El comité de acreedores de La Rioja anunció que está impulsando un juicio sumario en el tribunal del segundo circuito de Nueva York, Estados Unidos, debido al incumplimiento de pago en el que se encuentra la provincia desde febrero con sus tenedores de bonos en dólares.

El gobierno ultra kirchnerista de Ricardo Quintela pagó en febrero USD 10 millones de los USD 26 millones que vencían ese mes. El 24 de agosto se presentan nuevos compromisos de capital e intereses, pero todavía no se ha llegado a un acuerdo de reestructuración entre las partes.

Los bonistas, representados por el estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP, declararon en un comunicado que «el desprecio temerario» del gobierno de Quintela por sus obligaciones financieras «perjudica directamente a la población a la que debería servir, al desalentar la inversión y, como consecuencia, la creación de empleo y la actividad económica en la provincia«. Además, señalaron que esta situación dificulta los esfuerzos del Gobierno de Javier Milei por mejorar la imagen del país ante los mercados internacionales de crédito.

El comunicado también resalta que «La Rioja es la única provincia que no ha cumplido con sus obligaciones internacionales» entre aquellas que reestructuraron bonos no garantizados durante el período 2021. De los USD 26 millones que vencieron el 24 de febrero, la provincia pagó USD 10 millones correspondientes a intereses, dejando sin pagar USD 16 millones de capital relacionados con sus Bonos Verdes por USD 318 millones emitidos bajo la ley de Nueva York. La preocupación de los bonistas ahora es que el 24 de agosto vencen nuevos pagos, «lo que podría precipitar más incumplimientos por parte de la provincia«.

Este bono en dólares fue emitido en 2017, cuando Argentina aún tenía acceso a los mercados internacionales de deuda. Se trató de un bono verde para la construcción de un parque eólico, inicialmente por USD 200 millones en febrero de ese año, con una ampliación de USD 100 millones en agosto, con una tasa de interés del 9,75% anual.

En 2021, el bono fue reestructurado, luego de que la Nación hiciera lo propio con sus títulos públicos. Como resultado de esa renegociación, el bono pasó a tener un interés del 3,5% que debería escalar hasta el 8,5% anual en 2028. El contrato del bono riojano establece que un anuncio de impago no constituye un evento de default automático, sino que existe un período de gracia antes de que el indenture permita a los bonistas solicitar la «aceleración» de los pagos, es decir, el pago completo de la deuda.

La administración kirchnerista de Quintela no se hizo cargo de los problemas y, en vez de hacer el ajuste del gasto, le echó la culpa a «las dificultades económicas«, como la «alta inflación«, la «devaluación de diciembre» y el «ajuste fiscal» de Milei.

«En febrero de 2024, la Provincia se convirtió en la primera y única provincia en incumplir nuevamente sus obligaciones reestructuradas, al no pagar USD 16 millones de capital adeudado. El contexto del default de 2024 fue particularmente llamativo. La Rioja utilizó la mayoría de los ingresos de los Bonos Verdes para construir parques eólicos a través de la empresa provincial, Parque Eólico Arauco SA (‘PEA’). Posteriormente, la Provincia vendió el 100% de Vientos de Arauco Renovables SAU, una de las empresas de PEA, por USD 171 millones a Pampa Energía SA, antes de incumplir con los tenedores de bonos«, señalaron los bonistas.

El estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que representa a los bonistas, tiene entre sus socios a Dennis Hrankitzky, el abogado que logró embargar la Fragata Libertad en 2012, cuando Argentina no había salido por completo de su default de 2001.

Fuente: Derecha Diario

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió flexibilizar algunas normas referidas a la transferencias en dólares en el marco del blanqueo de capitales que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

Así, el BCRA dispuso que se elimine la sospecha de violación de las normas cambiarias como un causal de rechazo de una transferencia en dólares. Con esta nueva disposición, los bancos receptores de transferencias en divisa norteamericana no podrán rechazar la operación aunque la operación incumpla con algunas normativas que aún siguen con vigencia.

El Banco Central también derogó las disposiciones enmarcadas bajo el principio conocido como “conozca a su cliente”, el cual impone a los bancos precisar la identidad y los movimientos de cada agente para identificar posibles operaciones de lavado de dinero.

Es por esto que los bancos ya no podrán denegar transferencias de cuentas de destino que no hayan sido previamente asociadas, de cuentas de destino que no registren una antigüedad mayor a 180 días ni de cuentas que no hayan registrado depósitos o extracciones en los 180 días anteriores a la fecha en que sea ordenada la transferencia inmediata.

Blanqueo de capitales: por qué estas medidas dinamizarán su operatoria

El Gobierno impulsa esta flexibilización con el objetivo de captar más adherentes al blanqueo de capitales, el cual busca hacer énfasis en regularizar los montos menores a USD 100.000 y en efectivo, debido a su gratuidad.

