El creador del Ministerio de las Mujeres, le pegaba a su mujer. Se confirmó que el expresidente golpeaba brutalmente a Fabiola Yáñez.

La ex primera dama Fabiola Yáñez le envió a Infobae las fotos y chats que adjuntó en su denuncia a Alberto Fernández probando que el ex presidente la golpeaba fuertemente durante su presidencia en la Quinta de Olivos.

Según se desprende de las capturas, los golpes de Alberto contra su ex pareja empezaron en agosto de 2021, plena pandemia del coronavirus.

En las imágenes se puede ver a Fabiola con moretones en el brazo y la cara. Son fotos que ella le manda al ex mandatario reprochándole su actitud violenta: “Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”.

En las capturas también aparece la respuesta del ex jefe de Estado: “Pero deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení”. Ante esto, Yañez insiste: “Me volves a golpear. Estás loco”. Y Fernández replica: “Me siento mal”.

“Venís golpeándome hace 3 días seguidos”, le responde, contundente, Yañez, a lo que el ex presidente reacciona: “Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal”.

Yañez le enviaba las fotos a Fernández reclamándole por su actitud violenta: “Y cuando me samarreaste de los brazos me dejaste moretones. Esto es cuando me samarreaste”.

Fabiola Yañez concretó la denuncia contra Alberto Fernández este martes 6 de agosto. Lo hizo durante una comunicación por videoconferencia con el juez federal Julián Ercolini, quien imputó al ex presidente por lesiones.

Ercolini contaba con material audiovisual que alertaba sobre hechos de violencia doméstica contra la ex primera dama, a partir del peritaje del teléfono celular de María Cantero, histórica secretaria de Alberto Fernández, en el marco de otra causa en la que el ex jefe de Estado es investigado por presunto tráfico de influencia.

Advertido de tal documentación, Ercolini dispuso abrir una carpeta paralela y darle participación a la oficina especializada en violencia de género del Poder Judicial de la Nación. Fueron los funcionarios de esta área quien se contactaron con Yañez y le ofrecieron garantías en caso de que decidiera formalizar la acusación contra Fernández.

Una vez que esto ocurrió, el juez dictó una serie de medidas de restricción contra el ex presidente. Fueron notificadas oficialmente este jueves 8 de agosto. Alberto Fernández tiene prohibido salir del país, acercarse a la denunciante y comunicarse con ella por cualquier vía. Esto último se puso de relevancia, ya que Yañez dijo estar sufriendo «terrorismo psicológico» en su contacto con Ercolini.

Este viernes, Alberto Fernández hablará en el medio El País para explicar su lado de la historia, pero ante un público que ya sabe que es un violento golpeador de mujeres. Uno de los próximos pasos en el expediente es la declaración de Fabiola, que si bien aún no tiene fecha, podría darse en breve. Luego, la Justicia podría dictaminar la prisión preventiva y podría terminar preso por sus golpes.

Fuente: Derecha Diario

El proyecto, que había sido parte de la primera versión de la Ley Bases, fue nuevamente discutido por Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias.

Tal como había anticipado el presidente Javier Milei durante su campaña electoral en 2023, el Gobierno ha anunciado que está evaluando un proyecto cuyo objetivo es imponer aranceles a la educación universitaria para estudiantes extranjeros que vengan a Argentina a formarse en sus instituciones públicas.

La medida, que todavía se encuentra en una etapa preliminar, fue presentada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Él proporcionó estadísticas sobre el número de alumnos extranjeros en las universidades nacionales y explicó el método propuesto para que estos estudiantes cubran los costos de sus respectivas carreras.

“El extranjero que viene solo a estudiar y luego regresa a su país, considero que debería pagar una cuota”, comentó el funcionario en una entrevista con el canal de streaming Neura, subrayando que la mayoría de los graduados regresan a sus países para trabajar.

Álvarez adelantó el plan del Gobierno para abordar esta cuestión: «Nosotros estamos estudiando cobrar, pero en lugar de que lo cobren las universidades, que lo cobre el ministerio. O sea, hacer una tasa administrada por el ministerio y eso que se cobre y vaya directamente al programa de becas”, detalló.

