Casa de la Moneda
Martínez Sosa: No, ya lo hablé con Sergio (por Massa)
Cantero: Ok. Y te lo solucionó?
Martínez Sosa: Ayer me puso esto (reenvía mensaje) EN 5 MINUTOS LO LEVANTO.
Cantero: Ok
Un mes después de esa conversación, Héctor Martínez Sosa logra asegurar el contrato de la Casa de la Moneda, recibiendo un pago de 9.412.266 pesos. Esta cifra forma parte de los 366.635.744 pesos que acumuló en concepto de comisiones durante todo el mandato de Alberto Fernández.
Hay un detalle relevante que podría explicar por qué Sergio Massa se habría involucrado en la gestión a favor de Martínez Sosa. Tras asumir como ministro de Economía a mediados de 2022, Massa decidió modificar la cúpula de la Casa de la Moneda. El cambio se concretó en enero de 2023, cuando removió a Rodolfo Gabrielli y nombró en su lugar a Ángel Elettore, un cordobés que había sido ministro de Finanzas de Juan Manuel de la Sota y era de su confianza. Un mes después de la llegada de Elettore, se produjo el diálogo entre Martínez Sosa y Massa.
El broker, cercano al ex Presidente, fue contratado por 19 organismos del Estado Nacional, incluyendo ministerios y entes descentralizados. Por ejemplo, Vialidad Nacional ($ 10.450.624), Gendarmería Nacional ($ 254.091.184), Policía Federal ($ 23.610.992), Corredores Viales S.A. ($ 30.260.148), además de recibir comisiones del Ministerio de Turismo ($ 7.200.451), Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ($ 2.535.387), Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ($ 2.437.703), y Ministerio de Seguridad ($ 5.895.230), entre otros.
Con el 36,57% de los votos, Sergio Massa, entonces ministro de Economía, se impuso en las elecciones del 22 de octubre. Dos días después de los comicios que lo llevaron a la segunda vuelta contra Javier Milei el 19 de noviembre, María Cantero le preguntó a su esposo: «Gordito, ¿lo saludaste a Sergio?«. Martínez Sosa respondió afirmativamente, y ella insistió: «¿Te contestó?«. No hubo más respuestas en el registro de las conversaciones.
La justicia no duda sobre la estrecha relación de amistad entre Alberto Fernández y Martínez Sosa. Sin embargo, no se investiga el vínculo personal, sino cómo este pudo haber facilitado la creación de una estructura de negocios que perjudicó los intereses del Estado en beneficio de los particulares involucrados: el ex Presidente, imputado en esta causa, su broker amigo y la ex secretaria privada.
Cuando el juez federal Julián Ercolini ordenó una serie de allanamientos, dejó entrever las acusaciones que pesan sobre Fernández, Martínez Sosa y Cantero, junto a una extensa lista de empresarios. La posible asociación ilícita creada para perpetrar una administración fraudulenta en perjuicio del Estado y las negociaciones incompatibles con la función pública son algunas de las figuras penales por las que el ex presidente podría tener que responder en una eventual citación a indagatoria.
Dos puntos centrales en el caso son: si las comisiones pagadas por el Estado se ajustan a los valores de mercado y, por otro lado, si los procesos de contratación se realizaron de manera irregular. Entre los reproches legales que enfrenta el ex Presidente, la justicia le atribuye haber impedido la transparencia en los procesos de la Administración Pública central, obstaculizando así la competencia real.
El creador del Ministerio de las Mujeres, le pegaba a su mujer. Se confirmó que el expresidente golpeaba brutalmente a Fabiola Yáñez.
La ex primera dama Fabiola Yáñez le envió a Infobae las fotos y chats que adjuntó en su denuncia a Alberto Fernández probando que el ex presidente la golpeaba fuertemente durante su presidencia en la Quinta de Olivos.
Según se desprende de las capturas, los golpes de Alberto contra su ex pareja empezaron en agosto de 2021, plena pandemia del coronavirus.
