El Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra los terroristas de izquierda en la violenta manifestación del miércoles, acusándolos de sedición, asociación ilícita agravada y atentado contra el orden constitucional. Además, exigió el apartamiento de la jueza Karina Andrade, quien ordenó su liberación inmediata.
La denuncia detalla que la movilización, originalmente convocada en apoyo a los jubilados, derivó en disturbios organizados por barrabravas, dirigentes políticos y sindicales. Según el Ministerio, los incidentes fueron premeditados y ejecutados con armas blancas, objetos incendiarios y clavos tipo «miguelito».
Los ataques dejaron catorce policías heridos, además de daños materiales, entre los que se incluyen la quema de un patrullero y motocicletas oficiales.
Críticas a la jueza que liberó a los detenidos
La cartera de Seguridad cuestionó la actuación de la jueza ultra kirchnerista Karina Andrade, quien habría ordenado la liberación de más de cien detenidos sin analizar pruebas ni verificar sus antecedentes penales. Según el Ministerio, entre los liberados hay personas con registros previos por delitos graves como tenencia de armas y tráfico de drogas.
El Gobierno denunció por sedición y asociación ilícita a los barrabravas terroristas
Por este motivo, el gobierno solicitó que la causa pase al fuero federal y no descartó presentar una denuncia penal contra Andrade por prevaricato y violación de deberes de funcionario público.
Nexo con la política y barras bravas
Según la denuncia, la organización de la protesta violenta habría sido liderada por Leandro Capriotti, vinculado al dirigente sindical Luis Barrionuevo. Además, se menciona la supuesta participación de barrabravas de clubes como Chacarita, River, Boca e Independiente, quienes actuarían como «mano de obra» de sectores políticos.
El texto también señala que los manifestantes fueron trasladados desde municipios del conurbano bonaerense, como La Matanza y Lomas de Zamora, bajo una posible financiación de actores políticos vinculados a esas jurisdicciones.
Fundamentos legales y próximos pasos
El Ministerio de Seguridad fundamenta su denuncia en los artículos del Código Penal referidos a sedición y asociación ilícita agravada, además de la Ley Antimafias. También advierte que los organizadores anunciaron que los disturbios se repetirán «todos los miércoles», lo que considera una amenaza directa al orden público.
La causa quedó en manos de la Justicia Federal, que deberá decidir si avanza con la investigación y si admite el apartamiento de la jueza Andrade. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad recopila nuevas pruebas, incluidas grabaciones y testimonios, para respaldar la denuncia.
Fuente: Derecha Diario
