La Cámara de Diputados de la Nación votó en contra del aumento de los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en $100.000 millones, de acuerdo a lo establecido en el DNU 656/24 de Javier Milei.

Sin embargo, al no alcanzar los dos tercios de los votos en la Cámara baja, la Secretaría de Inteligencia del Estado no tiene la obligación de devolver el monto que ya fue ejecutado como parte de su presupuesto.

El quórum para tratar el proyecto contó con el apoyo de dos legisladoras electas por La Libertad Avanza. Se trata de Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci, quienes nuevamente vuelven a traicionar a sus electores.

La votación salió con 156 votos afirmativos a la normativa de revertir el aumento de presupuesto y contó con la complicidad de la mayoría de los legisladores del PRO y de la UCR. Es importante remarcar que todavía falta una votación clave en el Senado para conocer el futuro del DNU 656/24.

Quien negoció directamente con la dirigencia del kirchnerismo para concretar el rechazo del DNU este miércoles fue el expresidente Mauricio Macri. El líder del PRO, acostumbrado a espiar a sus opositores con las agencias de inteligencia, temía que lo espíen a él.

Sin embargo, los fondos que firmó el presidente Javier Milei nada tenían que ver con eso, sino que estaban enfocados en reforzar la defensa contra intervenciones extranjeras y desbaratar células terroristas instaladas en el país.

Uno por uno, todos los legisladores que votaron a favor de desfinanciar a la SIDE:

