El tren Eva Perón, concebido como un proyecto turístico e industrial, realizó un único recorrido con dos vagones entre Río Gallegos y Río Turbio.
Su funcionamiento se limitó a esa ocasión, que tuvo lugar en medio de la campaña electoral de 2015 durante un acto liderado por Alicia y Máximo Kirchner, lo que en la causa penal se describió como una «falsa inauguración«.
El presupuesto asignado al proyecto alcanzó casi 700 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 70 millones de dólares según el tipo de cambio oficial de la época, pero nunca se finalizó.
La obra, bajo la responsabilidad de YCRT, la empresa minera estatal, fue objeto de un informe de la SIGEN, que destacó un «patrimonio comprometido» y una «ausencia de información«. Al mismo tiempo, las autoridades locales intentan recuperar los materiales abandonados para evitar la expropiación de la empresa.
El tren de Cristina. | La Derecha Diario
Sin pasajeros ni un plan de rutas definido, el tren turístico Eva Perón avanzó unos pocos metros para su presentación oficial. Años después, se denunció como un ejemplo de una red de acuerdos multimillonarios firmados entre el ex Ministerio de Planificación, Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), la UTN y la Fundación Regional Santa Cruz (FRSC).
En total, el programa titulado «puesta en valor del ramal ferroviario» incluyó 453 contratos y 90 anexos adicionales por un monto total de 443 millones de pesos.
Un monton de irregularidades
La justicia federal penal verificó diversas irregularidades, como sobreprecios, incumplimientos de normas administrativas, el uso de materiales inadecuados, una inexistente campaña de comunicación, facturas no justificadas y fondos destinados a obras que nunca se completaron.
Según el dictamen del fiscal federal Carlos Stornelli, que elevó el caso a juicio oral, se firmaron al menos 66 convenios específicos para realizar actividades relacionadas con la «puesta en valor del Ramal Ferro Industrial Eva Perón«. El presupuesto total destinado al proyecto fue de 667.807.728,64 pesos.
El caso también incluye otros datos financieros: se presentaron facturas por 278.808.255 pesos, de los cuales se abonaron 198.687.690, quedando pendientes 80.120.565 pesos y con facturas sin rendir por un total de 27.351.433 pesos.
Entre las anomalías investigadas, se encontró que se destinaron fondos a campañas de comunicación para una obra que nunca fue completada. Estas campañas se llevaron a cabo mediante acuerdos específicos entre YCRT y la Facultad Regional de Santa Cruz de la UTN, con un presupuesto de $14.389.480,16.
La lista de irregularidades es extensa. En los convenios analizados relacionados con el material rodante, se detectó un presupuesto de $48.709.729,85 que no fue utilizado correctamente.
También se identificaron problemas como fechas poco claras, ausencia de información sobre el avance de las obras, falta de detalles en la ejecución y ausencia de controles de gestión, entre otros aspectos denunciados.
También se identificaron irregularidades vinculadas a las contrataciones relacionadas con el «Ramal 750» (trazado ferroviario), donde se destinaron 55 millones de pesos para tres tramos y una posterior inversión adicional de 23 millones de pesos.
Todo ello para una obra inconclusa que la actual administración de YCRT intenta replicar con el propósito de rescatar a la empresa del objetivo planteado por la Casa Rosada: expropiarla debido a su abultado déficit financiero. Dentro del ranking de empresas estatales con mayor pérdida económica, la minera ocupa el cuarto lugar.
Fuente: Derecha Diario