Entre la lista de bienes que se pueden blanquear se destacan los siguientes:

• Moneda nacional o extranjera
• Inmuebles
• Acciones, participación en sociedades, derechos de beneficiarios o fideicomisarios de fideicomisos u otros tipos de patrimonios de afectación similares o cuotapartes de fondos comunes de inversión, siempre que el sujeto emisor sea considerado un sujeto residente en Argentina, y no coticen en mercados regulados por CNV
• Títulos valores (incluyendo acciones, bonos, ON, certificados de depósito en custodia, fondos y otros similares) que coticen en bolsas o mercados regulados por CNV
• Créditos de cualquier tipo o naturaleza, cuando el deudor sea un residente fiscal argentino.
• Derechos y otros bienes intangibles no incluidos en los puntos anteriores
• Criptomonedas, criptoactivos y otros bienes similares (siempre que a la fecha estén en custodia o administración de una PSAV registrada en CNV) (*)
• Otros bienes ubicados en el país susceptibles de valor económico

El plazo para poder adherir al blanqueo es hasta el 30 de abril de 2025, aunque el ejecutivo tiene la potestad de extender el plazo hasta el 31 de julio de 2025. No obstante, es clave destacar que habrá diferentes etapas que tendrán distintas condiciones.

Según declaró la consultora 1816, se estima que el Gobierno tenga ingresos gracias a este régimen de regularización en torno a los 2.000 millones de dólares, los cuales fortalecerán el superávit fiscal que Javier Milei plantea como innegociable.

Fuente: Derecha Diario

Mientras parte del sector industrial presiona para que el Gobierno mantenga las políticas proteccionistas que tanto daño le han hecho al país, las autoridades nacionales están evaluando cambios en el régimen antidumping que podrían no satisfacer a los empresaurios.

La razón principal es que el equipo económico de Javier Milei busca, con las modificaciones propuestas, evitar abusos y prevenir la prolongación indefinida de medidas establecidas para limitar la entrada al país de bienes a precios bajos.

Estos cambios están siendo analizados por la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), presidida por María José Suárez Villabona. Fuentes del equipo económico indicaron que se pretende «agilizar el trámite, pero al mismo tiempo limitar los plazos de vigencia de las medidas y, eventualmente, la magnitud de los derechos compensatorios, según el impacto en los consumidores«.

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) se está trabajando en este tema y se llevará a cabo una reunión técnica con la CNCE. Consideran que sería un avance importante que el régimen sea más ágil y que se reduzcan los costos y trámites burocráticos para los consultores, además de permitir que el Gobierno establezca medidas preventivas mientras se desarrolla la investigación. Sin embargo, critican que los cambios podrían significar una «reducción en la protección efectiva«, ya que se contempla una menor duración de las medidas y la adopción de precios de referencia regionales.

Actualmente, una medida antidumping se aplica tras varios meses de investigación para determinar si una importación «causó daño y su magnitud«. Mientras tanto, se pueden imponer medidas preventivas. Una vez establecida, una medida antidumping tiene una vigencia de cinco años, renovable indefinidamente a solicitud del sector protegido. Con las modificaciones que se introducirán por decreto, las medidas tendrán una duración de entre dos y tres años, y solo podrán renovarse una vez por el mismo período, después de una nueva evaluación del caso.

Qué es el dumping

El «dumping» se produce cuando un producto se exporta a un precio inferior al del mercado interno del país de origen. No basta con la existencia de dumping para aplicar medidas, sino que también es necesario demostrar que las importaciones en cuestión causaron «daño a la producción nacional«. Existen tres tipos de derechos antidumping que pueden aplicarse:

• Derechos Ad Valorem: Se cobra un porcentaje sobre el valor del bien importado.
• Derechos Específicos: Se cobra una cantidad fija en dólares por unidad del bien importado.
• FOB Mínimos: Se establece un valor mínimo por unidad de producto que debe cumplir la importación para ingresar al mercado argentino.

En Argentina, se utilizan los tres tipos de medidas antidumping y estos mecanismos seguirán vigentes con los cambios propuestos. Sin embargo, las modificaciones implicarán ajustes en la magnitud y extensión de las medidas. Entre los cambios, se espera una reducción en los derechos antidumping y una duración más corta de las medidas, con un enfoque en la renovación basada en la continua prueba de daño.

El Gobierno también busca evitar la prolongación excesiva de medidas proteccionistas sin un análisis adecuado del daño. En algunos casos, las medidas antidumping se han mantenido vigentes durante más de 20 años y se considera que esto puede distorsionar el mercado y encarecer los productos para los consumidores. La intención es garantizar que las medidas antidumping sean efectivas y justas, evitando la protección indefinida de sectores que pueden haber cambiado significativamente con el tiempo.

