El Jefe de Gobierno porteño cada vez tiene menos fondos, y en vez de hacer el ajuste del gasto público que el pueblo votó, manda a Mauricio Macri para presionar al presidente Milei para que le gire más dinero.
En su primer informe de gestión, el Gobierno de Jorge Macri demandó a la Nación la devolución de los fondos de la coparticipación. Según Macri, desde el 10 de diciembre, el Gobierno Nacional no ha devuelto ni un solo peso del dinero de la coparticipación sustraída a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), una situación que ha generado reclamos por parte del gobierno porteño.
El fallo provisorio de la Corte Suprema determinó que Nación debe girar fondos a CABA hasta que se establezca el monto exacto de la deuda. Sin embargo, Macri ha manifestado que, en la práctica, estos fondos no han sido enviados, situación que ha llevado al primo del Jefe de Gobierno a gestionar directamente con las autoridades nacionales.
El problema se originó en plena pandemia, allá por 2020, ante una movilización que realizó la Policía Bonaerense a los alrededores de la Quinta de Olivos en reclamo por las condiciones salariales. Debido al temor que esto generó en el oficialismo de aquel momento, el expresidente de la Nación, Alberto Fernández, a través de un decreto presidencial, tomó la decisión unilateral de quitarle a la Ciudad de Buenos Aires el 1,18% de coparticipación para compulsivamente transferirle ese monto al gobernador kirchnerista Axel Kiciloff.
Esta transferencia tenía como supuesto destino “mejorar” los salarios de la Policía de la provincia de Buenos Aires, pero nunca se hizo. De esta manera, la Ciudad de Buenos Aires se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a reclamar lo suyo. El máximo tribunal finalmente le dio la razón, a pesar de no haber resuelto la cuestión de fondo.
La realidad es que, más allá del fallo de la Corte, las razones que impulsaron a Jorge Macri a realizar este pedido al presidente Milei son muy diferentes.
El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) es uno de los 29 fideicomisos que Milei quería eliminar o modificar, debido a que son una “caja negra” que tiene escasos o nulos controles y que fueron defendidos a capa y espada por la casta para no perder sus privilegios que obtienen a través de ellos.
En el caso del FISU, se financiaba con un porcentaje del impuesto PAIS, que recientemente ha sido reducido del 20% al 1%, sumado al hecho de que, en la actualidad, el fondo está controlado por Sebastián Pareja, un hombre de estrecha confianza del Presidente, para supervisar el destino de los fondos, por lo que ahora Jorge Macri no tiene posibilidad de disponer discrecionalmente de esos fondos y, al eliminar los Pases y las LELIQS, tampoco puede sostener los ingresos brutos.
Este escenario evidencia una dependencia estructural que ha colapsado ante cambios fiscales recientes. En conclusión, a Macri se le cayó la “estantería”.
La gestión de Jorge Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido caracterizada por su incapacidad para manejar de manera eficiente los recursos locales. En lugar de buscar soluciones viables y de seguridad, Macri, al igual que el gobernador kirchnerista Axel Kicillof, ha optado por culpar al Gobierno Nacional, desatendiendo la necesidad de reformas profundas y ajustes fiscales en su administración.
La situación actual no solo pone en evidencia las falencias de la gestión local en CABA, sino también la urgencia de reformar un sistema de coparticipación que ha demostrado ser ineficiente y conflictivo. La solución no reside en culpar a una de las partes, sino en trabajar conjuntamente para establecer un esquema más justo y funcional.
A pesar de esta disputa puntual, la realidad es que el esquema de coparticipación es extremadamente injusto para todos, mucho más aún aquellas jurisdicciones que aportan más recaudación tributaria de la que reciben.
Es por esto que el presidente Milei impulsó la reforma o “rediscusión” de la coparticipación federal de impuestos, siendo uno de los puntos del Pacto de Mayo.
La coparticipación obliga a provincias más productivas a transferirle recursos a provincias menos productivas, generando una total falta de incentivos para salir de ese estado de improductividad. En desmedro de las provincias que menos producen, esta ley debe modificarse urgentemente. Por desgracia pocas jurisdicciones están dispuestas a hacerlo, ya que se necesita la conformidad de todas ellas para poder hacerlo.
Muchas provincias temen perder recursos, y gran parte de ellas no están dispuestas a cambiar el esquema actual donde muchas producen poco recibiendo por ello grandes cantidades de dinero de otras provincias “más ricas”.
Esta modificación de la Ley debe hacerse en línea con premiar a las provincias más productivas y castigar a las menos productivas. El grueso de la recaudación lo deberían hacer las provincias y coparticipar éstas a la Nación, y no al revés como ocurre ahora.
De esta manera cada provincia se esforzaría por ser más productiva pudiendo hacer uso y goce de esa productividad, sin tener que transferirle recursos a ningún “vecino”. Incluso esto generaría competencia fiscal entre las provincias y un círculo virtuoso sin que a la política le resulte sencillo interponerse, tal como ocurre ahora.
Fuente: Derecha Diario