• AGOST CARREÑO, OSCAR
• AGUIRRE, HILDA
• AGUIRRE, MANUEL IGNACIO
• ALI, ERNESTO «PIPI»
• ALIANIELLO, EUGENIA
• ALONSO, CONSTANZA MARIA
• ARAUJO HERNANDEZ, JORGE NERI
• ARDOHAIN, MARTIN
• ARROYO, DANIEL
• AUBONE, ANA FABIOLA
• AVEIRO, MARTIN
• AVICO, BELEN
• AVILA, FERNANDA
• AVILA, JORGE ANTONIO
• BANFI, KARINA
• BASTERRA, LUIS EUGENIO
• BENEDETTI, ATILIO
• BERMEJO, ADOLFO
• BESANA, GABRIELA
• BIASI, VANINA
• BONGIOVANNI, ALEJANDRO
• BORREGO, VICTORIA
• BRAMBILLA, SOFIA
• BROUWER DE KONING, GABRIELA
• BRUGGE, JUAN FERNANDO
• CAFIERO, SANTIAGO
• CAMPAGNOLI, MARCELA
• CARBAJAL, FERNANDO
• CARIGNANO, FLORENCIA
• CARRIZO, ANA CARLA
• CARRIZO, SOLEDAD
• CARRO, PABLO
• CASAS, SERGIO GUILLERMO
• CASTAGNETO, CARLOS DANIEL
• CASTILLO, CHRISTIAN
• CHAHER, LEILA
• CHICA, JORGE
• CHOMIAK, MARIA LUISA
• CHUMPITAZ, GABRIEL FELIPE
• COBOS, JULIO
• COLETTA, MARIELA
• COLI, MARCELA
• DAIVES, RICARDO
• DE LA SOTA, NATALIA
• DE SENSI, MARIA FLORENCIA
• DEL CAÑO, NICOLÁS
• ESTEVEZ, GABRIELA
• FEIN, MONICA
• FERNANDEZ MOLERO, DAIANA
• FERNANDEZ PATRI, RAMIRO
• FERRARO, MAXIMILIANO
• FIGUEROA CASAS, GERMANA
• FINOCCHIARO, ALEJANDRO
• FRADE, MONICA
• FREITES, ANDREA
• GAILLARD, ANA CAROLINA
• GALIMBERTI, PEDRO JORGE
• GINOCCHIO, SILVANA MICAELA
• GIORGI, MELINA
• GIULIANO, DIEGO A
• GLINSKI, JOSE
• GOLLÁN, DANIEL
• GOMEZ, JOSE
• GONZALEZ, ALVARO
• GONZALEZ, GUSTAVO CARLOS MIGUEL
• GUTIERREZ, RAMIRO
• HAGMAN, ITAI
• HELLER, CARLOS
• HERRERA, BERNARDO JOSE
• HERRERA, RICARDO
• IANNI, ANA MARIA
• IPARRAGUIRRE, ROGELIO
• JULIANO, PABLO
• KIRCHNER, MAXIMO CARLOS
• LASPINA, LUCIANO ANDRES
• LEDESMA, TOMÁS
• LEIVA, ALDO
• LITZA, MÓNICA
• LOPEZ, JUAN MANUEL
• LOPEZ MURPHY, RICARDO HIPOLITO
• LOPEZ RODRIGUEZ, DANTE
• LOSPENNATO, SILVIA
• MACHA, MONICA
• MACYSZYN, LORENA
• MANES, FACUNDO
• MANRIQUE, MARIO
• MARIN, VARINIA LIS
• MARINO, JUAN
• MARTINEZ, GERMAN PEDRO
• MARZIOTTA, GISELA
• MASSOT, NICOLAS
• MASTALER, MAGALI
• MIRABELLA, ROBERTO
• MOLLE, MATIAS
• MONTI, FRANCISCO
• MONTOTO, MARIA LUISA
• MONZON, ROXANA
• MORAN, MICAELA
• MORCHIO, FRANCISCO
• MOREAU, CECILIA
• MOREAU, LEOPOLDO
• NEDER, ESTELA MARY
• NOBLEGA, SEBASTIAN
• OLIVETO LAGO, PAULA
• OSUNA, BLANCA INES
• PALAZZO, SERGIO OMAR
• PAROLA, MARIA GRACIELA
• PASSO, MARCELA FABIANA
• PAULON, ESTEBAN
• PEDRINI, JUAN MANUEL
• PENACCA, PAULA ANDREA
• PEREYRA, JULIO
• PICHETTO, MIGUEL ANGEL
• PIPARO, CAROLINA
• POKOIK, LORENA
• POLINI, JUAN CARLOS
• POTENZA, LUCIANA
• PROPATO, AGUSTINA LUCRECIA
• QUETGLAS, FABIO JOSE
• RANDAZZO, FLORENCIO
• RAUSCHENBERGER, ARIEL
• RAZZINI, VERONICA
• RIZZOTTI, JORGE
• ROMERO, ANA CLARA
• ROMERO, JORGE ANTONIO
• SANCHEZ, ROBERTO ANTONIO
• SAND, NANCY
• SANTILLI, DIEGO
• SANTORO, LEANDRO
• SARAPURA, NATALIA SILVINA
• SCHLOTTHAUER, MONICA LETICIA
• SELVA, SABRINA
• SILEY, VANESA RAQUEL
• SNOPEK, GUILLERMO
• SORIA, MARTIN
• SOTOLANO, MARIA
• STEFANI, HECTOR ANTONIO
• STOLBIZER, MARGARITA
• STRADA, JULIA
• TAILHADE, RODOLFO
• TAVELA, DANYA
• TETAZ, MARTIN ALBERTO
• TODERO, PABLO
• TOLOSA PAZ, VICTORIA
• TONIOLLI, EDUARDO
• VALDES, EDUARDO FELIX
• VARGAS MATYI, BRENDA
• VIDAL, MARIA EUGENIA
• VILCA, ALEJANDRO
• VOLNOVICH, LUANA
• YASKY, HUGO
• YEDLIN, PABLO RAUL
• YEZA, MARTIN
• YUTROVIC, CAROLINA
• ZARACHO, NATALIA
• ZULLI, CHRISTIAN ALEJANDRO

Fuente: Derecha Diario

El senador radical filo K Martín Lousteau volvió a sus orígenes y se alió con el kirchnerismo para quedarse con la presidencia de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Servicios de Inteligencia, un lugar que le correspondía al oficialismo.

