El medio Mundo Libre fue el único que cubrió el evento. El diputado brasileño habló sobre la persecución política que está ocurriendo en Brasil, llevada a cabo por el juez Alexandre de Moraes y el régimen de Lula da Silva.
El 30 de mayo, el Congreso de la Nación Argentina fue el escenario de un importante evento organizado por la diputada oficialista María Celeste Ponce. La jornada estuvo marcada por denuncias de censura y graves violaciones de derechos humanos en Brasil, con la participación de varios oradores, entre ellos el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro.
Eduardo, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, inauguró el evento con un discurso en el que denunció la persecución política que enfrenta la derecha en Brasil. Según explicó Bolsonaro, sus seguidores, así como él y su padre, han sido objeto de persecución por parte de las autoridades judiciales.
Una gran muestra de esta persecución es Jair Bolsonaro, quien ha sido inhabilitado por la justicia brasileña para ejercer cargos públicos hasta 2030, una decisión que se atribuye a una maniobra política para silenciar a la oposición.
Bolsonaro apuntó específicamente contra el juez Alexandre de Moraes, a quien describió como la persona más poderosa de Brasil, superando incluso al presidente Lula da Silva. Según sus declaraciones, la Justicia en Brasil está corrupta y alineada con el gobierno izquierdista en el poder. Ante esta situación, sugirió que la única esperanza es apelar a foros internacionales para exponer la situación y alertar a otros países.
Respecto al ámbito internacional, Eduardo Bolsonaro expresó la esperanza de que una posible victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos podría ejercer la presión necesaria para revertir la censura y la persecución política en Brasil. Considera que la intervención de líderes internacionales es crucial para poner fin a las violaciones de derechos humanos en su país.
La conferencia también contó con las intervenciones de los diputados brasileños Julia Zanatta, Marcel Van Hatten y Rodrigo Valladares. Todos coincidieron en denunciar la censura y el bloqueo en redes sociales, así como la desinformación propagada por los medios de comunicación convencionales. Afirmaron que en Brasil ya no existe la libertad de expresión y que la situación se ha deteriorado gravemente bajo el actual gobierno.
Ezequiel Silveira, abogado de la Asociación de Víctimas y Familiares del 8 de enero de 2023 (ASFAV), ofreció un conmovedor testimonio sobre los eventos de esa fecha. Según Silveira, los medios de comunicación reportaron los incidentes del 8 de enero como actos de violencia perpetrados por manifestantes pro-Bolsonaro. Sin embargo, el abogado aseguró que los daños y la invasión a los tres poderes del Estado fueron en realidad obra de infiltrados contratados para desacreditar a los manifestantes.
Silveira narró que el 9 de enero de 2023, aproximadamente 2.000 personas que protestaban pacíficamente frente a un cuartel militar fueron detenidas por la policía y tratadas inhumanamente, y hasta uno de los detenidos perdió la vida bajo custodia. Las acusaciones contra estos manifestantes, muchos de los cuales ni siquiera participaron en los eventos del 8 de enero, incluyen cargos por “intento de golpe de estado“. Silveira destacó que entre los detenidos había ancianos y personas que simplemente ejercían su derecho a la protesta pacífica.
Actualmente, numerosos presos políticos continúan encarcelados o bajo arresto domiciliario, enfrentando penas de hasta 17 años de prisión. Otros han solicitado asilo político en Argentina y Paraguay, sin posibilidad de regresar a Brasil. Este evento en el Congreso argentino sirvió como plataforma para visibilizar estas injusticias y buscar apoyo internacional.
Las denuncias de censura, persecución política y violaciones de derechos humanos subrayan la necesidad de una atención y acción internacional para revertir esta situación. Los testimonios ofrecidos durante la conferencia reflejan una crisis profunda en la democracia y el estado de derecho en Brasil, y plantean preguntas urgentes sobre la integridad del sistema judicial y la libertad de expresión en el país vecino.
Fuente: Derecha Diario
