El juez de Esquel, Guido Otranto, ordenó la expulsión de las personas que habían tomado El Maitenal, tras una solicitud presentada por los legítimos administradores del territorio.
La Justicia Federal dispuso el desalojo de la seccional de guardaparques El Maitenal, ubicada en el Parque Nacional Los Alerces, que fue usurpada en 2020 por la agrupación terrorista mapuche Lof Paillako, liderada por el delincuente Cruz Ernesto Cárdenas.
La orden de desalojo fue emitida por el juez federal de Esquel, Guido Otranto. En una resolución firmada este miércoles, el magistrado dio lugar al reclamo presentado por la Administración de Parques Nacionales y aprobó la solicitud de desalojo del área pública, ordenando la expulsión de Cárdenas, María Belén Salinas y los demás terroristas de la comunidad mapuche que llevaron a cabo la ocupación ilegal.
El presidente de la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen, había iniciado el trámite administrativo para recuperar el espacio público poco después de asumir su cargo. En el documento, se instaba a los usurpadores mapuches a abandonar pacíficamente el terreno. No obstante, tras pasar los 30 días estipulados por la resolución, se presentó la solicitud ante la Justicia Federal para proceder con el desalojo.
La cuenta regresiva del proceso administrativo comenzó el 4 de junio, cuando un notificador de la APN se dirigió al territorio en disputa para informar a los ocupantes. La orden indicaba que debían desocupar el área, desmantelar las construcciones no autorizadas y retirar sus pertenencias.
La tarea no fue sencilla. Un hombre con el rostro cubierto, presuntamente parte del grupo terrorista mapuche, se negó a recibir la notificación. Sin embargo, el documento fue dejado a la vista en una construcción rústica. En otra edificación, aparentemente abandonada, el escrito fue colgado en un árbol frente a una de las viviendas.
Cárdenas, líder del grupo, es un ex combatiente de incendios forestales que, convertido en mapuche, lideró la ocupación alegando una supuesta «recuperación de tierras ancestrales«. Su apellido también aparece en otros expedientes judiciales relacionados con los incendios forestales devastadores ocurridos en los últimos años.
En la reciente resolución, el juez Otranto menciona que en 2015 y 2016 hubo incendios intencionales en áreas cercanas a Villa Futalaufquen y El Maitenal, que fueron ejecutados estratégicamente para dificultar su control rápido, indicando un conocimiento técnico y acceso a información no pública. En ese período, Cruz Cárdenas ya había expresado su descontento con la APN, y circulaban rumores de que podría haber sido el responsable de iniciar esos incendios.
Al inicio del conflicto, en 2020, la administración anterior intentó resolver el problema de manera alternativa, convocando a las partes involucradas, al Ministerio de Justicia de la Nación y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Sin embargo, este intento no tuvo éxito. Cárdenas y Salinas fueron procesados por usurpación, pero el caso tampoco avanzó.
Los ocupantes ilegales no solo se adueñaron de la estructura oficial de Parques Nacionales, sino que también construyeron viviendas y galpones dentro del predio. Desde el comienzo de la usurpación, se reportaron actos de vandalismo, agresiones a los guardaparques y focos de incendios intencionales casi a diario durante las temporadas de verano. Estos eventos afectaron la infraestructura del parque, como carteles, puentes y viviendas, y resultaron en la destrucción de El Cristo, una obra de valor cultural y religioso para los habitantes de la zona.
Los terroristas intentaron justificar su acción bajo la ley de emergencia territorial mapuche (26.160), pero su planteo fue rechazado. Otranto señaló que la vía utilizada por los demandados para reclamar tierras de ocupación tradicional indígena no está reconocida por el marco jurídico, constituye un acto delictivo y, por lo tanto, no puede servir para suspender el desalojo solicitado por la parte actora.
El avance también incluyó otro área conocida como la ex Población Salinas, que pertenece a la misma administración nacional y que los mapuches deben abandonar en menos de un mes.
Cuando se les intimó a los mapuches, Larsen afirmó: “Estamos dando un paso firme para recuperar lo que pertenece a todos los argentinos. Sabemos que las soluciones alternativas solo aseguraron la permanencia de los intrusos en el territorio público, por eso vamos a fondo con la recuperación del lugar”. Además, adelantó que si el recurso administrativo fracasaba, recurriría a la Justicia para continuar con el proceso de recuperación del área.
Fuente: Derecha Diario
