La auditoría que llevará a cabo la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) dará inicio el 28 de octubre, con el fin de examinar los fondos transferidos por el Tesoro Nacional a esta institución en los últimos años.
Antes de comenzar esta labor, que podría ofrecer sus primeros resultados preliminares a principios de diciembre, el organismo de control dirigido por Miguel Blanco ya dispone de información que sugiere posibles irregularidades.
Un informe en posesión de la SIGEN señala que la UBA no rindió cuentas del 89% de los fondos recibidos entre 2020 y 2022 en el marco de diversos programas universitarios, como el FUNDAR, que proporciona recursos para proyectos que promueven acciones universitarias para el desarrollo nacional y regional.
Esto representa alrededor de $8000 millones cuyo destino y uso no fueron especificados. Además, se añaden otros $500 millones destinados a infraestructura, sobre los cuales tampoco se aclaró su aplicación entre 2015 y 2019.
La SIGEN fue autorizada para llevar a cabo una revisión exhaustiva de los procesos administrativos de la principal universidad del país tras la derogación de una normativa kirchnerista impuesta por el exprocurador del Tesoro, Carlos Zannini, que impedía este tipo de análisis.
«Uno de los primeros objetivos es saber porqué no se rindieron estos fondos, analizar cómo se utilizaron y determinar si fueron a parar a su destino original«, comentaron fuentes del gobierno.
La SIGEN solicitará a la UBA la entrega de documentación relacionada con la transferencia de fondos estatales, cada uno de los convenios firmados, la rendición de cuentas de cada gasto junto con la documentación de respaldo, la lista de gastos corrientes y de capital, es decir, todas las inversiones realizadas.
En este sentido, se prestará especial atención a la revisión de las compras de materiales y la contratación de servicios como limpieza, jardinería y mantenimiento general.
Las auditorías de la SIGEN tienen como objetivo identificar debilidades y deficiencias en los procesos administrativos de los organismos que reciben u operan con fondos públicos. Por eso, el enfoque del análisis se centrará en las cuentas de las universidades y en los miles de millones que estas instituciones reciben del Tesoro Nacional.
Uno de los puntos de atención será el uso de la caja chica, un recurso que las universidades y otros organismos suelen destinar a gastos excepcionales o imprevistos, que suelen estar poco controlados. «Muchas veces las cajas chicas se suelen depositar en las cuentas personales de quienes deben hacer ese gasto«, admite una fuente de la SIGEN.
Paralelamente, la SIGEN audita alrededor de 2245 convenios que las universidades, incluyendo la UBA, firmaron con ministerios y organismos de la Administración Pública Nacional. Estos acuerdos oscilan entre $2 millones y $170 millones cada uno y se llevaron a cabo sin licitación, lo que generó sospechas en el organismo de control.
De esta auditoría surgieron las primeras posibles irregularidades: se detectaron convenios que fueron subcontratados, es decir, que tras recibir el dinero del Estado, la universidad contrató a un tercero para llevar a cabo la tarea acordada. Además, se investiga si a través de estos contratos se contrató personal, lo cual estaba prohibido por el decreto 426/2022.
Se trata de una revisión sobre los contratos a través de los cuales los ministerios y organismos pagaban a estas instituciones a cambio de capacitaciones, consultorías, desarrollo de sistemas y diplomaturas, entre otros servicios solicitados.
Este mecanismo permite al Gobierno ejercer más control sobre las universidades sin infringir ninguna normativa, a diferencia del dictamen de noviembre de 2022, firmado por Carlos Zannini, que determinó que la SIGEN no podía auditar a las universidades nacionales, excluyéndolas del artículo 100 de la ley 24.156.
De todos modos, la SIGEN puso la mira en acuerdos como el firmado por la Biblioteca Nacional y la Universidad de La Matanza por $170 millones para la ejecución de transferencia tecnológica en digitalización de documentos e informatización.
Otro convenio es el de los trabajadores del ex Ministerio de Desarrollo Social, para que mejoren el diseño, implementación y evaluación de proyectos en la gestión pública, firmado entre esa cartera y la Universidad Nacional Guillermo Brown por $22.480.000, con modalidad totalmente virtual.
Numerosos ministerios contrataron a universidades. En la lista se encuentran el Ministerio de Ciencia; la Secretaría General de la Nación; INDEC; el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social; INADI; el Ministerio de Turismo; Desarrollo Productivo; Seguridad; la Agencia de Acceso a la Información Pública; la Jefatura de Gabinete; el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat; la Administración de Parques Nacionales; el Ministerio de Mujeres; el Ministerio de Desarrollo Social; la Biblioteca Nacional; el Ministerio de Cultura; entre otros.
Entre las universidades contratadas se destacan la Universidad Nacional de La Matanza; General San Martín; UBA – Económicas; General Sarmiento; Universidad Nacional de Mar del Plata; Tres de Febrero; la Universidad de Quilmes; la Universidad Nacional de La Plata; de Hurlingham; Chaco Austral; Lanús; Luján; Guillermo Brown, entre otras.
Fuente: Derecha Diario