El titular de la Unión Cívica Radical (UCR), que se puso en contra de gran parte de su partido y se mostró enemistado con el Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases, tendrá una silla clave. Es que el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner podrá supervisar la reforma de Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que implementó el oficialismo para resguardar la seguridad nacional.

El kirchnerista Lousteau afirmó que “el Gobierno sepa que vamos a ejercer el rol como corresponde”. Asimismo, aseguró que buscará controlar el “funcionamiento de un sistema de inteligencia que ha funcionado muy mal”.

La comisión bicameral que cuenta con 14 bancas, siete por cada Cámara, quedó conformada de la siguiente manera: seis kirchneristas (Germán Martínez, Paula Penacca, Oscar Parrilli, Wado de Pedro, Leopoldo Moreau y Florencia López), tres del PRO (Martín Goerling, Cristian Ritondo, Elizabeth Terenzi), dos libertarios (Gabriel Bornoroni y César Treffinger), dos “radicales” (Mariela Coletta y Martín Lousteau) y por un peronista federal (Edgardo Kueider).

El titular de la UCR le sacó un lugar clave al oficialismo y continúa profundizando su rol opositor a Javier Milei. Por su parte, el resto de las bancas fueron ocupadas por los kirchneristas Leopoldo Moreau, vicepresidente de la comisión, y por el senador Oscar Parrilli, vicepresidente segundo.

Amenazas de terrorismo por parte de Irán

Hace unas semanas, el Gobierno de Javier Milei reconoció que fue advertido por Israel sobre posibles ataques iraníes en el país tras declarar a los terroristas de Hamas como una organización de esa índole.

El vocero presidencial Manuel Adorni había informado que el Gobierno de Javier Milei recibió una alerta de Israel sobre un potencial ataque por parte de Irán en el país. Es por esto que el tener una inteligencia profesional y abocada a la defensa del país es fundamental para prevenir este tipo de amenazas.

Sin ir más lejos, la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló recientemente una organización terrorista islámica que planeaba atentados contra la comunidad judía en la provincia de Mendoza.

El Departamento de Investigación Antiterrorista de la PFA arrestó a 7 miembros de una célula terrorista en la provincia cuyana, donde se incautó una gran cantidad de armas de fuego, armas blancas, dispositivos electrónicos y literatura de origen salafista.

Fuente: Derecha Diario

La posibilidad de una ruptura en los bloques legislativos de Unión por la Patria (UP) se cierne cada vez más sobre el peronismo. Las señales de esta fractura son constantes y el malestar que emana del Congreso expone las divisiones internas que sacuden al principal espacio opositor. Su unidad política se muestra cada vez más debilitada.

Todas las miradas están puestas en el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, uno de los peronistas con mejor relación con el gobierno de Javier Milei, quien sostiene que es esencial mantener canales de diálogo abiertos para poder gobernar efectivamente. «Hay que ser pragmáticos para gobernar«, es una frase que repite con frecuencia a sus allegados.

Desde hace tiempo, Jalil ha mostrado signos de descontento ante las críticas provenientes de los bloques legislativos por su disposición a apoyar iniciativas como la ley Bases, la firma del Pacto de Mayo y el regreso del impuesto a las Ganancias. La mayoría de estas críticas provienen del sector kirchnerista, que lo señala por no alinearse con la postura central del movimiento.

Además, el mandatario de Catamarca mantiene conversaciones regulares con otros gobernadores que no pertenecen a UP y que buscan colaborar en conjunto de cara al futuro. En este sentido, están trabajando en la formación de un bloque de senadores que constituya una oposición dialoguista con la gestión de Javier Milei, buscando un camino intermedio en el Senado.

Los gobernadores que cooperan con la administración de Javier Milei

Además de Jalil, los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alberto Weretilnek (Río Negro), Hugo Passalacqua (Misiones) y Leandro Zdero (Chaco) están también en contacto. Algunos participan con un perfil más alto, mientras que otros prefieren la discreción.

El diálogo fluye entre estos gobernadores que buscan una postura común para sobrevivir políticamente: ser una oposición dialoguista, sin oponerse completamente a LLA. Ni tan cercanos al gobierno como el ala dura del PRO, ni tan distantes como el kirchnerismo.

