Los 35 arrestados en la jornada del miércoles comparecerán ante la jueza María Romilda Servini por delitos relacionados con el orden público, sedición y el agravante de acciones terroristas.
Hoy por la mañana, los 35 terroristas detenidos por los disturbios y destrozos ocurridos el miércoles pasado en la zona del Congreso, durante la votación de la Ley Bases impulsada por el gobierno de Javier Milei, comenzarán a ser indagados en los tribunales de la avenida Comodoro Py. El expediente está a cargo de la jueza María Romilda Servini y el fiscal Carlos Stornelli, según confirmaron fuentes judiciales.
En la jornada de ayer, Stornelli los acusó por delitos contra el orden público, sedición y el agravante de acciones terroristas, en concordancia con la posición pública expresada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien decidió no presentar una querella a pesar de esta imputación. Posteriormente, Stornelli solicitó sus prisiones preventivas.
En el operativo del miércoles participaron 1500 efectivos, incluyendo personal de la Policía de la Ciudad y las cuatro fuerzas federales, según estimaciones de fuentes oficiales. Durante el operativo, diputados como Carlos Castagnetto, Eduardo Valdés y Leopoldo Moreau fueron afectados por gases lacrimógenos, mientras intentaban defender a los delincuentes. Además, ocho policías resultaron heridos con lesiones leves. Diez manifestantes violentos fueron atendidos en hospitales porteños como el Castagneto y el Ramos Mejía debido a queratitis ocular provocada por gas pimienta o golpes de tonfas. Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, estimó en 278 millones de pesos los costos de las reparaciones por los destrozos ocasionados.
Los acusados, 13 de ellos detenidos por la Policía Federal y otras fuerzas federales, y los otros 22 por la fuerza porteña, fueron arrestados en flagrancia por una variedad de delitos, según información proveniente de fuentes policiales durante las horas de la protesta. Lucas Ezequiel Bálsamo y Dylan Gustavo Gómez, ambos desempleados y vecinos de Isidro Casanova en La Matanza, fueron apresados por la Policía Federal Argentina (PFA) bajo la acusación de robo de pertenencias metálicas de un auto incendiado. David Sica, de 33 años, se encontraba en situación de calle según su propio testimonio.
Cristian Fernando Valiente, de 41 años y originario de Buenos Aires, ex trabajador de un supermercado chino, fue arrestado con una lata de gas antitumultos fabricada por Fabricaciones Militares. Según fuentes policiales, Valiente había sido detenido previamente en comisarías porteñas por presuntos robos y posesión de estupefacientes.
Patricia Daniela Calarco Arredondo, de 39 años y residente en Llavallol, empleada de una empresa marplatense, fue detenida por presuntamente incendiar una serie de bicicletas propiedad del Gobierno porteño. Aún no se ha especificado qué delitos específicos se les imputarán a cada uno de los detenidos, aunque se conoce el planteo general de Stornelli al respecto. Hasta el momento, se desconoce si entre los acusados se encuentran los terroristas que incendiaron rápidamente el vehículo de Cadena 3 durante el intento de golpe de Estado, ni si han sido identificados.
En horas de la protesta, circuló entre jefes policiales una lista que incluía más de 50 organizaciones que participaron en las manifestaciones. La mayoría de los mencionados eran sindicatos, partidos de izquierda y organismos de derechos humanos, a los cuales pertenecen varios de los detenidos, muchos de ellos sin antecedentes previos en comisarías porteñas.
Juan Ignacio Spinetto, detenido por la Policía de la Ciudad, es delegado del sindicato docente ADEMYS. El sindicato expresó en sus redes sociales: “Libertad inmediata a Juan Ignacio Spinetto, afiliado y delegado de nuestro sindicato. Basta de perseguir a los que luchan“.
Sasha Jazmín Lyardet, de 24 años y residente en Pilar, Nicolás Mayorga y Camila Juárez Oliva son estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), según confirmó Carlos Greco, rector de la institución.
Nicolás Mayorga es estudiante de Ciencias Políticas. Sasha Jazmín Lyardet también es parte del MST, integrado en el Frente de Izquierda, que ha emitido un comunicado en redes sociales pidiendo su liberación.
En su planteamiento, el fiscal Stornelli dictaminó que el caso analiza las acciones y conductas “en algunos casos bajo una posible forma organizada, tendientes a incitar a la violencia colectiva contra las instituciones, imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, infundir temor público y provocar tumultos o desórdenes, al mismo tiempo que se erige como un posible levantamiento contra el orden constitucional y la vía democrática, con el propósito de perturbar y/o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de las facultades constitucionales de los representantes de la Cámara Alta del Congreso, quienes estaban en sesión.”
Fuente: Derecha Diario
