Durante la gestión de Alberto Fernández, el fondo destinado a la urbanización de barrios populares contrató a Tandanor para la construcción de paradas de colectivos, puentes peatonales y pérgolas. Sin embargo, no se entregaron 800 mobiliarios urbanos requeridos.
Durante la gestión de Luis Petri en el Ministerio de Defensa, una auditoría reveló varias irregularidades en las empresas bajo la órbita de esa cartera. Entre estas, se encontraron aviones que no fueron completados y proyectos de drones por un valor de $200 millones que nunca fueron entregados.
Una anomalía particular se descubrió en el astillero Tandanor, la fábrica de barcos estatal, que recibió más de 20 millones de dólares para la construcción de mobiliario urbano, pero no cumplió con el contrato y dejó pendiente casi 800 entregas.
Esta situación comenzó en diciembre de 2021, durante la administración kirchnerista de Alberto Fernández. En ese momento, Tandanor firmó un convenio con la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), entonces dirigida por Fernanda Miño, cercana a Juan Grabois, para la producción de mobiliario urbano destinado a los barrios más pobres del país.
El convenio, valorado en US$ 32.208.450, establecía que Tandanor debía entregar a la SISU más de 600 refugios para ómnibus, 200 paradas de colectivos, 5.250 bicicleteros y 600 puentes peatonales, entre otros elementos metálicos. Estos productos fueron encargados por el organismo dirigido por Miño para su instalación en áreas vulnerables, como parte de los esfuerzos de urbanización financiados por el Fondo de Integración Socio Urbana, que se financia del Impuesto PAÍS y del Impuesto a la Riqueza.
Tras la firma del acuerdo el 17 de marzo de 2022, la SISU transfirió a Tandanor una suma de US$ 20.655.278 para iniciar la producción y entrega de los elementos acordados. Originalmente, se esperaba que todo estuviera listo para el 27 de julio del mismo año. Sin embargo, debido a los retrasos en la entrega de materiales, en diciembre se instó al astillero a cumplir con sus compromisos.
Ante la falta de respuestas satisfactorias por parte de Tandanor, las autoridades de la SISU decidieron rescindir parcialmente el contrato en mayo de 2023. Se acordó que el astillero entregaría mobiliario urbano equivalente al valor pagado hasta ese momento: US$ 20.655.278. Se estableció una nueva fecha límite para la entrega, el 29 de febrero de 2024. Para julio de 2024, el contrato aún no se había cumplido en su totalidad.
Según reportes del astillero, hasta julio de este año se había completado el 33% de lo comprometido, con muchos elementos aún pendientes de fabricación. Entre estos se incluyen: 261 pérgolas, 57 refugios de ómnibus, 250 bancos, 27 bicicleteros, 112 puentes peatonales, y 86 gradas altas y bajas.
Según los registros, Tandanor no ha entregado 793 mobiliarios urbanos a pesar de haber recibido la totalidad de los fondos. Sin embargo, el dato más preocupante es que las nuevas autoridades del astillero descubrieron que no quedaba ni un solo dólar de los US$ 20.655.278 cobrados en las cuentas de la empresa. En otras palabras, “desaparecieron” los recursos para completar las entregas pendientes.
“Falta documentación, no sabemos si el dinero se desvió o si simplemente no fue suficiente, pero acá no hay fondos disponibles“, informaron fuentes de Defensa. Actualmente, el astillero tiene en stock 151 pérgolas, 15 bancos y 63 bicicleteros listos para distribuirse, pero no hay recursos financieros para fabricar lo que aún está pendiente.
Las actuales autoridades del Ministerio de Defensa están examinando detenidamente el convenio para determinar por qué no se cumplió con lo acordado y evaluar posibles responsabilidades penales de las administraciones kirchneristas anteriores. Han descubierto que Tandanor subcontrató gran parte de las tareas, utilizando los fondos de la SISU para pagar a otras empresas por la fabricación del mobiliario.
Mientras tanto, la nueva dirección de la SISU, liderada por Sebastián Pareja, está exigiendo la entrega de los materiales pendientes y no descarta emprender acciones legales si no se completa la entrega total de los elementos.
Según fuentes de la SISU, están trabajando activamente para asegurar la entrega del mobiliario restante. Afirman: “Estamos explorando opciones legales; Tandanor debe cumplir con la entrega del mobiliario o compensar económicamente. La responsabilidad recae en Tandanor, no en nosotros“.
Las nuevas autoridades de Tandanor han ordenado una auditoría para investigar este y otros casos, aunque reconocen que falta documentación de respaldo. “Estamos en conversaciones para determinar los pasos a seguir. Nos enfrentamos a una situación en la que se deben entregas, pero no hay fondos disponibles“, comentaron. Tras la llegada de Petri al Ministerio de Defensa, se han expresado críticas hacia el acuerdo, argumentando que el objetivo del convenio no guarda relación con la misión principal del astillero, que es la reparación y construcción naval.
Fuente: Derecha Diario