Explicó en detalle: «Hay dos programas de becas, a mí me parece que el de becas Belgrano funciona muy bien, que son 36.000 becas que van dirigidas a ingeniería, biología, las áreas críticas más importantes. La universidad más favorecida, no porque nosotros lo hayamos hecho, sino porque simplemente lo que hicimos fue medir el presupuesto de acuerdo a lo que realmente cuesta una carrera, y estas son carreras caras, va a ser la UTN. ¿Por qué? Porque son todas carreras de tecnología y de ingeniería».

Para ilustrar la problemática que plantea, Álvarez señaló que en las universidades nacionales de Argentina, el promedio de estudiantes extranjeros es del 8%. Sin embargo, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires, los estudiantes de otros países representan el 20% del total.

Ante esta situación, las autoridades nacionales han decidido avanzar con el proyecto de aranceles, una propuesta que ya había sido incluida en la versión inicial de la Ley Bases. En su artículo 553, se establecía que se comenzaría a cobrar a los estudiantes extranjeros sin residencia en Argentina.

En este contexto, el gobierno planeaba reemplazar el artículo 2° bis de la Ley N°24.521 por uno nuevo que estableciera: “Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal para todo ciudadano argentino nativo o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país, son gratuitos, quedando prohibido establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa, directos o indirectos”.

El subsecretario de Políticas Universitarias subrayó que hay una excepción para los venezolanos que residen actualmente en el país debido a la dictadura en su nación. Dado que muchos de ellos llegaron por razones de fuerza mayor y se han establecido en Argentina, Álvarez mencionó que se está considerando una iniciativa específica para esta comunidad.

“¿Cuántos venezolanos hay que vinieron por ahí por un buen tiempo y terminaron quedando y empezaron a estudiar? Hoy nosotros estamos pensando un programa especial para venezolanos. ¿Por qué? Porque tenemos una enorme migración y puede llegar a ser mayor si realmente la dictadura continúa, porque la gente va a continuar la migración por persecución política. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un estatus que tenemos que contemplar”, explicó.

En relación al conflicto entre el gobierno y las universidades nacionales, que comenzó por el presupuesto asignado y ahora se centra en la falta de acuerdo salarial con los docentes, el funcionario anunció que convocó a una nueva reunión paritaria para este viernes.

Fuente: Derecha Diario

Esta mañana llegó a la provincia de Neuquén y tuvo un breve encuentro con el gobernador Rolando Figueroa.

El presidente Javier Milei visitó esta mañana el complejo de Vaca Muerta en Añelo, Neuquén, donde recorrió las instalaciones de la petrolera YPF.

Durante su visita, se tomó fotos con los operarios y supervisores de diferentes sectores y observó el funcionamiento de varias operaciones de la planta.

Posteriormente, se reunió en la sede de la empresa en Loma Campana con un grupo de empresarios del sector hidrocarburífero. Cerca de las 14:00, partió hacia Chile para participar en un evento organizado por Gas Andes.

En el yacimiento neuquino, Milei recibió un informe del CEO de YPF, Horacio Marín, sobre los avances en la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur, que llegará hasta las costas de Río Negro. La primera etapa del proyecto, que abarca 130 kilómetros, conectará Añelo, Neuquén, con Allen, Río Negro. También se le informó sobre el proyecto de instalar una planta de Gas Natural Licuado (GNL) en Punta Colorada, recientemente otorgado al gobernador rionegrino Alberto Weretilneck.

Los empresarios destacaron la potencialidad del sector y las obras necesarias para “eliminar el cuello de botella” y duplicar la producción en el yacimiento, que abarca más de 30.000 kilómetros cuadrados y es una de las principales fuentes de exportación de Argentina. Se proyecta exportar 135 millones de barriles de petróleo al año.

También se discutieron los beneficios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), al que la provincia de Neuquén ha adherido y que se espera atraiga más inversiones en la explotación de gas y petróleo.

Aunque las autoridades provinciales no participaron en la reunión, desde el entorno de Figueroa se señaló: “Tenemos un buen diálogo con el Ejecutivo; no vamos a obstaculizar las iniciativas en Vaca Muerta porque queremos lo mejor para nuestra provincia”.

