El Colegio de Martilleros y la Municipalidad de San Martín se acusan mutuamente por operativos irregulares.
En medio de la crisis política y las sospechas de corrupción que la Justicia investiga en el Municipio de San Martín, surgió un conflicto que involucra al Colegio de Corredores y Martilleros, presidido por José María Sacco, por clausuras contra empresas que ofrecen servicios inmobiliarios.
Según denunciaron martilleros de la zona, el Colegio de Martilleros de San Martín se habría respaldado en la Municipalidad para realizar un supuesto operativo de control en el que se infraccionaron carteles inmobiliarios. Hace algunos días, varios carteles en la vía pública aparecieron cubiertos con fajas de «cartel en infracción«, portando el logo y nombre del Municipio, atribuyendo como supuesto responsable de las clausuras al área de «Gobierno y Seguridad».
En una carta dirigida al intendente Fernando Moreira, corredores inmobiliarios del Partido deSan Martín denunciaron el presunto accionar ilegal de los funcionarios municipales.
“La colocación de dicha faja no fue siquiera acompañada por un acta de constatación que dé cuenta de la normativa que se consideraba en incumplimiento (pese a que el propio cartel colocado indica la necesidad de contar con acta), limitándose los funcionarios de la Municipalidad a intervenir ilegítimamente la propiedad del suscripto sin competencia ni explicación alguna” – afirman los corredores inmobiliarios en la nota enviada al Intendente.
La Municipalidad de San Martín negó ante los martilleros y medios locales haber realizado dicho operativo, por lo que las sospechas apuntan hacia una posible acción ilegal por parte del Colegio de Marilleros bajo la dirección de Sacco, lo que ha provocado denuncias por parte de los martilleros que supuestamente se vieron damnificados.
En el sector inmobiliario indican que Sacco, quién ha cumplido cinco períodos en su gestión y fue recientemente vicepresidente del Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires, habría emprendido numerosas maniobras de este tipo, principalmente contra franquicias inmobiliarias.
Además de destacar las pérdidas económicas y el deterioro en la reputación de los corredores, se mencionó en la nota:
“La inexistencia de competencia en cabeza de la Municipalidad para la colocación de fajas sobre los carteles colocados por el suscripto determina la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento y obliga al Señor Intendente a tomar urgente intervención en el caso para la salvaguarda de los derechos constitucionales gravemente vulnerados, lo que así expresamente solicito”.
Hace más de un año, el presidente del Colegio de San Martín mantuvo una reunión con Francisco Nigro, quien en ese momento era secretario de Gobierno de San Miguel, área bajo la jurisdicción del Colegio de Martilleros de San Martín. La reunión, que coincidió con el inicio de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, habría tenido como propósito solicitar a las autoridades una ordenanza para prohibir las operaciones de franquicias en la localidad.
“Aunque las franquicias prosperan y generan empleos en diversos rubros, Sacco -al igual que muchos dirigentes de los colegios de martilleros bonaerenses- porfía en buscar desplazar del mercado a las empresas que prestan servicios inmobiliarios complementarios a martilleros matriculados que trabajan de manera independiente” – señalaron desde el sector inmobiliario al sitio web Infobonaerenses.
Algunas fuentes sugieren que el supuesto «operativo fantasma” del Colegio de Martilleros de San Martín guardaría similitudes con los «empleados fantasmas» que el poder judicial investiga en la jurisdicción. Actualmente, tras el allanamiento de la Policía Federal en la municipalidad de San Martín y la restricción de salida del país al intendente Fernando Moreira, el fiscal federal de San Martín, Paul Starc, ha vuelto a solicitar la detención del intendente.
La investigación sobre los supuestos «empleados fantasma» comenzó en 2023. En esta causa se están indagando presuntas irregularidades en la contratación del personal tanto de la Municipalidad como en el Concejo Deliberante. La jueza Alicia Vence se encuentra a cargo del expediente. Dentro del contexto de esta investigación, el fiscal Starc ya había requerido la detención de Moreira y otros cinco implicados, todos ellos funcionarios del Municipio de San Martín como del Concejo Deliberante. Los mismos se encuentran acusados de presunta «defraudación en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y falsificación de documento público«.
El inicio de la investigación tuvo lugar cuando a un vecino de San Martín que recibía un plan social le quitaron el beneficio. Después de haber realizado su reclamo, las autoridades le explicaron que había sido retirado del programa social porque estaba registrado como empleado del Municipio de San Martín, con un salario de $300.000. Sin embargo, en realidad, el vecino ni siquiera sabía que estaba registrado como empleado del Concejo Deliberante, según lo revelado en la investigación.
Durante los allanamientos en la Municipalidad, se obtuvo información sobre los empleados reales en nómina y se verificó quiénes estarían cobrando dinero y supuestamente no trabajarían en el municipio. Se detectó que, como mínimo, otras 10 personas habrían sido designadas mediante el mismo decreto. Esta práctica fue comparada con la del operador político platense Julio “Chocolate” Rigau, quien está siendo investigado por la Justicia local.
Aunque en una solicitud anterior, la jueza Vence habría considerado que no existían riesgos procesales que ameritaran la detención de Moreira, ahora se estaría indicando que el intendente de San Martín podría ser detenido en estos días.
Fuente: Derecha Diario
