El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó que las inversiones del sector privado son fundamentales para generar riqueza y empleo en el país, durante una visita a las instalaciones de Mercado Libre.

Acompañado por el CEO de la empresa, Marcos Galperin, Milei celebró el anuncio de un nuevo centro de almacenamiento que implicará una inversión de 75 millones de dólares y creará 2.500 nuevos puestos de trabajo, tanto directos como indirectos.

En su discurso en la planta de Saavedra, el mandatario criticó los modelos económicos del pasado y aseguró que “durante los últimos 100 años, Argentina fue castigada por gobiernos que no comprendieron la relación entre el Estado y el sector privado”. Según Milei, los políticos “no saben cómo generar riqueza y cuando lo intentan, solo provocan corrupción”.

El sector privado como motor de crecimiento

Milei subrayó la importancia de permitir al sector empresarial operar libremente para producir bienes y servicios de calidad a precios competitivos. “Un empresario exitoso es un benefactor social”, afirmó, explicando que si una empresa gana dinero es porque ha solucionado un problema para la sociedad.

El presidente también agradeció a Galperin y su equipo por ser “grandes benefactores sociales” que están mejorando la vida de los argentinos y ciudadanos en toda América Latina. Calificó a Mercado Libre como un «ejemplo de innovación» y un reflejo del potencial que tiene el país, incluso en momentos difíciles.

El futuro económico de Argentina

Milei destacó que Mercado Libre representa la Argentina que él y su equipo sueñan construir. Además, hizo un llamado a imaginar lo que se podría lograr con mejores condiciones macroeconómicas y la reducción del «costo argentino», refiriéndose a los obstáculos que encarecen la actividad económica en el país.

El mandatario señaló que para mejorar la competitividad y el crecimiento económico es esencial superar la inflación y recuperar la estabilidad. Asimismo, abogó por reducir costos derivados del crédito caro, una legislación laboral obsoleta, la excesiva burocracia, y altos impuestos y regulaciones que afectan a la economía argentina.

Los detalles de la inversión anunciada por Mercado Libre

La empresa líder en comercio electrónico anunció una inversión de USD 75 millones para la construcción de su segundo centro de almacenamiento en Argentina. Este nuevo centro estará ubicado en el predio del Mercado Central, al igual que el primero, y se espera que su finalización esté lista para finales de 2025. La obra, que abarcará 56.000 metros cuadrados (equivalente a 9 canchas de fútbol), será desarrollada por Plaza Logística.

El nuevo centro permitirá a Mercado Libre duplicar su capacidad de procesamiento de productos, pasando de 200 mil a 400 mil unidades diarias. Además, la obra implicará la incorporación de 2.300 nuevos empleados y generará miles de puestos de trabajo indirectos, lo que refuerza el compromiso de la compañía con el crecimiento del empleo en Argentina.

Ariel Szarfsztejn, presidente de commerce de Mercado Libre, destacó la importancia de esta inversión para el futuro del e-commerce en el país. “Esta inversión nos permitirá desarrollar nuevos verticales de negocios y potenciar la cantidad de envíos rápidos y seguros, ofreciendo una mejor experiencia de compra y venta a nuestros millones de usuarios», afirmó Szarfsztejn.

Con este proyecto, Mercado Libre refuerza su apuesta por la consolidación del comercio electrónico en Argentina, buscando ser protagonista del crecimiento económico del país en los próximos años.

Fuente: Derecha Diario

Desde el viernes pasado, el Gobierno de Javier Milei ha comenzado una investigación, basada en evidencia concreta, para rastrear un importante flujo de dinero utilizado por redes financieras para transferir fondos provenientes de posibles agentes del terrorismo islámico.

La Unidad de Información Financiera (UIF) recibió Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de una aplicación de billetera virtual, una compañía de seguros y otros bancos. Estos informes indicaron que dos personas, que figuran como posibles terroristas en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), habían empleado el sistema financiero argentino para mover fondos destinados a objetivos del terrorismo islámico.

Todo esto se da en un contexto en donde prácticamente toda la oposición, aún conociendo el peligro que representa el terrorismo para nuestro país, y las constantes amenazas de muerte realizadas al presidente Milei, rechazó el financiamiento de 100 millones de dólares para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), dejando al país completamente indefenso y entregado al terrorismo internacional.