En las imágenes se puede ver a Fabiola con moretones en el brazo y la cara. Son fotos que ella le manda al ex mandatario reprochándole su actitud violenta: “Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”.
En las capturas también aparece la respuesta del ex jefe de Estado: “Pero deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení”. Ante esto, Yañez insiste: “Mevolves a golpear. Estás loco”. Y Fernández replica: “Me siento mal”.
“Venís golpeándome hace 3 días seguidos”, le responde, contundente, Yañez, a lo que el ex presidente reacciona: “Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal”.
Yañez le enviaba las fotos a Fernández reclamándole por su actitud violenta: “Y cuando me samarreaste de los brazos me dejaste moretones. Esto es cuando me samarreaste”.
Fabiola Yañez concretó la denuncia contra Alberto Fernández este martes 6 de agosto. Lo hizo durante una comunicación por videoconferencia con el juez federal Julián Ercolini, quien imputó al ex presidente por lesiones.
Ercolini contaba con material audiovisual que alertaba sobre hechos de violencia doméstica contra la ex primera dama, a partir del peritaje del teléfono celular de María Cantero, histórica secretaria de Alberto Fernández, en el marco de otra causa en la que el ex jefe de Estado es investigado por presunto tráfico de influencia.
Advertido de tal documentación, Ercolini dispuso abrir una carpeta paralela y darle participación a la oficina especializada en violencia de género del Poder Judicial de la Nación. Fueron los funcionarios de esta área quien se contactaron con Yañez y le ofrecieron garantías en caso de que decidiera formalizar la acusación contra Fernández.
Una vez que esto ocurrió, el juez dictó una serie de medidas de restricción contra el ex presidente. Fueron notificadas oficialmente este jueves 8 de agosto. Alberto Fernández tiene prohibido salir del país, acercarse a la denunciante y comunicarse con ella por cualquier vía. Esto último se puso de relevancia, ya que Yañez dijo estar sufriendo «terrorismo psicológico» en su contacto con Ercolini.
Este viernes, Alberto Fernández hablará en el medio El País para explicar su lado de la historia, pero ante un público que ya sabe que es un violento golpeador de mujeres. Uno de los próximos pasos en el expediente es la declaración de Fabiola, que si bien aún no tiene fecha, podría darse en breve. Luego, la Justicia podría dictaminar la prisión preventiva y podría terminar preso por sus golpes.
Por el momento no se detectaron eventos fuera de lo normal en las plantas nucleares del área afectada por el movimiento de tierra. Se emitieron alertas de tsunami en varias ciudades.
Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió este jueves la prefectura japonesa de Miyazaki y otras áreas del suroeste, informó la Agencia Meteorológica de Japón (AMJ). Se han emitido alertas de tsunami para Kochi, Miyazaki, Ehime, Oita y Kagoshima, según informó la AMJ.
El puerto Miyazaki, en la prefectura meridional del mismo nombre, fue golpeado por olas de tsunami de 50 centímetros tras el sismo, detalló la AMJ.
De momento no se han detectado eventos fuera de lo normal en las plantas nucleares del área afectada por el terremoto, indicó Kyodo News, si bien el servicio del tren bala Kyushu Shinkansen fue suspendido tras el sismo.
El temblor tuvo lugar a las 16:43 hora local, frente a la costa de Miyazaki, con un registro de 6-bajo, según la escala de intensidad sísmica japonesa.
Con una profundidad de 30 kilómetros, el epicentro del movimiento telúrico se ubicó en las aguas de Hyuga-nada, en Kyushu (sur).
Finalmente, la magnitud fue revisada, de 6,9 grados en la escala Richter, pasó a 7,1.
Otorgado por el presidente ruso, entrará en vigencia a partir de noviembre. Integra aspectos como: minería de cualquier criptomoneda, pool de minería, operador de infraestructura minera.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto, este jueves, para legalizar la minería de criptomonedas, donde solo las personas jurídicas y empresarios rusos que estén registrados tendrán derecho a minar. Hasta hace unos días, el mandatario advertía que la minería de Bitcoin causaba “escasez de energía”.
