El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, presentó ante la justicia más de 30 denuncias penales por presuntos actos de corrupción, fraude en la administración pública, malversación de fondos, coacción, y mal desempeño de exfuncionarios, entre otros delitos.
Estos hechos habrían ocasionado un perjuicio a las finanzas del Estado de al menos $44 mil millones, equivalentes a aproximadamente USD 350 millones.
Las denuncias fueron impulsadas por la Subsecretaría Legal, encabezada por Leila Gianni, junto al Director General de Asuntos Jurídicos, Ariel Romano. Entre los casos más relevantes se encuentran expedientes que involucran a ex funcionarios kirchneristas y dirigentes sociales, como el expresidente Alberto Fernández; la exministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni; y el ex secretario de Economía Social y referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico.
Entre los procesos judiciales que se tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py, se destacan casos como: la “Causa de los Seguros“, la de los “Comedores Fantasma“, presuntas extorsiones y coacción para asistir a movilizaciones y piquetes, la de los “Guardapolvos Escolares“, sobreprecios en la adquisición de alimentos para sectores vulnerables, la desaparición de computadoras en el ex Ministerio de Educación, el desvío de fondos a cooperativas asociadas con organizaciones sociales (relacionadas al programa Potenciar Trabajo), y el pago de sobresueldos a funcionarios mediante la Organización de Estados Iberoamericanos.
Las denuncias se basaron en auditorías realizadas en todas las áreas del Estado, ordenadas por el presidente Javier Milei desde su asunción el 10 de diciembre de 2023.
El Ministerio de Capital Humano fue el que más presuntos casos de corrupción identificó y denunció. La mayoría de las denuncias han avanzado y son impulsadas por jueces y fiscales. Un factor clave fue la disposición para proporcionar la documentación requerida para avanzar en las investigaciones. Un destacado fiscal resalta que esta colaboración, junto con el sustento de las denuncias, resultó clave para el éxito del equipo legal del ministerio liderado por Pettovello, quien sigue de cerca la evolución de los casos judiciales.
En pocos meses, por ejemplo, se logró imputar al expresidente Alberto Fernández en la “Causa Seguros“, que investiga la contratación de seguros por parte del Estado con Nación Seguros, donde habrían participado intermediarios y empresas privadas. Se investigan posibles delitos de violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de fondos públicos. El monto de la maniobra asciende a unos $20 mil millones anuales, con comisiones mensuales de $300 millones por parte de intermediarios.
La “Causa Guardapolvos Escolares” es otro expediente que sigue avanzando de manera constante. A mediados de agosto, se realizaron cerca de 40 allanamientos en las cooperativas implicadas y en domicilios relacionados con el caso. Tras estas acciones, el juez Julián Ercolini decidió cambiar la carátula del expediente número 1268/2024 e incluyó como principal acusada a la exministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.
De acuerdo con los documentos presentados por Gianni y Romano al juzgado, la administración kirchnerista de Alberto Fernández entregó menos del 50% de los 1.300.000 guardapolvos destinados a niños en situación de vulnerabilidad en el país. A pesar de esto, las cooperativas involucradas habrían cobrado el 80% de los $5.500 millones asignados para la producción de dichas prendas. Las cinco cooperativas más beneficiadas están ubicadas en los municipios peronistas de Quilmes, La Matanza y Berisso.
Los registros conservados en los archivos de la Subsecretaría Legal de Capital Humano indican que los presuntos actos de malversación de fondos públicos y corrupción durante los cuatro años de la gestión de Fernández habrían ocasionado un perjuicio fiscal para el Estado de $44.577.226.755.
Dirigentes sociales y piqueteros también están implicados en varias causas judiciales, algunas de las cuales ya han producido procesamientos. En total, 17 miembros del Polo Obrero, entre ellos su líder Eduardo Belliboni y su mano derecha Jeremías Cantero, se encuentran procesados. Ahora, corresponde a los jueces de alzada decidir si ratifican o no los procesamientos dictados por el juez Sebastián Casanello.
El magistrado encontró suficientes pruebas para esta fase de la investigación, las cuales indicarían que la organización de izquierda coaccionaba a los beneficiarios de planes sociales para que asistieran a manifestaciones. Aquellos que se negaban a participar eran amenazados con la cancelación de sus beneficios.
Investigando los “aprietes“, se descubrió que parte de los subsidios proporcionados por la Secretaría de Economía Social, dirigida por Emilio Pérsico, en el marco del programa Potenciar Trabajo, podrían haber sido utilizados con fines políticos.
En todo el país se han abierto cientos de causas por extorsiones o por el pago de una “cápita” para evitar la pérdida del programa social. Las denuncias anónimas se recibían a través de la línea 134, habilitada por Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación, para que las víctimas pudieran denunciar estos abusos.
Emilio Pérsico, el líder del Movimiento Evita, también fue denunciado por estar “en los dos lados del mostrador“. El 18 de marzo, Capital Humano lo acusó en los tribunales de presunto fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, debido a su gestión en la anterior cartera de Desarrollo Social, que estuvo a cargo de Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz.
El dirigente peronista era el encargado de administrar el Programa Potenciar Trabajo. Según la denuncia, Pérsico utilizó su posición “para interceder a favor de la Federación Evita y la Cooperativa la Patriada, otorgándoles importantes subsidios económicos provenientes de las arcas del Estado“. Además, el ex funcionario formó parte de esas cooperativas.
En diversos expedientes judiciales, el Ministerio de Capital Humano denunció a 34 cooperativas por el manejo irregular de fondos públicos, con sospechas de malversación. También se investiga un posible enriquecimiento ilícito de referentes, dirigentes sociales o funcionarios.
Juan Grabois, referente de Argentina Humana, y Fernanda Miño, secretaria de Integración Socio Urbana del ex Ministerio de Desarrollo Social, fueron criticados por varios funcionarios del Gobierno de La Libertad Avanza debido a presuntas irregularidades en el manejo del antiguo Fondo de Integración Socio Urbana, administrado por la ex concejal de San Isidro. Se alegó que a través de este fondo, destinado a urbanizar barrios populares, se habría beneficiado a cooperativas del MTE, del cual el precandidato presidencial de Unión por la Patria es figura destacada.
Según la información oficial, Capital Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, liderada por Yanina Nano Lembo, informó que el 86% de los alimentos destinados a escuelas vulnerables ya ha sido retirado. Aún queda por retirar 352.648 kilos en Villa Martelli y Tafí Viejo.
Las políticas implementadas por Pettovello están “alineadas” con el proyecto libertario de Javier Milei y destacan que fue “el Ministerio que más combatió y expuso la corrupción kirchnerista“. Además, el análisis de los resultados de nueve meses de gestión judicial de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría Legal muestra un alto grado de éxito.
Fuente: Derecha Diario