Este es un punto a tener en cuenta en el escenario político, sobre todo porque tanto Juntos por el Cambio como Unión por la Patria están en proceso de reacomodamiento. Ya no son lo que eran; tienen grietas y filtraciones. Estas fracturas son causadas por el gran triunfo de Milei y su forma de gobernar, además de los posicionamientos iniciales en relación con la colaboración o no para asegurar la gobernabilidad.

La mayoría de los gobernadores involucrados en las conversaciones políticas son líderes de fuerzas provinciales, un modelo territorial que Jalil ha estado analizando minuciosamente desde hace tiempo. No parece una coincidencia que esta estrategia esté rondando la mente del Gobernador, especialmente en un momento en el que su relación con la conducción de Unión por la Patria (UP) es tensa y difícil.

«Hay algunos legisladores que están dispuestos y con ganas de irse«, adelantó uno de los gobernadores inmerso en estas redes de negociaciones subterráneas. Las miradas se dirigen hacia dos peronistas: la jujeña Carolina Moises y el catamarqueño Guillermo Andrada. Ambos forman parte del bloque de UP.

Crisis en el peronismo

Sin embargo, hay otros nombres que también están descontentos con la conducción kirchnerista, que se quejan de la falta de participación en las decisiones del bloque, y que, si las condiciones son propicias, podrían decidirse a cambiar de rumbo. Por ahora, se mantienen en silencio y esperan el momento adecuado para actuar. Esta nueva construcción beneficia tanto a los legisladores como al Gobierno, que busca debilitar el poder del peronismo en ambas cámaras del Congreso.

Estos movimientos están generando una nueva crisis dentro del peronismo, que lucha por encontrar un rumbo claro y por desarrollar una estrategia política que abarque todo el espacio. Esta es otra barrera que dificulta su cohesión, solidez y pragmatismo frente al poder.

La coalición opositora atraviesa días complicados debido al impacto negativo del escándalo de Alberto Fernández. Están en el centro de la escena por las controversias del pasado, no por sus propuestas actuales. Es un lugar del que les costará salir, y del que todos parecen querer escapar.

Fuente: Derecha Diario

La Fiscalía española, bajo la presunta dirección del partido socialista, ha encendido un debate sobre la regulación de las redes sociales en el país.

El fiscal de Sala Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, ha propuesto una medida que podría tener un impacto significativo en la libertad digital: Prohibir el acceso a redes sociales a quienes sean condenados por delitos de odio, al menos en los casos más graves.

La idea, presentada durante una entrevista con en un medio de izquierda, se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por parte de las autoridades españolas, quienes buscan controlar la proliferación de discursos que no avalan la discursiva oficial.

Esta medida se basaría en precedentes legales como la sentencia del Tribunal Supremo que prohibió a un «influencer» acceder a internet | Redes sociales

Contexto de la propuesta

La iniciativa surge en un momento delicado, en el que la Fiscalía está investigando supuestos mensajes de odio que circulan en redes sociales. Desde las redes apuntan falsamente a migrantes como responsables del asesinato de un niño de 11 años en Mocejón, Toledo.

Estos mensajes, que se difundieron rápidamente, alimentaron un clima de xenofobia y desinformación, según Aguilar. El fiscal explicó que, en los casos de mayor gravedad, sería «proporcionado y necesario» prohibir temporalmente el acceso a las redes sociales a los condenados por delitos de odio.

Esta medida se basaría en precedentes legales como la sentencia del Tribunal Supremo que prohibió a un «influencer» acceder a internet tras ser condenado por humillar a personas sin hogar.

Justificación y críticas a la medida

El fiscal justifica su propuesta argumentando que, al igual que se puede restringir la libertad física de una persona condenada por un delito, es razonable considerar la restricción de su acceso a plataformas donde se cometió el delito.