La nueva ley aprobada por el mandatario ruso integra aspectos como: minería de cualquier criptomoneda, pool de minería. Asimismo, operador de infraestructura minera, identificador de dirección y los organizadores de actividad de pool de minería. El gobierno considera que la minería es un componente de facturación, no la emisión de la criptomoneda.
El documento correspondiente ha sido publicado en el portal oficial de actos jurídicos. En tanto, los ciudadanos rusos que no gocen del estatus de empresario individual también tendrán derecho de dedicarse a la minería de criptomonedas, sin tener que inscribirse en dicho ministerio, pero no podrán pasar los límites del consumo de energía establecidos por las autoridades.
Las personas jurídicas y los empresarios individuales también tendrán derecho a ser operadores de la infraestructura minera después de registrarse en la lista del Ministerio de Desarrollo Digital ruso.
Asimismo, el nuevo orden, desde noviembre, prohíbe la publicidad de las criptomonedas y su oferta a un número ilimitado de personas. Además, la legislación no permite dedicarse a las actividades relacionadas con la creación de las nuevas estructuras que aseguren el funcionamiento de las plataformas de criptomonedas a los empresarios que tengan antecedentes penales por delitos en el ámbito económico, contra el poder estatal o por delitos intencionales de gravedad moderada, delitos graves y especialmente graves. Dichos límites también se aplican a los individuos incluidos en la lista de terroristas y extremistas.
El proyecto, que había sido parte de la primera versión de la Ley Bases, fue nuevamente discutido por Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias.
Tal como había anticipado el presidente Javier Milei durante su campaña electoral en 2023, el Gobierno ha anunciado que está evaluando un proyecto cuyo objetivo es imponer aranceles a la educación universitaria para estudiantes extranjeros que vengan a Argentina a formarse en sus instituciones públicas.
La medida, que todavía se encuentra en una etapa preliminar, fue presentada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Él proporcionó estadísticas sobre el número de alumnos extranjeros en las universidades nacionales y explicó el método propuesto para que estos estudiantes cubran los costos de sus respectivas carreras.
“El extranjero que viene solo a estudiar y luego regresa a su país, considero que debería pagar una cuota”, comentó el funcionario en una entrevista con el canal de streaming Neura, subrayando que la mayoría de los graduados regresan a sus países para trabajar.
Álvarez adelantó el plan del Gobierno para abordar esta cuestión: «Nosotros estamos estudiando cobrar, pero en lugar de que lo cobren las universidades, que lo cobre el ministerio. O sea, hacer una tasa administrada por el ministerio y eso que se cobre y vaya directamente al programa de becas”, detalló.
Explicó en detalle: «Hay dos programas de becas, a mí me parece que el de becas Belgrano funciona muy bien, que son 36.000 becas que van dirigidas a ingeniería, biología, las áreas críticas más importantes. La universidad más favorecida, no porque nosotros lo hayamos hecho, sino porque simplemente lo que hicimos fue medir el presupuesto de acuerdo a lo que realmente cuesta una carrera, y estas son carreras caras, va a ser la UTN. ¿Por qué? Porque son todas carreras de tecnología y de ingeniería».
Para ilustrar la problemática que plantea, Álvarez señaló que en las universidades nacionales de Argentina, el promedio de estudiantes extranjeros es del 8%. Sin embargo, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires, los estudiantes de otros países representan el 20% del total.
Ante esta situación, las autoridades nacionales han decidido avanzar con el proyecto de aranceles, una propuesta que ya había sido incluida en la versión inicial de la Ley Bases. En su artículo 553, se establecía que se comenzaría a cobrar a los estudiantes extranjeros sin residencia en Argentina.
En este contexto, el gobierno planeaba reemplazar el artículo 2° bis de la Ley N°24.521 por uno nuevo que estableciera: “Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal para todo ciudadano argentino nativo o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país, son gratuitos, quedando prohibido establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa, directos o indirectos”.