Los dos individuos investigados fueron incluidos en la lista de potenciales terroristas el 27 de agosto pasado. La UIF concluyó que los movimientos sospechosos eran suficientemente graves como para tomar una primera medida extrema, con más acciones previstas en las próximas horas.

Los dos identificados por haber movido dinero ilegal, según el análisis de la ONU, la Casa Blanca y agencias de Inteligencia de potencias extranjeras, son un ciudadano argentino, que se identificará con las iniciales MAFU, originario de Córdoba; y el otro, nacido en Siria, están acusados por Estados Unidos de ser partes de los principales financistas de la agrupación Hezbollah, el brazo armado del régimen teocrático de la República Islámica de Irán, encargado de expandir la revolución del terror a nivel global.

Este último, Tawfiq Muhammad Sa AL-WAL, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a nivel mundial tras determinar que era responsable de proporcionar material, apoyo económico, tecnológico, y bienes o servicios a las Fuerzas Al Quds, la organización encargada de planificar atentados en diferentes ciudades del mundo por mandato de Irán, utilizando siempre a Hezbollah para sus operaciones en el terreno.

AL-WAL habría empleado una red de empresas y hasta barcos en puertos importantes para trasladar material desde Irán a puertos occidentales con el fin de desplegar el terror cuando sus líderes decidan atacar a las democracias opuestas a Teherán. Argentina, bajo el gobierno de Milei, es una de ellas.

De acuerdo con la información de Estados Unidos, AL-WAL tiene varios socios internacionales, y su influencia «empresarial» se extiende a países como Kuwait, India, Siria, Líbano y China. El Departamento del Tesoro lo describió como «el cambiador de dinero sirio con sede en el Líbano» y añadió que realizó transferencias en criptomonedas a través de empresas sancionadas por ser propiedad de Hezbollah y sus líderes.

El argentino involucrado en posibles transferencias de dinero para financiar el terrorismo islámico podría estar asociado con una nueva agrupación considerada oficialmente terrorista por el Estado argentino, Hamas.

Una vez que AL-WAL y el argentino identificado por las siglas MAFU fueron incluidos en la lista de «RePET» en Argentina, se generó un gran revuelo entre las autoridades. Diversos profesionales y empresas, consideradas por ley como «sujetos obligados» a reportar maniobras de dinero de posibles terroristas, enviaron rápidamente información sobre los dos sospechosos mencionados. Financieras virtuales, bancos tradicionales y hasta una aseguradora elevaron a la UIF varias transferencias sospechosas asociadas con el enigmático cordobés MAFU, y aún más intrigante, con el sirio AL-WAL.

En una «Notificación Masiva» que, aunque no es confidencial, incluye un anexo reservado exclusivamente para investigadores autorizados a manejar información clasificada de este tipo, la UIF ha ordenado a todas las entidades que procedan con el «congelamiento administrativo de bienes y/o dinero» por un período de seis meses en relación a los Sres. MAFU (siglas de su nombre y apellido) y Tawfiq Muhammad Sa id Al-LAW.

Desde que Javier Milei cambió rotundamente la política exterior de Argentina, alineándose con Estados Unidos, Israel y Ucrania, entre otros, representantes de Irán, Hamás y Hezbollah han lanzado amenazas de «represalias» contra el país.

El Gobierno Nacional está en alerta. Hezbollah, que ha estado operando en Argentina desde los años ’80, ha expandido sus actividades con paciencia y estrategia, logrando su objetivo de terror al llevar a cabo los atentados contra la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y luego contra la AMIA.

Con el fin del mandato de los Kirchner y de Fernández, quienes eran aliados del régimen terrorista iraní, la amenaza de estos grupos ha vuelto a ser grave. Argentina se encuentra en conflicto con Irán, Hezbollah, Rusia y otras naciones que buscan desestabilizar las democracias occidentales y exterminar a sus ciudadanos.

La UIF y la Justicia están trabajando para prevenir cualquier posible ataque no solo en Argentina, sino también en otras ciudades internacionales a las que podrían haberse dirigido los fondos del cordobés señalado como posible terrorista y del autodenominado terrorista AL-LAW.