Además, Aguilar aboga por una identificación obligatoria de los usuarios en las redes sociales para facilitar la labor de las autoridades judiciales en la persecución de estos crímenes. Según el fiscal, esta medida sería comparable a la identificación que se requiere para conducir un coche o una moto.

Sin embargo, la propuesta ha generado preocupación en varios sectores que temen que estas medidas puedan restringir las libertades individuales. También creen que esta medida abriría la puerta a un control excesivo de la libertad de expresión en internet.

La posibilidad de obligar a los usuarios a estar debidamente identificados también ha sido objeto de debate. Es que podría afectar la privacidad de los usuarios y ser contraproducente para la libertad de expresión.

El fiscal ha señalado que la implementación de estas medidas requeriría una reforma del Código Penal, una tarea que no será sencilla dada la complejidad y las implicaciones de tal cambio. Aguilar también hizo un llamado a otros estamentos, incluyendo el sistema educativo, para que se involucren en la prevención del odio en línea, subrayando que la ley no puede ser el único instrumento para abordar este problema.

Fuente: Derecha Diario

Las víctimas son tres varones de entre 8 y 14 años. Su madre, de 36, fue detenida tras una amplia investigación. El padre y el dueño de la vivienda también fueron arrestados.

Una mujer de 36 años fue detenida, acusada de haber entregado a sus tres hijos varones, de entre 8 y 14 años, para ser explotados sexualmente por el dueño de la casa de Berazategui en la que vivían y así poder pagar el alquiler.

El arresto de Claudia R. (se reserva su nombre completo y se blurea su cara para no revictimizar a los menores) ocurrió tras una investigación del fiscal Daniel Ichazo, a cargo de la UFI 8 de esa localidad bonaerense, especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Material de Explotación Sexual Infantil y Grooming.

Ese hombre ya está detenido, al igual que el padre de los chicos, también acusado de cometer los abusos. Según mencionó una fuente judicial, Claudia R. incluso filmaba los ataques sexuales.

“Ella cooperó en los abusos desde el principio y después se fue de la casa abandonando a los menores en esa situación de abusos y explotación”, remarcó un vocero del caso a TN.

La carátula de la causa es “producción de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales agravada por ser la víctima menor de 13 años de edad, abuso sexual con acceso carnal agravado en su condición de cooperadora y corrupción de menores agravada”.

Claudia R. fue detenida durante un allanamiento a una casa de la localidad de Gobernador Costa, partido de Florencio Varela. Allí los policías de la División Cibercrimen secuestraron su teléfono celular, que será sometido a los peritajes de rigor.

Durante los procedimientos, en otro domicilio en la localidad de Quilmes los efectivos incautaron una notebook perteneciente al programa nacional Conectar Igualdad, un teléfono celular y un pendrive.

En esta última casa, como parte de una investigación paralela, fue imputado un joven de 25 años llamado Alexis A. por “tenencia de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales”.

Desde el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre en Israel, Donald Trump y otros destacados dirigentes republicanos han instado repetidamente a la administración de izquierda de Joe Biden y Kamala Harris a deportar a los extranjeros en Estados Unidos que apoyen abiertamente a Hamas u otras organizaciones del terrorismo islámico.

El mes pasado, una de las 20 promesa de MAGA de la plataforma adoptada en la Convención Nacional Republicana fue «deportar a los radicales pro-Hamas y asegurar que nuestros campus universitarios sean seguros y patrióticos nuevamente«.

Sin embargo, los defensores de las protestas anti-semitas y anti-américa afirman que Trump y otros republicanos están equivocados. Según los violentos, «la gran mayoría de los manifestantes son ciudadanos estadounidenses» que, de acuerdo con la Primera Enmienda y la legislación estadounidense vigente, «tienen el derecho de expresar opiniones antisemitas, antiisraelíes o a favor de Hamas, siempre que no infrinjan la ley«.

Las organizaciones musulmanas estadounidenses, quienes se presentan como defensores de «los derechos civiles«, sostienen que la gran mayoría de las manifestaciones pro-palestinas han sido «pacíficas» y «no han mostrado apoyo público a Hamas«, algo qué, a la luz de los hechos, es totalmente falso. Miles de fotos y videos se han viralizado en donde dichas manifestaciones fomentan la violencia y el odio, y en donde sus participantes queman, roban y vandalizan tanto propiedades públicas como privadas.