El subsecretario de Políticas Universitarias subrayó que hay una excepción para los venezolanos que residen actualmente en el país debido a la dictadura en su nación. Dado que muchos de ellos llegaron por razones de fuerza mayor y se han establecido en Argentina, Álvarez mencionó que se está considerando una iniciativa específica para esta comunidad.
“¿Cuántos venezolanos hay que vinieron por ahí por un buen tiempo y terminaron quedando y empezaron a estudiar? Hoy nosotros estamos pensando un programa especial para venezolanos. ¿Por qué? Porque tenemos una enorme migración y puede llegar a ser mayor si realmente la dictadura continúa, porque la gente va a continuar la migración por persecución política. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un estatus que tenemos que contemplar”, explicó.
En relación al conflicto entre el gobierno y las universidades nacionales, que comenzó por el presupuesto asignado y ahora se centra en la falta de acuerdo salarial con los docentes, el funcionario anunció que convocó a una nueva reunión paritaria para este viernes.
Esta mañana llegó a la provincia de Neuquén y tuvo un breve encuentro con el gobernador Rolando Figueroa.
El presidente Javier Milei visitó esta mañana el complejo de Vaca Muerta en Añelo, Neuquén, donde recorrió las instalaciones de la petrolera YPF.
Durante su visita, se tomó fotos con los operarios y supervisores de diferentes sectores y observó el funcionamiento de varias operaciones de la planta.
Posteriormente, se reunió en la sede de la empresa en Loma Campana con un grupo de empresarios del sector hidrocarburífero. Cerca de las 14:00, partió hacia Chile para participar en un evento organizado por Gas Andes.
En el yacimiento neuquino, Milei recibió un informe del CEO de YPF, HoracioMarín, sobre los avances en la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur, que llegará hasta las costas de Río Negro. La primera etapa del proyecto, que abarca 130 kilómetros, conectará Añelo, Neuquén, con Allen, Río Negro. También se le informó sobre el proyecto de instalar una planta de Gas Natural Licuado (GNL) en Punta Colorada, recientemente otorgado al gobernador rionegrino Alberto Weretilneck.
Los empresarios destacaron la potencialidad delsector y las obras necesarias para “eliminar el cuello de botella” y duplicar la producción en el yacimiento, que abarca más de 30.000 kilómetros cuadrados y es una de las principales fuentes de exportación de Argentina. Se proyecta exportar 135 millones de barriles de petróleo al año.
También se discutieron los beneficios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), al que la provincia de Neuquén ha adherido y que se espera atraiga más inversiones en la explotación de gas y petróleo.
Aunque las autoridades provinciales no participaron en la reunión, desde el entorno de Figueroa se señaló: “Tenemos un buen diálogo con el Ejecutivo; no vamos a obstaculizar las iniciativas en Vaca Muerta porque queremos lo mejor para nuestra provincia”.
En la reunión con el presidente estuvieron presentes los representantes de las principales empresas operadoras del área, como Chevron, Exxon, Pampa Energía y Shell, entre otras. Los anfitriones incluyeron a Alejandro Bulgheroni, presidente de Pan American Energy (PAE); Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy (PAE); Hugo Eurnekian, presidente de la Compañía General de Combustibles (CGC); y Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol.
La comitiva presidencial incluyó al jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos; al vicejefe de Gabinete, José Rolandi; al vocero presidencial, Manuel Adorni; al actual presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; y a Daniel González Casartelli, ex CEO de YPF y actual secretario de Recursos Naturales.
En su cuenta de X, Figueroa publicó: “TRABAJAR POR EL PROGRESO DE NEUQUÉN Y LA PATRIA Recibimos en Neuquén al presidente de la Nación, Javier Milei. Siempre es un honor contar con un jefe de Estado en nuestra provincia. Nuestro compromiso es el de trabajar, desde el diálogo, para el progreso del país.”, acompañado de cuatro fotos de la visita.
TRABAJAR POR EL PROGRESO DE NEUQUÉN Y LA PATRIA
Recibimos en Neuquén al presidente de la Nación, Javier Milei.