En la reunión con el presidente estuvieron presentes los representantes de las principales empresas operadoras del área, como Chevron, Exxon, Pampa Energía y Shell, entre otras. Los anfitriones incluyeron a Alejandro Bulgheroni, presidente de Pan American Energy (PAE); Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy (PAE); Hugo Eurnekian, presidente de la Compañía General de Combustibles (CGC); y Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol.

La comitiva presidencial incluyó al jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos; al vicejefe de Gabinete, José Rolandi; al vocero presidencial, Manuel Adorni; al actual presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; y a Daniel González Casartelli, ex CEO de YPF y actual secretario de Recursos Naturales.

En su cuenta de X, Figueroa publicó: “TRABAJAR POR EL PROGRESO DE NEUQUÉN Y LA PATRIA Recibimos en Neuquén al presidente de la Nación, Javier Milei. Siempre es un honor contar con un jefe de Estado en nuestra provincia. Nuestro compromiso es el de trabajar, desde el diálogo, para el progreso del país.”, acompañado de cuatro fotos de la visita.

El 19 de junio, el ministro de Economía de la Nación, Luis «Toto» Caputo, también visitó Vaca Muerta y recorrió el lugar junto a Figueroa y Marín. En esa ocasión, el Gobierno nacional respaldó las gestiones de Neuquén para obtener un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para avanzar en el “Programa de Integración Regional de la Provincia del Neuquén”. También se está gestionando otro crédito con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Fuente: Derecha Diario

La nueva resolución del ministro de Defensa busca restaurar la esencia militarde estos institutos, fomentando la disciplina, la formación física y militar, y el patriotismo.

Este miércoles, el ministro de Defensa, Luis Petri, anuló las resoluciones del kirchnerismo que habían prohibido la instrucción con armas de fuego a los cadetes de primer y segundo año de los liceos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Estas resoluciones formaban parte de un absurdo programa de “democratización” del primer eslabón de la carrera militar. En su momento, el ex presidente Néstor Kirchner había incluso propuesto la disolución total de todos los liceos militares como parte de su alianza con numerosos organismos defensores del terrorismo comunista.

Mediante la Resolución 795/2024, Petri derogó las disposiciones que habían introducido cambios significativos en la educación de los Liceos Militares, afectando su formación militar y alterando su espíritu fundacional. Según un comunicado del Ministerio de Defensa, estas instituciones educativas recuperarán su misión principal, que es ofrecer una educación integral que combine formación académica de excelencia con instrucción militar, inculcando valores cívicos y patrióticos.

La nueva resolución busca restaurar la esencia militar de estos institutos en el nivel medio, desarrollando habilidades académicas, fomentando la disciplina, potenciando la formación física y militar, promoviendo el patriotismo y preparando a los jóvenes para la vida democrática. También se le otorga mayor autonomía a las Fuerzas Armadas para definir aspectos como la estructura organizativa de los liceos y los regímenes internos de los cadetes.

Además, se cumplirá con la ley 19.101, recuperando el Estado Militar para los cadetes de los dos últimos años y el régimen disciplinario tradicional en las formaciones liceístas, con el objetivo de que egresen como subtenientes de reserva.

Con esta medida, Petri derogó la resolución 255/2020, firmada por el entonces ministro kirchnerista de Defensa, Agustín Rossi, que limitaba la instrucción con armas a los cadetes de tercer año y cursos superiores, reservando solo conocimientos teóricos sobre el uso de armas para los cadetes de primero y segundo año.

En Argentina existen nueve liceos militares con más de 2.500 cadetes: el Liceo General San Martín (en Villa Ballester), General Paz (Córdoba), Belgrano (Santa Fe), Espejo (Mendoza), Roca (Comodoro Rivadavia), y Aráoz de Lamadrid (Tucumán); los liceos navales Brown (Vicente López) y Storni (Posadas); y el Liceo Aeronáutico Militar (Funes, cerca de Rosario), que pertenece a la Fuerza Aérea.

