El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires programó para los días 5 y 12 de junio de este año las audiencias en el juicio contra Omar Pérez, un líder cercano a Hugo Moyano, y otros cuatro miembros del Sindicato de Camioneros, todos ellos imputados por el bloqueo a la pyme Andar Transportadora en 2020, acusados de tentativa de extorsión.
De este modo, este año se presentará una instancia crucial para el proceso judicial de importantes sindicalistas vinculados a la estructura moyanista, quienes serán juzgados por bloquear empresas.
En caso de una condena, esta podría sumarse a la de dos dirigentes de la Seccional San Nicolás de Camioneros, Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, quienes permanecen bajo arresto domiciliario a la espera de su juicio por un bloqueo contra la pyme Distribuidora Rey en 2021.
Omar Pérez ocupa el cargo de secretario de Políticas de Transporte en el Sindicato de Camioneros y también es secretario Gremial de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). Su nombre fue incluso mencionado como posible reemplazo de Pablo Moyano en el triunvirato de la CGT.
Bloqueo sindical. | La Derecha Diario
En este caso, también enfrentan juicio Omar Dutrá, secretario de Logística del gremio, junto a Diego Emanuel Coria, Jorge Fabián Aguirre y Matías Ezequiel Paz.
Los cinco están acusados por el bloqueo en el depósito de Villa Soldati de la empresa de Trenque Lauquen, llevado a cabo por unos 15 representantes gremiales, en reclamo de una deuda supuestamente existente con el Sindicato de Camioneros. Sin embargo, según la Justicia, «no se encontraron pruebas que respalden la legitimidad» de dicho reclamo.
Los acusados habían sido procesados por coacción en un fallo de noviembre de 2021, que fue ratificado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. No obstante, en agosto de 2022, el juez Fernando Caunedo decidió elevar el caso a juicio por un delito más grave: extorsión en grado de tentativa.
El bloqueo sindical
Alejandro Castell, empresario y víctima del bloqueo, relató al medio Infobae que sus dificultades comenzaron al año siguiente de haber fundado Andar Transportadora, cuando Hernán Sánchez, líder de la Seccional 9 de Julio de Camioneros, le reclamó dinero por una diferencia de kilómetros que deberían haber sido abonados a los choferes. Para evitar problemas, Castell entregó 10 cheques a nombre del sindicato y su mutual.
No obstante, a medida que la pyme fue expandiéndose, las solicitudes se convirtieron en presiones del sindicato: «Día por medio me llamaban del sindicato para exigirnos dinero por la diferencia de kilómetros. Como les dije que no, Sánchez me respondió que por el monto de la deuda podía pagarles con uno de mis camiones. Por supuesto que me negué«.
«Esa es plata que juntan para ellos cada dos o tres años. Hay empresas grandes, que tienen unos 70 camiones, a las que les sacan dos o tres millones de pesos cada seis meses, pero los cheques no a la orden van a nombre del sindicato, de la federación y de la mutual, y el dinero no llega a los choferes«, agregó.
Por ello, Castell advirtió a los dirigentes de la seccional de Camioneros que «no iba a pagar lo que no era legal«, lo que dio inicio a las hostilidades: Sánchez y «cuatro matones» aparecieron inesperadamente en su hogar para exigirle el pago de la deuda.
«Me exigían dinero por la diferencia de kilómetros entre 2008 y 2018«, contó, y explicó: «Me negué y les pedí que me enviaran una carta documento para que constara oficialmente el reclamo y tener argumentos legales para rechazarlo«.
Según Castell, Sánchez le envió una foto de una carta documento a su celular, pero nunca la envió por correo, como estipula la ley. «Lo hicieron para asustarme. Como no aflojaba, el abogado de ellos nos dijo que íbamos a tener una sorpresa«, relató Castell.
Y así fue: el 31 de julio de 2020, mientras viajaba hacia Buenos Aires, se enteró de que alrededor de 10 personas identificadas con el Sindicato de Camioneros, que afirmaban seguir las órdenes de Hugo Moyano, bloquearon el depósito de su empresa en Villa Soldati entre las 9:30 y las 13:30, impidiendo el paso de los camiones y amenazando a los choferes.
