El Gobierno laborista noruego, que asumió el poder en 2021, impulsó el aumento del impuesto sobre el patrimonio en el presupuesto del Estado de 2022 (aprobado en el otoño de 2021), a través de una combinación de tasas impositivas más altas y la reducción de deducciones fiscales.
Esta tendencia continuó con más medidas en el presupuesto de 2023, fijando el tipo impositivo nominal máximo en un 1,1%. Además, el impuesto sobre los dividendos se incrementó aproximadamente un 20%, lo que intensificó el impacto, ya que el impuesto sobre el patrimonio generalmente se cubre mediante la obtención de dividendos.
Como consecuencia, alrededor de 80 empresarios multimillonarios se escaparon de Noruega y se trasladaron a Suiza, generando millones de dólares de pérdida en los ingresos fiscales para el Estado.
El exministro de finanzas sueco, Anders Borg, quien supervisó la eliminación del impuesto sobre el patrimonio en su país en 2007, comentó al respecto: "Como sueco, da la impresión de estar reviviendo lo que sucedió en los años 70 y 80, cuando muchos empresarios dejaron el país, lo que representó un gran costo para Suecia".
Noruega perdió miles de millones de dólares en ingresos fiscales debido a la salida de los empresarios, lo que también perjudicó su infraestructura. A su vez, numerosas pequeñas y medianas empresas se vieron afectadas de manera negativa.
Esto se debe principalmente a que el impuesto sobre el patrimonio se calcula en función de los activos inmovilizados en la empresa (conocido como capital circulante), sin tomar en cuenta las ganancias o pérdidas. Además, este impuesto solo afecta a empresarios e inversores noruegos, mientras que los extranjeros no se ven obligados a pagarlo.
Muchas empresas noruegas se ven año tras año con menos capital para cubrir el impuesto, lo que no ocurre con las empresas extranjeras. Esta desventaja competitiva llevó a muchas empresas locales a reducir sus inversiones, a vender en momentos inadecuados o incluso a cerrar.
El gobierno de izquierda esperaba que el reciente aumento del impuesto sobre el patrimonio generara 146 millones de dólares adicionales en ingresos fiscales anuales.
Sin embargo, su consecuencia fue la de que los empresarios multimillonarios, que suman un capital de 54.000 millones de dólares, abandonaron el país, lo que provocó una pérdida de 594 millones de dólares en ingresos anuales por impuestos a la riqueza.
Cuatro empresarios noruegos encargaron a la Dra. Laura Melusine Baudenbacher y al profesor Dr. Mads Andenas un estudio comparativo sobre el impuesto sobre el patrimonio en Noruega. Este análisis servirá como base para una demanda colectiva contra el Estado noruego.
NO SE PIERDAN NINGUNA NOTICIA: Click aquí para sumarte GRATIS al canal de noticias de La Derecha Diario en WhatsApp.
El estudio examina el impuesto sobre el patrimonio desde un enfoque de derecho comparado, analizando cómo otros países de la OCDE enfrentaron este desafío. Se hace una distinción entre aquellos que todavía tienen el impuesto, los que lo han eliminado, y los que están considerando su (re)introducción.
El gobierno noruego respondió a la salida de los empresarios de dos formas. En primer lugar, endureciendo el impuesto de salida, cuya legalidad es cuestionable en el marco de la libre circulación de capitales.
En segundo lugar, recurriendo a una retórica que desprestigia a los que se van del país. El argumento central del Estado es que estos empresarios supuestamente violaron "el contrato social", un acuerdo implícito entre gobernantes y gobernados que define los derechos y deberes de ambos.
La enorme riqueza de Noruega en petróleo y gas funciona como un seguro que le permite al gobierno de izquierda aguantar las consecuencias de sus políticas económicas irresponsables. Cualquier error que cometa, no enfrenta consecuencias graves a corto plazo.
Fuente: Derecha Diario