Siempre es un honor contar con un jefe de Estado en nuestra provincia. Nuestro compromiso es el de trabajar, desde el diálogo, para el progreso del país. pic.twitter.com/Y1yt1z2bjU
El 19 de junio, el ministro de Economía de la Nación, Luis «Toto» Caputo, también visitó Vaca Muerta y recorrió el lugar junto a Figueroa y Marín. En esa ocasión, el Gobierno nacional respaldó las gestiones de Neuquén para obtener un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para avanzar en el “Programa de Integración Regional de la Provincia del Neuquén”. También se está gestionando otro crédito con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
El resultado primario del sector público nacional llegó a valores que no se veían desde junio de 2009. Caputo lo consiguió en solo 6 meses de administración al frente del Ministerio de Economía, un récord histórico.
El pilar del programa económico que se estableció a partir del 10 de diciembre de 2023 es sin lugar a dudas la drástica y contundente corrección fiscal. El Gobierno de Javier Milei ejecutó el mayor ajuste que se haya visto en las últimas décadas sobre las finanzas del sector público, y lo hizo en tan solo unos pocos meses.
El Sector Público Nacional (SPN) concretó un superávit primario superior al 1% del PBI al término del mes de junio, contabilizando la sumatoria de resultados fiscales de los últimos 12 meses. No se veía una cifra similar desde junio de 2009, hace 15 años. Asimismo, el resultado financiero acumulado de los últimos 12 meses marcó un rojo equivalente al 0,7% del producto, y se aproxima rápidamente al equilibrio financiero. Los datos fueron estimados por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA.
— Instituto Interdisciplinario de Economía Política (@iiep_oficial) August 5, 2024
En otras palabras, pese a que el Gobierno consiguió sin falta equilibrar las cuentas públicas desde el mes de enero, cuando se computa la sumatoria de 12 meses a través del tiempo, aún se registra déficit, debido al fuerte descalabro fiscal que dejó la gestión de Sergio Massa. De todos modos, el superávit financiero está a punto de consolidarse y, con ello, el fortalecimiento del programa económico.
Cabe señalar que el Gobierno heredó una situación en la cual el déficit primario (incluso antes del pago de intereses) alcanzaba el 2,7% del PBI, por lo que produjo una mejora fiscal de 3,7 puntos del PBI y solo en 6 meses. Al mismo tiempo, el déficit financiero del SPN se redujo drásticamente del 4,4% del PBI en diciembre del año pasado al 0,7% en junio de este año.
El sector público está en condiciones de afrontar el pago de todos los intereses de la deuda, y aún así mantener cierta holgura fiscal para disminuir la presión financiera sobre la misma. Esta profunda corrección también permite anclar las expectativas inflacionarias, ya que un eventual rescate monetario del Banco Central se torna cada vez más inverosímil e innecesario.
La corrección fiscal llevada adelante por el Ministro Luis Caputo es incluso más fuerte que la que se produjo tras la salida de la Convertibilidad entre diciembre de 2001 y mediados del año 2003, cuando por aquel entonces hicieron falta hasta 20 meses para alcanzar el equilibrio financiero definitivo. También es más drástica en comparación a la que ejecutó el Gobierno de Carlos Menem durante la salida de la hiperinflación de 1989.
El proceso de ajuste fiscal y de achicamiento del tamaño del Estado se produjo en un contexto de fuerte revalorización de los programas sociales focalizados, especialmente la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las tarjetas de ayuda alimentaria, entre otros.
La nueva resolución del ministro de Defensa busca restaurar la esencia militarde estos institutos, fomentando la disciplina, la formación física y militar, y el patriotismo.
Este miércoles, el ministro de Defensa, Luis Petri, anuló las resoluciones del kirchnerismo que habían prohibido la instrucción con armas de fuego a los cadetes de primer y segundo año de los liceos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Estas resoluciones formaban parte de un absurdo programa de “democratización” del primer eslabón de la carrera militar. En su momento, el ex presidente Néstor Kirchner había incluso propuesto la disolución total de todos los liceos militares como parte de su alianza con numerosos organismos defensores del terrorismo comunista.
