Sin importar el cargo que ocupe, Kicillof demostró ser peligrosamente hábil para generar perjuicios en contra del país. La Provincia de Buenos Aires debió dejar pasar una multimillonaria inversión en gas natural por la tesitura del Gobernador, mientras que el Gobierno nacional sigue lidiando con los juicios por la expropiación de YPF.
El prontuario de Axel Kicillof en la función pública arroja un récord tristemente deplorable para el país. No solo demostró un insano empecinamiento por sus propios dogmas políticos, sino que además los ponderó por encima de cualquier tipo de consecuencia real que sus decisiones pudieran tener para la Argentina.
Como Secretario de Política Económica en la segunda administración Cristina Kirchner, Kicillof estuvo ligado a la dramática expropiación de YPF, una acción completamente errática que obligó al país a incurrir en un costo estimado en los US$ 21.000 millones de dólares: un pago inicial de US$ 5.000 millones en 2012 a Repsol con el bono AY24 a valor de mercado, y un juicio contra el Estado argentino por US$ 16.000 millones de dólares como resarcimiento por esta maniobra.
La carga que generó Kicillof para los argentinos no terminó allí. Ya ocupando el cargo de Ministro de Economía en 2014, decidió dejar a la Argentina en default, e inmediatamente hubo la necesidad de cancelar cerca de US$ 10.000 millones de dólares en intereses reconocidos con el Club de París, los cuales podrían haberse refinanciado en presencia de una estrategia más audaz y menos ideológica.
La decisión del default también implicó un gran costo para el inicio de la administración de Mauricio Macri: la normalización de la deuda con los holdouts implicó un costo de al menos US$ 16.700 millones de dólares pura y exclusivamente por la determinación que tomó Kicillof en 2014.
En total, y de acuerdo a estimaciones del economista Fernando Marull, el lastre que habría dejado Kicillof con todas sus decisiones equivale a un costo superior a los 50.000 millones de dólares para el país (una cifra que incluso supera a la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional en 2018).
La última gran incidencia de Kicillof fue para la Provincia de Buenos Aires, al negarse públicamente a aceptar el RIGI que estableció el Gobierno nacional. Este régimen especial permite dar garantías legales específicas para la inversión de más largo plazo, algo fundamental para el desarrollo de una gran cantidad de sectores, pero entre ellos destacan la minería y la energía.
Kicillof rechazó el RIGI, y en su lugar ofreció un régimen menos atractivo y con menores (o casi ninguna) garantía a largo plazo. Los resultados están a la vista: YPF y la petrolera Petroliam Nasional Berhad (originaria de Malasia) decidieron radicar su proyecto de inversión por US$ 30.000 millones de dólares en extracción de gas licuado en Río Negro (que sí adhirió al RIGI) en lugar de apostar por Bahía Blanca en territorio bonaerense.
La empresa malaya se mostró muy favorable del nuevo esquema propuesto por el Gobierno de Javier Milei, y el Directorio de YPF resolvió por unanimidad radicar su nueva inversión en Río Negro amparándose en un régimen jurídico mucho más amigable y creíble.
Fuente: Derecha Diario
