Se pasó la motosierra por todos los ministerios, siendo el de Capital Humano, la cartera más grande del Estado, el de mayor número de contratos cancelados.
Desde la toma de posesión en diciembre hasta el mes de mayo, el Gobierno de Javier Milei despidió a 18.019 empleados estatales, marcando un hito durante los primeros seis meses de su administración.
Los despidos ocurrieron a lo largo de todas las dependencias del Estado, y se redujo la plantilla de aproximadamente 72.000 empleados públicos a 53.981, aunque el plan es continuar con los recortes hasta llegar a aproximadamente 30 mil.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue la funcionaria que más recortes hizo: canceló 4.930 contratos relacionados en su ministerio, que abarca las secretarías de Trabajo, Educación, Cultura y Niñez y Familia.
El titular de Economía, Luis “Toto” Caputo, ocupa el segundo lugar en la lista: despidió a 3.195 empleados, pertenecientes a 15 secretarías como las de Transporte, Energía, Obras Públicas, Finanzas e Industria. Además, asumió la mayoría de las dependencias del ex ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro, donde también hubo recortes.
El ministro de Salud, Mario Russo, redujo la cantidad de empleados estatales en su organismo en 1.656, mientras que el ex jefe de Gabinete Nicolás Posse, despidió a 1.249 durante su corto mandato. El ministro de Defensa, Luis Petri, no renovó 759 contratos. Por su parte, Guillermo Francos, en su paso como Ministro del Interior, despidió a 574 trabajadores.
Particularmente en presidencia, Javier Milei y la secretaria General, Karina Milei, llevaron a cabo un recorte de 421 empleados contratados en las áreas de la Casa Rosada.
Por último, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dio de baja 331 contratos, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, desplazó a 251 trabajadores, y la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, hizo lo propio con 220 empleados.
Uno de los mayores recortes se hizo en las empresas públicas, donde los interventores despidieron 4.432 contratados, en consonancia con el esfuerzo por privatizar algunas de ellas.
Esta reducción de personal afectó únicamente a trabajadores con contratos anuales, que el Gobierno había extendido por tres meses en dos ocasiones, en diciembre y marzo. Las bajas de personal permanente fueron mucho menores en comparación, ya que la ley del Empleo Público impide estas desvinculaciones.
Es por eso que el Gobierno se enfoca en el artículo 52 de la Ley Bases, que establece un marco normativo para la reducción del personal de planta permanente de la Administración General de la Nación.
El proyecto propone que los empleados afectados queden un año con goce de sueldo mientras esperan ser reubicados en caso de estar vinculados a organismos eliminados o modificados. También permite al Ejecutivo no pagar indemnizaciones en casos donde se hayan encontrado irregularidades, como el incumplimiento del horario, inasistencias injustificadas y abandono de tareas.
Este cambio también contempla la posibilidad de transferir empleados de la Nación a las provincias y ofrece una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mayor remuneración del último año.
La Casa Rosada busca implementar la reforma del Estado a través de las facultades extraordinarias otorgadas a Milei, las cuales le permitirían modificar y eliminar organismos de la administración central o descentralizada creados por ley o por decreto.
Fuente: Derecha Diario