Fuente: Derecha Diario

En la jornada de cierre de la primera Expo Real Estate, que se llevó a cabo ayer en el hotel Hilton de Puerto Madero, el presidente de IRSA, Eduardo Elsztain, tomó la palabra.

Elsztain, uno de los empresarios más influyentes de Argentina y estrecho colaborador del presidente Javier Milei, ofreció una visión optimista sobre la economía y la gestión actual del Gobierno.

“En estos 8 meses, he observado una disciplina fiscal excepcional, algo que rara vez se ha visto antes. El crédito hipotecario será el principal impulsor del crecimiento en el sector inmobiliario”, destacó el líder del conglomerado económico, que también controla otras compañías como el Banco Hipotecario y Cresud. Antes de fin de año, está previsto que IRSA inicie un ambicioso proyecto inmobiliario que requerirá una inversión superior a los 2.000 millones de dólares.

IRSA –Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima– es la principal empresa argentina dedicada a inversiones en bienes raíces. Cotiza en Wall Street y es la mayor propietaria de centros comerciales y shoppings en el país.

Después de su intervención en la exposición, que atrajo a desarrolladores, inmobiliarias y público en general, Elsztain conversó con periodistas. “Si se mantiene esta tendencia y la disciplina fiscal persiste, con una inflación controlada y créditos a tasas accesibles, no tengo dudas de que 2025 será un año de gran crecimiento para toda la economía”, afirmó.

Elsztain también subrayó la importancia de la confianza, afirmando que “con ella, cada vez más personas se atreverán a acceder a un crédito. Para ello, el camino digital es esencial; la simulación de un crédito y el cálculo de cuotas en función de los ingresos es un avance que permitirá a miles de argentinos hacer el esfuerzo de adquirir su propio hogar”.

“Es la primera vez que, en un contexto de crisis, todos nuestros locales están ocupados en todos nuestros shoppings. De hecho, en el DOT y otros centros del interior del país, hay lista de espera, ya que, aunque los comercios atravesaron dificultades en el primer cuatrimestre y al final del año pasado, ahora están experimentando una recuperación en ventas. Si la economía sigue mejorando, las ventas continuarán creciendo y se alcanzarán niveles satisfactorios”, concluyó.

Los proyectos

El presidente de IRSA anunció que la empresa tiene en mente desarrollar una serie de proyectos habitacionales, tanto en el AMBA como en las principales ciudades del país.

Uno de estos proyectos es Ramblas del Plata, un barrio diseñado para extender la Ciudad de Buenos Aires hacia el sur. Se construirá en la antigua Ciudad Deportiva de Boca Juniors, sobre 73 hectáreas, y contará con varios desarrollos que sumarán más de 6.400 viviendas de diversos tamaños y estilos. “Nuestro objetivo es ofrecer precios comparables al metro cuadrado de Puerto Madero, pero orientados a la clase media y media alta, permitiendo la compra mediante crédito hipotecario”, comentó Elsztain.

Este desarrollo, que se completará en aproximadamente 12 años, pretende ser el barrio más moderno de CABA, con una superficie similar a la de Villa Ortúzar.

Además, IRSA planea construir edificios de departamentos en el Polo Dot (junto al shopping), reformar el Edificio del Plata para convertir sus oficinas en viviendas (donde se llevará a cabo Casa FOA en octubre), desarrollar el emprendimiento Mz35 en el barrio de Caballito, y en La Plata, crear un “centro de usos mixtos” que incluirá un centro comercial, parcelas residenciales, un hotel y espacios de entretenimiento, entre otras instalaciones.

«La reaparición del crédito hipotecario fue el puntapié inicial de los nuevos horizontes económicos de nuestro país. La trayectoria de IRSA en el mercado inmobiliario es la garantía de los proyectos que estaremos desarrollando a nivel federal«, afirmó Elsztain.

La inversión prevista para estos proyectos supera los 2.000 millones de dólares, y en varios casos contará con la colaboración de diversos grupos desarrolladores nacionales e internacionales.

Jorge Cruces, Chief Investment Officer de la compañía, también mencionó otros proyectos, como viviendas en Rosario (cerca de Alto Rosario), desarrollos frente al Abasto Shopping, un barrio cerrado en Ezpeleta, en el sur del GBA, dos edificios junto a Córdoba Shopping y un proyecto próximo al aeropuerto de Carrasco en Montevideo, Uruguay.

“IRSA sigue profundizando el concepto de soluciones personales, donde se integran la vivienda y los servicios cotidianos que brinda el centro comercial. Ya sea para ir al supermercado, hacer las compras o para sus actividades recreativas, nuestro foco está en facilitarle la vida a las personas”, concluyó Cruces.

Fuente: Derecha Diario