Mientras la casta política busca revocar el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento educativo, que busca quebrar el Estado nacional, el Gobierno está avanzando con las auditorías de las universidades.
Por un lado, la administración de Milei contempla la posibilidad de anular una resolución del ex Procurador General de la Nación, Carlos Zannini, que impide que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) audite los gastos de las universidades públicas, dada su autonomía.
Por otro lado, evalúa invocar el artículo 59 de la ley de Educación Superior para que la SIGEN supervise las cuentas de las instituciones, especialmente la UBA, que desde hace varios años no rinden cuenta de sus gastos.
Miguel Blanco, director de la Sindicatura General de Empresas Públicas (SIGEN), confirmó que el Gobierno está considerando estas dos alternativas legales.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, afirmó que “es efectivamente una de las opciones que se está analizando“. Tras un debate en TN con el vicerrector de la UBA y el exdiputado radical Emiliano Yacobitti, Álvarez dejó en evidencia la falta de transparencia existente en las universidades.
Según Blanco, ex presidente de IDEA, las universidades públicas gozan de autonomía en su autogobierno, pero no son “autárquicas en términos financieros, y por lo tanto, sus gastos deben ser auditados por la SIGEN“. La SIGEN ya firmó “convenios específicos con 26 universidades de un total de 62, y estas auditorías están programadas y a punto de comenzar“.
Sin embargo, Blanco indicó que “la UBA decidió no firmar dicho convenio“, lo que lleva al Gobierno de Milei a buscar otras alternativas para supervisar sus cuentas.
En concreto, Blanco está considerando aplicar el artículo 59 de la Ley de Educación Superior, que establece que “el rector y los miembros del Consejo Superior de las instituciones universitarias nacionales serán responsables de su administración de acuerdo a su participación, y deberán responder conforme a lo estipulado en los artículos 130 y 131 de la ley 24.156“.
Además, el artículo 130 de la ley 24.156 de Administración Financiera establece que “toda persona física que se desempeñe en las jurisdicciones o entidades bajo la competencia de la Auditoría General de la Nación será responsable de los daños económicos que, por su dolo, culpa o negligencia en el ejercicio de sus funciones, sufran los entes mencionados, siempre que no estén comprendidos en regímenes especiales de responsabilidad patrimonial”.
Según el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, el presupuesto que se auditará de la UBA es “muy difícil saber“, ya que el de este año es una “prórroga” del año pasado.
“En la UBA contamos con más de 300 mil alumnos, trece facultades, y cada una tiene un presupuesto distinto“, explicó Gelpi antes de la marcha política del kirchnerismo, del miércoles pasado. No obstante, estimó que el presupuesto sería de aproximadamente $140.150 millones, lo que equivale a unos 130 millones de dólares.
Por su parte, Víctor Moriñigo, rector de la Universidad de San Luis y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), declaró que las universidades deben “auditarse, se auditan, y estamos dispuestos a aceptar los mecanismos necesarios” para aumentar la transparencia, a pesar de que luego hacen lo contrario.
El dictamen de Zannini establece que “las disposiciones sobre control interno que contienen los artículos 100 y concordantes de la Ley 24.156, que regula la administración financiera y los sistemas de control del sector público nacional, no son aplicables a las universidades nacionales, y establece a la SIGEN como organismo de control“.
Fuentes parlamentarias señalaron que el dictamen de Zannini habría sido el resultado de una negociación en 2022 entre “Yacobitti y el exministro de Economía y candidato presidencial K, Sergio Massa“.
Simultáneamente, el expresidente de la Auditoría General de la Nación y exdiputado radical Jesús Rodríguez sugirió al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que anule el dictamen de Zannini para que la SIGEN pueda acceder a la UBA y a las otras 61 universidades nacionales.
Por su parte, el radical kirchnerista Yacobitti, que no quiere ser auditado, defendió el dictamen de Zannini y enfatizó que las universidades gozan de “plena autonomía” y no pueden ser auditadas por el gobierno, a través de la SIGEN.
Con la voz afectada este fin de semana, tras el debate en TN con Yacobitti, Alejandro Álvarez mencionó, por ejemplo, que “la UBA gastará 700.000 pesos para reunir a alumnos y docentes en Jujuy para un encuentro de ‘Travestis, Lesbianas, Intersexuales y No Binaries“.
Fuente: Derecha Diario
