Mientras parte del sector industrial presiona para que el Gobierno mantenga las políticas proteccionistas que tanto daño le han hecho al país, las autoridades nacionales están evaluando cambios en el régimen antidumping que podrían no satisfacer a los empresaurios.
La razón principal es que el equipo económico de Javier Milei busca, con las modificaciones propuestas, evitar abusos y prevenir la prolongación indefinida de medidas establecidas para limitar la entrada al país de bienes a precios bajos.
Estos cambios están siendo analizados por la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), presidida por María José Suárez Villabona. Fuentes del equipo económico indicaron que se pretende «agilizar el trámite, pero al mismo tiempo limitar los plazos de vigencia de las medidas y, eventualmente, la magnitud de los derechos compensatorios, según el impacto en los consumidores«.
Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) se está trabajando en este tema y se llevará a cabo una reunión técnica con la CNCE. Consideran que sería un avance importante que el régimen sea más ágil y que se reduzcan los costos y trámites burocráticos para los consultores, además de permitir que el Gobierno establezca medidas preventivas mientras se desarrolla la investigación. Sin embargo, critican que los cambios podrían significar una «reducción en la protección efectiva«, ya que se contempla una menor duración de las medidas y la adopción de precios de referencia regionales.
Actualmente, una medida antidumping se aplica tras varios meses de investigación para determinar si una importación «causó daño y su magnitud«. Mientras tanto, se pueden imponer medidas preventivas. Una vez establecida, una medida antidumping tiene una vigencia de cinco años, renovable indefinidamente a solicitud del sector protegido. Con las modificaciones que se introducirán por decreto, las medidas tendrán una duración de entre dos y tres años, y solo podrán renovarse una vez por el mismo período, después de una nueva evaluación del caso.
Qué es el dumping
El «dumping» se produce cuando un producto se exporta a un precio inferior al del mercado interno del país de origen. No basta con la existencia de dumping para aplicar medidas, sino que también es necesario demostrar que las importaciones en cuestión causaron «daño a la producción nacional«. Existen tres tipos de derechos antidumping que pueden aplicarse:
- Derechos Ad Valorem: Se cobra un porcentaje sobre el valor del bien importado.
- Derechos Específicos: Se cobra una cantidad fija en dólares por unidad del bien importado.
- FOB Mínimos: Se establece un valor mínimo por unidad de producto que debe cumplir la importación para ingresar al mercado argentino.
En Argentina, se utilizan los tres tipos de medidas antidumping y estos mecanismos seguirán vigentes con los cambios propuestos. Sin embargo, las modificaciones implicarán ajustes en la magnitud y extensión de las medidas. Entre los cambios, se espera una reducción en los derechos antidumping y una duración más corta de las medidas, con un enfoque en la renovación basada en la continua prueba de daño.
El Gobierno también busca evitar la prolongación excesiva de medidas proteccionistas sin un análisis adecuado del daño. En algunos casos, las medidas antidumping se han mantenido vigentes durante más de 20 años y se considera que esto puede distorsionar el mercado y encarecer los productos para los consumidores. La intención es garantizar que las medidas antidumping sean efectivas y justas, evitando la protección indefinida de sectores que pueden haber cambiado significativamente con el tiempo.
Fuente: Derecha Diario