Las operaciones de los acusados por la UIF podrían tener socios en negocios relacionados con la venta de armas o el narcotráfico a nivel internacional, fuentes de riqueza para el más sangriento y poderoso crimen organizado. Este crimen está respaldado por regímenes tiránicos que no toleran diferencias ideológicas, democracias plenas y creencias religiosas diversas.

La importancia de los servicios de inteligencia

La historia demuestra que contar con unos servicios de inteligencia avanzados y modernos es fundamental para detectar y neutralizar todo tipo de amenazas. En un contexto donde el terrorismo internacional utiliza sofisticadas redes financieras, la capacidad para anticipar y desarticular operaciones es esencial para proteger la seguridad nacional y global.

Por esto mismo, es importante remarcar una vez más la gravedad de lo ocurrido en el Congreso, en donde todos los partidos opositores se pusieron de acuerdo para desfinanciar a la SIDE y dejar a la Argentina completamente indefensa.

Fuente: Derecha Diario

La Universidad Madres de Plaza de Mayo rechazó la auditoría propuesta por el gobierno nacional, lo que no hace más que escalar la tensión entre las partes.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, denunció graves irregularidades en la institución y afirmó que las autoridades de la universidad “tienen miedo” de lo que el rector normalizador, Eduardo Maurizzio, pueda descubrir al revisar los estados contables.

Álvarez, en diálogo con Radio Mitre, describió la situación administrativa de la universidad como un «caos», señalando la existencia de dos rectores “electos entre sí” sin autorización oficial, y la falta de un sistema contable adecuado. Según el funcionario, los sueldos de los empleados se liquidan manualmente y el Estado no tiene claridad sobre la cantidad exacta de personas que trabajan en la universidad. “Se estima que hay unas 250 personas, pero no tenemos certeza porque se han nombrado empleados sin control”, explicó.

Además, Álvarez expresó su preocupación por la resistencia de la universidad a permitir la auditoría, insinuando que podrían estar ocultando información comprometedora. “Creo que tienen miedo de lo que podamos encontrar cuando el rector normalizador ingrese y realice una auditoría”, agregó.

Fondos millonarios y solo 16 egresados

Según Infobae, la Universidad Madres de Plaza de Mayo recibió más de $1.500 millones durante el gobierno de Alberto Fernández, pero solo logró que 16 de los 2.564 estudiantes inscritos se graduaran, lo que representa apenas un 0,62% de la matrícula, el peor desempeño entre todas las universidades del país.

Álvarez también destacó la falta de transparencia en el manejo de estos fondos, afirmando que aún no ha podido acceder a los estados contables “si es que existen”. Denunció que la administración financiera de la universidad es desastrosa y carece de un sistema de registro adecuado.

Controversias académicas y financieras

El subsecretario también criticó el manejo de la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, calificándola como un “agujero de financiamiento oscuro”. Además, cuestionó el contenido de algunas carreras ofrecidas por la universidad, como la materia “Derecho Penal de los Ricos” en la carrera de Abogacía, sugiriendo que envía un mensaje inapropiado a los estudiantes, muchos de los cuales provienen del penal de Marcos Paz.

Transformación en Universidad Nacional y conflictos legales

El Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo fue transformado en Universidad Nacional el 27 de septiembre de 2023, un proceso que fue cuestionado legalmente. Tres meses antes de esta conversión, la universidad, fundada por Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender, realizó una elección de autoridades que fue declarada irregular por la Justicia. Cristina Caamaño Iglesias Paiz fue elegida como rectora en esa elección.

Con la llegada al gobierno de La Libertad Avanza, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, decidió detener el financiamiento a la universidad, nombró a Eduardo Maurizzio como Rector Organizador y comenzó una auditoría para evaluar la calidad académica y el funcionamiento de la institución.

Las otras universidades bajo la lupa

Álvarez también mencionó que la Universidad de Buenos Aires (UBA) está siendo auditada, revelando que el 80% de los fondos auditables de la UBA no han sido justificados desde 2015. Sin embargo, señaló que la situación más grave es la de la Universidad de La Rioja, que tiene un 87% de fondos sin rendir y enfrenta conflictos administrativos, especialmente en su hospital.

