El comité de acreedores de La Rioja anunció que está impulsando un juicio sumario en el tribunal del segundo circuito de Nueva York, Estados Unidos, debido al incumplimiento de pago en el que se encuentra la provincia desde febrero con sus tenedores de bonos en dólares.
El gobierno ultra kirchnerista de Ricardo Quintela pagó en febrero USD 10 millones de los USD 26 millones que vencían ese mes. El 24 de agosto se presentan nuevos compromisos de capital e intereses, pero todavía no se ha llegado a un acuerdo de reestructuración entre las partes.
Los bonistas, representados por el estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP, declararon en un comunicado que «el desprecio temerario» del gobierno de Quintela por sus obligaciones financieras «perjudica directamente a la población a la que debería servir, al desalentar la inversión y, como consecuencia, la creación de empleo y la actividad económica en la provincia«. Además, señalaron que esta situación dificulta los esfuerzos del Gobierno de Javier Milei por mejorar la imagen del país ante los mercados internacionales de crédito.
El comunicado también resalta que «La Rioja es la única provincia que no ha cumplido con sus obligaciones internacionales» entre aquellas que reestructuraron bonos no garantizados durante el período 2021. De los USD 26 millones que vencieron el 24 de febrero, la provincia pagó USD 10 millones correspondientes a intereses, dejando sin pagar USD 16 millones de capital relacionados con sus Bonos Verdes por USD 318 millones emitidos bajo la ley de Nueva York. La preocupación de los bonistas ahora es que el 24 de agosto vencen nuevos pagos, «lo que podría precipitar más incumplimientos por parte de la provincia«.
Este bono en dólares fue emitido en 2017, cuando Argentina aún tenía acceso a los mercados internacionales de deuda. Se trató de un bono verde para la construcción de un parque eólico, inicialmente por USD 200 millones en febrero de ese año, con una ampliación de USD 100 millones en agosto, con una tasa de interés del 9,75% anual.
En 2021, el bono fue reestructurado, luego de que la Nación hiciera lo propio con sus títulos públicos. Como resultado de esa renegociación, el bono pasó a tener un interés del 3,5% que debería escalar hasta el 8,5% anual en 2028. El contrato del bono riojano establece que un anuncio de impago no constituye un evento de default automático, sino que existe un período de gracia antes de que el indenture permita a los bonistas solicitar la «aceleración» de los pagos, es decir, el pago completo de la deuda.
La administración kirchnerista de Quintela no se hizo cargo de los problemas y, en vez de hacer el ajuste del gasto, le echó la culpa a «las dificultades económicas«, como la «alta inflación«, la «devaluación de diciembre» y el «ajuste fiscal» de Milei.
«En febrero de 2024, la Provincia se convirtió en la primera y única provincia en incumplir nuevamente sus obligaciones reestructuradas, al no pagar USD 16 millones de capital adeudado. El contexto del default de 2024 fue particularmente llamativo. La Rioja utilizó la mayoría de los ingresos de los Bonos Verdes para construir parques eólicos a través de la empresa provincial, Parque Eólico Arauco SA (‘PEA’). Posteriormente, la Provincia vendió el 100% de Vientos de Arauco Renovables SAU, una de las empresas de PEA, por USD 171 millones a Pampa Energía SA, antes de incumplir con los tenedores de bonos«, señalaron los bonistas.
El estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que representa a los bonistas, tiene entre sus socios a Dennis Hrankitzky, el abogado que logró embargar la Fragata Libertad en 2012, cuando Argentina no había salido por completo de su default de 2001.
Fuente: Derecha Diario