En 2010, la entonces presidente Cristina Kirchner enfrentó una fuerte resistencia a su decisión de terminar con la instrucción militar en estos liceos. La resolución 228/10 y su enmienda, la 516/10, fueron rechazadas por la Comisión de Defensa, con oposición de todos los sectores, desde la Coalición Cívica hasta Proyecto Sur, y desde el radicalismo hasta el peronismo disidente. El dictamen emitido por una amplia mayoría sugirió que un grupo de expertos, legisladores, mandos militares, padres y funcionarios debería revisar y mejorar los contenidos del controvertido “Plan Liceos 2010”. Néstor Kirchner también había propuesto la eliminación total de estos institutos, aunque luego, gracias a dios, suspendió esa idea.

Según el proyecto del Ministerio de Defensa, los egresados de los liceos militares dejarían de ser clasificados como «oficiales de reserva» y se graduarían como «Bachilleres Nacionales Orientados«. Hasta el cuarto año, la instrucción con armas se limitaría a contenidos teóricos, y el orden cerrado se eliminaría. La práctica de tiro se concentraría en los últimos seis meses del último curso, el régimen de internado se volvería voluntario, y la cátedra de “Religión” sería reemplazada por “Problemáticas Ciudadanas de la Argentina Actual”.

La entonces ministra kirchnerista Nilda Garré argumentó que esta medida cumplía con lo estipulado en el «Protocolo Facultativo de los Derechos del Niño«, que prohíbe el uso de menores en «conflictos armados«.

La resolución se basó en el trabajo teórico de la entonces subsecretaria de Formación Militar, Sabina Frederic, una «antropóloga social«, ex docente de la Universidad de Quilmes y futura ministra de Seguridad durante la presidencia del presunto golpeador, Alberto Fernández.

Frederic respondió a las objeciones en el Congreso de manera simplista, diciendo: “aprender a disparar con un FAL se hace en diez días”. Argumentó que no comprendía por qué se le daba tanta importancia a la instrucción militar cuando el «mundo avanzaba hacia la paz» y agregó que Argentina «no tenía hipótesis de conflicto«.

Fuente: Derecha Diario

Mientras ocurre el escándalo que involucra al ex presidente kirchnerista Alberto Fernández, quien fue denunciado por violencia de género por parte de su ex pareja, la motosierra del gobierno no para.

El Gobierno de Javier Milei anunció este miércoles la venta del edificio que albergó el ex Ministerio de las Mujeres, situado en el barrio porteño de San Telmo.

La venta se realizará a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que depende de la Jefatura de Gabinete. “Tras cerrar definitivamente este organismo, que fue creado y utilizado por la administración anterior con fines político-partidarios para promover una agenda ideológica sin lograr mejoras significativas en ningún indicador, el Gobierno nacional ha decidido poner a la venta el edificio, tasado en más de 12,5 millones de dólares”, explicaron.

El inmueble, ubicado en Cochabamba N° 40/44/54 y Av. Ingeniero Huergo N° 1321/31 y Azopardo Nº 1310, cuenta con una superficie total de 18.000 m² construibles y 7.000 m² construidos.

“Es un edificio abandonado y en riesgo de derrumbe, donde trabajaban más de mil empleados que ya fueron desvinculados. A pesar de que en 2021 se iniciaron obras de reparación, estas nunca se completaron, dejando el edificio en un estado avanzado de deterioro”, añadieron.

A su vez, el vocero presidencial, Manuel Adorni, lo había anticipado en un mensaje en su cuenta de X. «Se decidió vender el edificio donde funcionaba el “Ministerio de las mujeres”. El mismo tiene un valor aproximado de 12,5 millones de dólares y se encuentra en virtual estado de abandono. En 2021 se iniciaron obras para su reparación: nunca se concluyeron. Final. Fin.«, afirmó.

En paralelo, la ex primera dama Fabiola Yañez ha presentado una denuncia penal contra Alberto Fernández por violencia física y hostigamiento. El juez federal Julián Ercolini ha decidido prohibirle la salida del país al ex presidente y ha ordenado medidas de restricción y protección.

Todo comenzó con una serie de mensajes encontrados en el celular de María Cantero, ex secretaria de Alberto Fernández, durante la investigación sobre los Seguros. Una de esas conversaciones incluía comunicaciones con Fabiola Yañez sobre presuntos actos de violencia.