En el mismo sentido, se espera que las violentas protestas musulmanas, que se extendieron por los campus universitarios estadounidenses y ocuparon las calles de algunas ciudades esta primavera resurjan, debido a sus vínculos de amistad, en la Convención Nacional Demócrata en Chicago.

Distintos funcionarios demócratas informaron que hasta ahora solo han identificado a cuatro estudiantes extranjeros con visas académicas que, según ellos, fueron arrestados, se les prohibió graduarse o fueron expulsados por participar en protestas no autorizadas en el campus. Sin embargo, exfuncionarios de la administración Trump argumentan que hay más estudiantes extranjeros involucrados en las protestas en los campus y acusan a la administración Biden y a las universidades de ocultar esta información.

Los cuatro estudiantes mencionados por los demócratas estaban inscritos en las universidades de Harvard, Columbia, Emory y la Universidad de Pensilvania. Las universidades se negaron a hacer comentarios, citando cuestiones de privacidad, o no respondieron a las solicitudes de comentarios. De igual manera, los cuatro estudiantes no respondieron a las solicitudes de entrevistas.

Ben Wizner, director del Proyecto de Libertades Civiles, Privacidad y Tecnología de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, afirmó que los extranjeros con visas también «están protegidos por la Primera Enmienda«. En defensa de los terroristas, aseguró que sería «inconstitucional» que las autoridades intentaran deportarlos «únicamente por expresar su apoyo a Hamas en las protestas«.

Reed Rubinstein, exfuncionario de la administración Trump y vicepresidente senior de America First Legal, una firma de abogados fundada por el exasesor de Trump Stephen Miller, afirmó que los extranjeros con visas o que las soliciten no pueden apoyar a grupos terroristas, responsables de las muertes de miles de ciudadanos inocentes en medio oriente.

«Si eres extranjero y muestras tu apoyo a Hamas, eso debería llevar a tu expulsión del país«, dijo Rubinstein, quien ocupó altos cargos en los departamentos de Justicia y Educación durante el gobierno de Trump. «Si eres ciudadano estadounidense y expresas tu apoyo a Hamas, eso está permitido«.

Durante los últimos 10 meses, los republicanos en el Congreso han propuesto repetidamente leyes y enviado cartas a la administración Biden pidiendo la aplicación de las leyes de inmigración que establecen que los visitantes extranjeros no son elegibles para obtener visas o admisión al país si «apoyan» o «respaldan» la actividad terrorista.

«Cuando sea presidente, no permitiremos que radicales violentos tomen el control de nuestras universidades«, dijo Trump a una multitud en Nueva Jersey en mayo. «Si vienes de otro país y tratas de traer el yihadismo, el antiamericanismo o el antisemitismo a nuestros campus, te deportaremos de inmediato«.

Un informe del NBC News, con videos, fotografías y relatos de noticias sobre los manifestaciones violentos en los campus universitarios esta primavera, mostró que los estudiantes que apoyaban a Hamas eran muy numerosos, y que hubo informes de violencia y destrucción de propiedad.

Algunos de los manifestantes de izquierda y defensores del terrorismo islámico llamaron a un levantamiento armado, y a la expulsión de los israelíes de su propio país. «Desde el río hasta el mar», un lenguaje que se interpreta como un llamado a la destrucción del Estado de Israel y el establecimiento de un Estado palestino.

Durante el verano, la peligrosa retórica pro-Hamas pareció intensificarse en algunas protestas. Cuando los manifestantes inundaron las calles de Washington DC, en respuesta a la visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el mes pasado, algunos pintaron: «Hamas está llegando» en una estatua fuera de Union Station. Junto a la amenaza musulmana, había un triángulo rojo invertido, que el ala militar terrorista de Hamas ha usado para marcar sus objetivos.

Fuente: Derecha Diario