La Corte Suprema del Reino Unido desestimó el pedido de Argentina para apelar una sentencia que obliga al país a pagar 1500 millones de dólares en el marco de la causa conocida como el “Cupón PBI”.
Esta sentencia está relacionada con la manipulación de datos del Indec por parte del entonces durante ministro de Economía Axel Kicillof durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Con esta decisión, Argentina pierde la última instancia legal para revertir el fallo de abril de 2023, dejando el camino libre para que los demandantes ejecuten la garantía de 313 millones de euros que el país había depositado en marzo como parte del proceso de apelación.
La manipulación de datos del Indec y el "Cupón PBI": origen de la demanda
El litigio se originó por la manipulación de las estadísticas de crecimiento económico, una estrategia implementada para evitar el pago de los bonos conocidos como “Cupón PBI” durante la presidencia de Cristina Kirchner.
Otra deuda de Kicillof y Cristina Kirchner | La Derecha Diario
En 2014, el gobierno kirchnerista modificó la fórmula de cálculo del crecimiento económico, lo que impidió el pago de intereses correspondientes al año 2013.
En 2013, Argentina ya había perdido una demanda en el Reino Unido, iniciada por los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited, quienes reclamaban US$636 millones.
Sin embargo, el fallo de abril de 2023 amplió el alcance del reclamo a todos los acreedores, elevando la cifra a 1300 millones de euros (aproximadamente US$1500 millones).
Intentos fallidos de apelación y la intervención de la Corte Suprema del Reino Unido
A pesar de que Argentina había apelado la sentencia a fines de marzo de 2023, creando un fideicomiso y depositando US$337 millones como garantía, sus intentos fracasaron.
En junio de 2023, la Cámara de Apelaciones rechazó la apelación, y finalmente, en octubre de 2024, la Corte Suprema británica confirmó la imposibilidad de continuar con el proceso judicial.
Los cupones PBI: un instrumento financiero que desató controversias
El origen de este conflicto se remonta a 2005, cuando el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, lanzaron los Valores Negociables Vinculados al PBI.
Estos instrumentos ofrecían pagos adicionales a los bonistas cuando el crecimiento económico superaba el 3%, convirtiéndose en un activo muy popular durante los años de crecimiento a "tasas chinas".
Sin embargo, a partir de 2012, dejaron de realizarse desembolsos, ya que los datos del PBI publicados por el Indec fueron manipulados, generando suspicacias y posteriores litigios.
En marzo de 2014, el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció que el crecimiento económico de 2013 había sido del 3%, por debajo del 3,2% necesario para activar el pago del Cupón PBI, lo que habría significado un desembolso de US$3000 millones en diciembre de ese año.
Esta decisión fue ampliamente cuestionada, ya que en febrero de 2014, el Indec había reportado un crecimiento del 4,9%.
La revisión de datos durante el gobierno de Macri y el juicio internacional
Durante la gestión de Mauricio Macri, en 2018, se revisaron los datos de crecimiento económico del gobierno anterior y se determinó que ninguna de las cifras publicadas por el Indec eran correctas.
Según los nuevos cálculos, el crecimiento real fue del 2,4%, lo que quedó por debajo del umbral necesario para activar el pago de los cupones.
Como resultado, los fondos que originalmente demandaron a Argentina presentaron sus reclamos en 2019, abriendo un nuevo capítulo en los litigios internacionales relacionados con la deuda del país.
La causa del “Cupón PBI” en Estados Unidos: un fallo a favor y nuevos reclamos
El caso del "Cupón PBI" también ha generado reclamos en Estados Unidos, donde la jueza Loretta Preska, conocida por su fallo en la expropiación de YPF, había desestimado la demanda por un tecnicismo.
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No obstante, el fondo Aurelius presentó una nueva demanda en busca de US$1300 millones en compensación, lo que añade más presión sobre Argentina en este complejo entramado judicial.
Fuente: Derecha Diario