Las organizaciones criminales de izquierda, mejor conocidas como movimientos piqueteros, están llevando a cabo protestas en todo el país desde esta mañana, en un intento de extorsionar al Gobierno del presidente Javier Milei.
Estos delincuentes apuntan contra el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, quien, desde el comienzo de su gestión, está llevando a cabo una increíble lucha en contra de la corrupción presente en las organizaciones de izquierda.
Los piqueteros, quienes están controlados por su líder, Eduardo Belliboi, demandan la «entrega inmediata de alimentos a los comedores populares«, el «aumento de los programas sociales al nivel de una canasta básica«, la «libertad para Daniela Calarco y Roberto de la Cruz» y el «fin a la persecución de las organizaciones sociales«.
Las organizaciones criminales expresaron que «en ocho meses, el gobierno de Milei ha devastado los derechos de los niños, los ancianos, los trabajadores y la juventud. UNICEF acaba de informar que hay 7 millones de niños en situación de pobreza y 1 millón y medio se van a dormir sin haber cenado. Casi el 60% de la población vive por debajo de la línea de pobreza y 10 millones de personas son indigentes», afirmó Belliboni, líder del Polo Obrero, en un comunicado plagado de mentiras para justificar su accionar ilegal.
«Los despidos son masivos y más de 38 mil empresas han anunciado que están en crisis y podrían despedir a cientos de miles de trabajadores antes de fin de año«, añadió el socialista, quien ahora parece defender a «las empresas«, a pesar de que no cree en un sistema capitalista y por tanto, en la propiedad privada.
«En los últimos dos meses se han realizado más de 120 allanamientos a comedores populares; ¿qué buscan? Los verdaderos delitos los cometen quienes fugan millones con la deuda externa o los narcotraficantes, o aquellos que hacen desaparecer niños como en el caso de Loan en Corrientes. Se allanan comedores que combaten el hambre y no a los funcionarios que esconden comida y provocan hambre y desempleo«, se quejó.
El uso de trabajadores inmigrantes bolivianos para las protestas
En el mes de marzo, las organizaciones sociales de izquierda y grupos piqueteros presentaron un «amparo colectivo» para que la Justicia suspenda 22.501 bajas en el programa Potenciar Trabajo, dispuestas por el Ministerio de Capital Humano en aquel momento. Según los piqueteros, la medida era «inconstitucional«, «discriminatoria» y «estigmatizante» hacia los trabajadores inmigrantes, en su mayoría de origen boliviano.
La razón de la medida del gobierno fue que esos extranjeros se aprovechaban de los recursos estatales, ya que en su mayoría eran inmigrantes que venían con el único objetivo de cobrar los planes y volverse a su país, saqueando al Estado nacional y esclavizando al contribuyente, lo cual era práctica totalmente injusta para aquellos argentinos verdaderamente necesitados.
Antes de la llegada de Milei a la presidencia, las organizaciones sociales contaban con un gran número de inmigrantes, los cuales eran utilizados en piquetes y marchas para seguir reclamando fondos del Estado. Sin embargo, bajo la administración actual, esa práctica criminal se terminó y se quitaron las ayudas sociales a aquellos extranjeros que venían a aprovecharse del pueblo argentino, algo que representó un duro golpe para los delincuentes como Belliboni.
Un duro golpe a los extorsionadores
En mayo, la Justicia imputó varios dirigentes sociales por los delitos de extorsión. La investigación judicial en curso se originó después de que el Ministerio de Seguridad recibiera múltiples denuncias anónimas alegando que dirigentes piqueteros estaban exigiendo a los beneficiarios que asistieran a marchas o actividades organizativas a cambio de recibir las ayudas sociales que les correspondían.
En los chats y audios filtrados, se observa cómo los responsables «tomaban lista» y solicitaban certificados a aquellos que no podían asistir, con el fin de «justificar» su ausencia en las marchas.
La investigación descubrió que estos procedimientos surgieron a raíz de la decisión de los gobiernos anteriores de darle el dinero de los planes sociales a los intermediarios, como Belliboni, en lugar de hacerlo directamente a la gente. Debido a esto, se encontraron pruebas de coimas, el cobro de comisiones y la retención indebida de fondos a los beneficiarios, entre otras ilegalidades.
Al perder todos estos negocios corruptos con los cuales ganaron millones de pesos, los dirigentes como Belliboni recurren a la extorsión y la mentira para intentar recuperarse de este duro golpe.
Fuente: Derecha Diario