El juez Julián Ercolini resguardó ese material en un legajo reservado, notificó a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema, y luego convocó a la ex primera dama a una audiencia por videoconferencia desde Madrid, donde sigue residiendo. Sin embargo, en ese momento, Yañez optó por no instar la acción penal.

Este martes, Yañez se puso en contacto con el juzgado y decidió cambiar su postura. Dado que el delito de violencia de género es de instancia privada, requiere la acción de la persona afectada para que la Justicia intervenga. Por ahora, la causa continuará en el juzgado de Ercolini.

El anuncio de la venta del edificio se enmarca dentro de una política de “optimización y eficiencia en la gestión de recursos públicos”. Hace unas semanas, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) también implementó una reducción en los contratos de alquiler de oficinas utilizadas por diversos ministerios en todo el país.

El Ministerio del Interior, dirigido por Guillermo Francos, informó que se dieron de baja 71 contratos de alquiler en todo el territorio nacional, lo que representa un ahorro mensual de 191.518.251 pesos y un ahorro anual de 2.298.218.220 pesos.

Los contratos anulados pertenecen a 23 delegaciones públicas en la provincia de Buenos Aires y siete en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), además de alquileres en otras provincias como Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

En estas oficinas existían más de 3.500 empleados estatales de diversas dependencias, incluyendo la Secretaría de Turismo y Deporte, Superintendencia de Servicios de Salud, Secretaría de Industria y Desarrollo, ANSES, AFIP, Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), INADI, ENARGAS, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), Migraciones, Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Policía Federal Argentina y ENACOM, entre otras.

Fuente: Derecha Diario

El juez de Esquel, Guido Otranto, ordenó la expulsión de las personas que habían tomado El Maitenal, tras una solicitud presentada por los legítimos administradores del territorio.

La Justicia Federal dispuso el desalojo de la seccional de guardaparques El Maitenal, ubicada en el Parque Nacional Los Alerces, que fue usurpada en 2020 por la agrupación terrorista mapuche Lof Paillako, liderada por el delincuente Cruz Ernesto Cárdenas.

La orden de desalojo fue emitida por el juez federal de Esquel, Guido Otranto. En una resolución firmada este miércoles, el magistrado dio lugar al reclamo presentado por la Administración de Parques Nacionales y aprobó la solicitud de desalojo del área pública, ordenando la expulsión de Cárdenas, María Belén Salinas y los demás terroristas de la comunidad mapuche que llevaron a cabo la ocupación ilegal.

El presidente de la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen, había iniciado el trámite administrativo para recuperar el espacio público poco después de asumir su cargo. En el documento, se instaba a los usurpadores mapuches a abandonar pacíficamente el terreno. No obstante, tras pasar los 30 días estipulados por la resolución, se presentó la solicitud ante la Justicia Federal para proceder con el desalojo.

La cuenta regresiva del proceso administrativo comenzó el 4 de junio, cuando un notificador de la APN se dirigió al territorio en disputa para informar a los ocupantes. La orden indicaba que debían desocupar el área, desmantelar las construcciones no autorizadas y retirar sus pertenencias.

La tarea no fue sencilla. Un hombre con el rostro cubierto, presuntamente parte del grupo terrorista mapuche, se negó a recibir la notificación. Sin embargo, el documento fue dejado a la vista en una construcción rústica. En otra edificación, aparentemente abandonada, el escrito fue colgado en un árbol frente a una de las viviendas.

Cárdenas, líder del grupo, es un ex combatiente de incendios forestales que, convertido en mapuche, lideró la ocupación alegando una supuesta «recuperación de tierras ancestrales«. Su apellido también aparece en otros expedientes judiciales relacionados con los incendios forestales devastadores ocurridos en los últimos años.

En la reciente resolución, el juez Otranto menciona que en 2015 y 2016 hubo incendios intencionales en áreas cercanas a Villa Futalaufquen y El Maitenal, que fueron ejecutados estratégicamente para dificultar su control rápido, indicando un conocimiento técnico y acceso a información no pública. En ese período, Cruz Cárdenas ya había expresado su descontento con la APN, y circulaban rumores de que podría haber sido el responsable de iniciar esos incendios.