Mediante la Resolución 795/2024, Petri derogó las disposiciones que habían introducido cambios significativos en la educación de los Liceos Militares, afectando su formación militar y alterando su espíritu fundacional. Según un comunicado del Ministerio de Defensa, estas instituciones educativas recuperarán su misión principal, que es ofrecer una educación integral que combine formación académica de excelencia con instrucción militar, inculcando valores cívicos y patrióticos.
La nueva resolución busca restaurar la esencia militar de estos institutos en el nivel medio, desarrollando habilidades académicas, fomentando la disciplina, potenciando la formación física y militar, promoviendo el patriotismo y preparando a los jóvenes para la vida democrática. También se le otorga mayor autonomía a las Fuerzas Armadas para definir aspectos como la estructura organizativa de los liceos y los regímenes internos de los cadetes.
Además, se cumplirá con la ley 19.101, recuperando el Estado Militar para los cadetes de los dos últimos años y el régimen disciplinario tradicional en las formaciones liceístas, con el objetivo de que egresen como subtenientes de reserva.
Con esta medida, Petri derogó la resolución 255/2020, firmada por el entonces ministro kirchnerista de Defensa, Agustín Rossi, que limitaba la instrucción con armas a los cadetes de tercer año y cursos superiores, reservando solo conocimientos teóricos sobre el uso de armas para los cadetes de primero y segundo año.
En Argentina existen nueve liceos militares con más de 2.500 cadetes: el Liceo General San Martín (en Villa Ballester), General Paz (Córdoba), Belgrano (Santa Fe), Espejo (Mendoza), Roca (Comodoro Rivadavia), y Aráoz deLamadrid (Tucumán); los liceos navales Brown (Vicente López) y Storni (Posadas); y el Liceo AeronáuticoMilitar (Funes, cerca de Rosario), que pertenece a la Fuerza Aérea.
En 2010, la entonces presidente Cristina Kirchner enfrentó una fuerte resistencia a su decisión de terminar con la instrucción militar en estos liceos. La resolución 228/10 y su enmienda, la 516/10, fueron rechazadas por la Comisión de Defensa, con oposición de todos los sectores, desde la Coalición Cívica hasta Proyecto Sur, y desde el radicalismo hasta el peronismo disidente. El dictamen emitido por una amplia mayoría sugirió que un grupo de expertos, legisladores, mandos militares, padres y funcionarios debería revisar y mejorar los contenidos del controvertido “Plan Liceos 2010”. Néstor Kirchner también había propuesto la eliminación total de estos institutos, aunque luego, gracias a dios, suspendió esa idea.
Según el proyecto del Ministerio de Defensa, los egresados de los liceos militares dejarían de ser clasificados como «oficiales de reserva» y se graduarían como «Bachilleres Nacionales Orientados«. Hasta el cuarto año, la instrucción con armas se limitaría a contenidos teóricos, y el orden cerrado se eliminaría. La práctica de tiro se concentraría en los últimos seis meses del último curso, el régimen de internado se volvería voluntario, y la cátedra de “Religión” sería reemplazada por “Problemáticas Ciudadanas de la Argentina Actual”.
La entonces ministra kirchnerista Nilda Garré argumentó que esta medida cumplía con lo estipulado en el «Protocolo Facultativo de los Derechos del Niño«, que prohíbe el uso de menores en «conflictos armados«.
La resolución se basó en el trabajo teórico de la entonces subsecretaria de Formación Militar, Sabina Frederic, una «antropóloga social«, ex docente de la Universidad de Quilmes y futura ministra de Seguridad durante la presidencia del presunto golpeador, Alberto Fernández.
Frederic respondió a las objeciones en el Congreso de manera simplista, diciendo: “aprender a disparar con un FAL se hace en diez días”. Argumentó que no comprendía por qué se le daba tanta importancia a la instrucción militar cuando el «mundo avanzaba hacia la paz» y agregó que Argentina «no tenía hipótesis de conflicto«.
