Manuel Adorni expuso en su conferencia de prensa que en un piso cedido a la Universidad Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo” (IUNMA) funcionaba un boliche clandestino.
Dicha revelación causó una gran controversia ya que la cesión de dos pisos del edificio ubicado en Avenida Rivadavia 2749/89 con fines educativos, terminó siendo utilizado de manera indebida.
Pese a que desde Madres se quieren desligar del hecho, los siguientes documentos, datados en enero del 2018, revelan que el piso efectivamente estaba bajo su esfera y responsabilidad.
El artículo de la resolución que explicita la sesión a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo | La Derecha Diario
La cesión y su propósito original
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) asignó en uso gratuito estos inmuebles al IUNMA mediante la Resolución RS-2018-03383408-APN-AABE#JGM, destinándolos a la instalación de la sede de esta universidad.
La medida revocó permisos previos otorgados a organizaciones como la Asociación Civil Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas y la Asociación Civil Fuerza de los Trabajadores por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat (FTV). Según la resolución, el objetivo era “priorizar proyectos educativos y sociales”, enmarcados en una política de racionalización del patrimonio estatal.
Sin embargo, la conferencia de Adorni reveló que el uso actual contradice estos objetivos. Informes y registros oficiales indican que el espacio fue utilizado como boliche, lo que generó cuestionamientos sobre la gestión y supervisión del inmueble.
Los responsables de la asignación
Ramón María Lanús, entonces presidente de la AABE y actual intendente de San Isidro, y Pedro Villanueva, su vicepresidente, aprobaron la medida argumentando que respondía a un compromiso del Ejecutivo Nacional para la preservación del patrimonio estatal y su uso en proyectos educativos.
No obstante, las nuevas pruebas evidencian que hubo una falta de control sobre el cumplimiento de los fines estipulados, tanto por parte de la AABE como del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos durante la gestión de Alberto Fernández.
Impacto de las denuncias
La revelación de que en el edificio operaba un boliche ilegal ha generado críticas tanto hacia las autoridades que asignaron los inmuebles como hacia la gestión del IUNMA.
Las denuncias sugieren que no solo se incumplió con los objetivos originales de la cesión, sino que también se permitió la realización de actividades comerciales contrarias a los principios que fundamentaron la transferencia del espacio.
Este caso subraya la necesidad de implementar controles más rigurosos sobre los bienes del Estado. La cesión de inmuebles públicos debe ir acompañada de auditorías periódicas para garantizar que los fines estipulados sean cumplidos.
Fuente: Derecha Diario