Al inicio del conflicto, en 2020, la administración anterior intentó resolver el problema de manera alternativa, convocando a las partes involucradas, al Ministerio de Justicia de la Nación y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Sin embargo, este intento no tuvo éxito. Cárdenas y Salinas fueron procesados por usurpación, pero el caso tampoco avanzó.

Los ocupantes ilegales no solo se adueñaron de la estructura oficial de Parques Nacionales, sino que también construyeron viviendas y galpones dentro del predio. Desde el comienzo de la usurpación, se reportaron actos de vandalismo, agresiones a los guardaparques y focos de incendios intencionales casi a diario durante las temporadas de verano. Estos eventos afectaron la infraestructura del parque, como carteles, puentes y viviendas, y resultaron en la destrucción de El Cristo, una obra de valor cultural y religioso para los habitantes de la zona.

Los terroristas intentaron justificar su acción bajo la ley de emergencia territorial mapuche (26.160), pero su planteo fue rechazado. Otranto señaló que la vía utilizada por los demandados para reclamar tierras de ocupación tradicional indígena no está reconocida por el marco jurídico, constituye un acto delictivo y, por lo tanto, no puede servir para suspender el desalojo solicitado por la parte actora.

El avance también incluyó otro área conocida como la ex Población Salinas, que pertenece a la misma administración nacional y que los mapuches deben abandonar en menos de un mes.

Cuando se les intimó a los mapuches, Larsen afirmó: “Estamos dando un paso firme para recuperar lo que pertenece a todos los argentinos. Sabemos que las soluciones alternativas solo aseguraron la permanencia de los intrusos en el territorio público, por eso vamos a fondo con la recuperación del lugar”. Además, adelantó que si el recurso administrativo fracasaba, recurriría a la Justicia para continuar con el proceso de recuperación del área.

Fuente: Derecha Diario

Hace 4 días había desaparecido RocíoFernández, una joven de 27 años, en Mar del Plata. En el día de ayer, encontraron el cadáver de la joven desaparecida en una heladera.

El sábado pasado, Rocío Fernández se tomó un remis desde Punta Mogotes para ir hacía lo de un amigo, estuvo aproximadamente 5 horas en el lugar y al abandonarlo se tomó un taxi.

La familia comenzó una gran búsqueda, pero recién ayer la policía pudo dar con el cuerpo tras rastrear el teléfono de la mujer, quien había enviado su ubicación a su amigo el mismo sábado con el mensaje «Cualquier cosa voy a estar en este lugar«.

Con ese dato acercado por la madre de la víctima y el aval de la Justicia de garantías, personal de la comisaría quinta de Mar del Plata allanó en la manzana.

El cuerpo fue encontrado en una heladera luego de que la policía irrumpiera en una casa de la calle Grecia al 1045. La Policía Científica ya retiró el cadaver de la vivienda y el caso es abordado por el Fiscal Berlingheri de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº4.

Los vecinos manifestaron su enojo porque relatan que cuando fue allanar la policía se equivocaron de domicilio, era al lado y eso hizo que el principal sospechoso se escapara por los techos y se tomara el colectivo 522.

Juan Carlos Galarregui es el fugitivo buscado en todo Mar del Plata por las autoridades locales, que aún no publicaron una alerta oficial. Sin embargo en medios de comunicación de la ciudad se difundieron diversas imágenes del sospechoso, pero en ese proceso hubo un grave error, una de las fotos difundidas no era del hombre, sino de una persona parecida, quien se acercó a una comisaría de la Policía Federal a declarar que no era el.

El fugitivo, según relataron habitantes del barrio, vendía droga y tenia antecedentes penales por ese motivo. La policía incautó grandes cantidades de mariguana.

Los vecinos relatan que no sería la primera vez que la policia se hacia presente en la vivienda. Previamente, por quejas de los mismos sobre gritos y disturbios, los oficiales cuestionaron a Juan Carlos pero no paso de alli.

Al amigo de Fernández, el cual tenía el mensaje con la ubicación, le tomaron declaración hoy. Por el momento, no se conocen los motivos del asesinato de la joven.

Fuente: Derecha Diario