Fuente: Derecha Diario

El fiscal federal Guillermo Marijuan presentó una denuncia penal contra el expresidente Alberto Fernández y otros funcionarios kirchneristas por el presunto delito de abuso de autoridad, tras las declaraciones públicas del exministro de Economía, Martín Guzmán, en las que confesó que la cuarentena dictatorial durante la pandemia se prolongó intencionalmente para «mejorar los resultados en las encuestas«, es decir, por motivos políticos y partidarios.

«Procedo a realizar una denuncia formal contra el expresidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, y los funcionarios que hayan intervenido en las decisiones reveladas, por la posible comisión del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal de la Nación.«, afirma la presentación, la cual será sorteada en las próximas horas en los tribunales de Comodoro Py 2002.

Marijuan mencionó en su denuncia que Guzmán, en una entrevista con el canal de streaming Cenital, declaró que las medidas sanitarias adoptadas durante la presidencia de Alberto Fernández se prolongaron por razones políticas. «La gestión de la pandemia era lo que fortalecía al Gobierno«, dijo Guzmán, añadiendo que «la extensión» de las restricciones sanitarias «fue más prolongada de lo que debería haber sido«. Según Guzmán, las decisiones tomadas en 2020 respondían al hecho de que el aislamiento era algo que «debían extender» porque les estaba «yendo bien con la sociedad«.

Alberto Fernández fue denunciado por abuso de autoridad

El artículo 248 del Código Penal sanciona al funcionario público que «emita resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales, o ejecute órdenes o resoluciones de esta índole, o no cumpla las leyes cuyo cumplimiento le corresponde«. Este tipo penal demanda un abuso general de autoridad, considerando los «actos u omisiones del funcionario que violan la Constitución o las leyes de manera dolosa«.

«La denuncia sostiene que los funcionarios implicados habrían actuado de manera arbitraria y abusiva al dictar normas para extender el confinamiento más allá de lo necesario, conscientes de la información técnica disponible, con el fin de obtener un beneficio político, y apartándose de las normas y del propósito que justifica el ejercicio de su alta función pública«, indicó Marijuan en la denuncia.

El fiscal solicitó que, además de la entrevista completa, se incluyan en la causa todas las normas dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional en relación con la pandemia de COVID-19, específicamente aquellas que se refieren a las restricciones para los ciudadanos y sus actividades. También se pidió al Poder Ejecutivo Nacional que reúna la información sobre reclamos personales, corporativos, empresariales, sindicales y de cualquier otro tipo, tanto públicos como privados, relacionados con las restricciones y sus injustificadas extensiones.

Marijuan también pidió que se convoque a declarar a los representantes legales y titulares de las principales cámaras empresariales del país, tanto de la industria como del comercio, para que informen sobre el nivel de actividad en sus sectores durante la pandemia y los perjudiciales efectos de las restricciones. Además, solicitó la misma información al INDEC y al Ministerio de Economía.

Asimismo, promovió la obtención de datos del Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, sobre la evolución de la nómina laboral pública y privada durante la pandemia. También se sugirió solicitar al Poder Ejecutivo Nacional información sobre si se realizaron encuestas a organismos públicos o entidades privadas respecto de la opinión ciudadana sobre la extensión de las restricciones y la gestión del gobierno en este tema, así como cualquier estudio de mercado relacionado con la pandemia.

La justificación detrás de la denuncia

En declaraciones a radio La Red, Marijuan detalló su denuncia y destacó el perjuicio que el aislamiento provocó a la ciudadanía, restringiendo la libertad de millones de personas y afectando la economía. «Esto confirma, a través de un nuevo hecho, que hubo un manejo extremadamente deficiente de la situación en ese momento tan difícil para la gente. Según el exministro, se tomaron decisiones basadas en encuestas que indicaban que la gente se sentía protegida, lo que llevó a extender las medidas», afirmó el fiscal. En respuesta a esto, se decidió presentar la denuncia para que se investigue, al igual que se impulsó la denuncia por el vacunatorio vip.

Fuente: Derecha Diario