Cuando Castell llegó, enfrentó a los sindicalistas, quienes insistían en mantener el bloqueo hasta que pagara la deuda, y recibió todo tipo de insultos. «Tenés que arreglar con la Seccional 9 de Julio«, le dijeron. Uno de los matones incluso intentó agredirlo. Finalmente, llegó la policía porteña, que, según Castell, permitió que los bloqueadores se fueran sin problemas después de cuatro horas de interrupción.
Lo más relevante ocurrió durante el bloqueo, cuando uno de los violentos sindicalistas le entregó un celular para hablar con su «jefe«. Castell se sorprendió al escuchar a alguien que se identificó como Omar Dutrá, jefe de Logística del sindicato, quien le preguntó: «¿Por qué no paga y esto se termina? Vayamos por las buenas, déjese de joder«.
Castell se negó. Dutrá le propuso entonces que visitara el sindicato para discutir el asunto. Castell aceptó y concertó una cita para el 5 de agosto, pero antes buscó asesoría legal, lo que lo llevó a contactar con su abogada, Florencia Arietto.
El 5 de agosto de 2020, Castell acudió al Sindicato de Choferes de Camiones, en San José al 1700, en Constitución. Llevaba consigo una idea clave que ayudaría en la posterior acusación: le pidió a Dutrá que le enviara la ubicación exacta del lugar donde debía ir, dado que no conocía bien la ciudad. Estos mensajes de WhatsApp y la constancia de la ubicación fueron fundamentales para confirmar que Dutrá estaba dentro del sindicato de Moyano.
Allí, Dutrá lo condujo hasta la oficina de Omar Pérez, uno de los altos dirigentes de Camioneros. «¿Por qué te hacés el rebelde y no pagás?«, fue el saludo que Castell recibió. «Ustedes me están extorsionando. Piden plata que no es legal. Necesito que me intimen legalmente«, respondió el empresario. «Mirá, no somos la gorra, pero podemos cruzar la información con la AFIP«, replicó Pérez.
En ese tenso encuentro, Pérez prometió enviarle el detalle de la deuda para que pudiera saldarla, y Castell pudo marcharse. Para entonces, respaldado por Arietto, Castell había presentado una denuncia contra Hugo Moyano, Omar Pérez, Omar Dutrá y 15 sindicalistas por extorsión, usurpación, atentado contra la libertad de trabajo y privación ilegítima de la libertad.
Las pruebas clave para la acusación fueron las filmaciones de una empleada que captó el enfrentamiento con los sindicalistas y las grabaciones de las cámaras de seguridad que documentaron las acciones de los agresores.
Aunque Pérez nunca envió el detalle de la deuda, dos semanas después de la denuncia, Castell recibió un requerimiento de la AFIP para auditar los documentos de su empresa, sin encontrar irregularidades.
Al mes siguiente, los inspectores volvieron: «Abrían y cerraban los balances, revisaban las liquidaciones de los sueldos. Revolvieron todo. Mi contador dijo que nunca vio una inspección así«, relató Castell. «Tuve nueve meses a la AFIP en mi empresa. ¿Y al sindicato quién lo controla?«, cuestionó.
La causa penal
El fiscal Mahiques investigó el caso, tomando declaración a siete testigos del bloqueo, revisando las filmaciones, identificando a algunos de los sindicalistas involucrados y confirmando que Dutrá también estuvo presente.
Tras el entrecruzamiento de llamadas, se comprobó que los sindicalistas estuvieron en el lugar durante el bloqueo. Así, el fiscal concluyó que la deuda era «inexistente» y solicitó la indagatoria de seis representantes sindicales.
El 16 de noviembre de 2021, el juez Fernando Caunedo procesó a cinco dirigentes del Sindicato de Camioneros, embargándoles bienes por 300 mil pesos a cada uno por su responsabilidad en el delito de coacción contra Andar.
Un mes después, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ratificó la condena y señaló que «ningún derecho puede ejercerse abusivamente«. En agosto de 2022, Caunedo elevó el caso a juicio por extorsión en grado de tentativa.
En su solicitud de juicio, el fiscal Mahiques destacó que las pruebas reunidas respaldaban la acusación de que el «relevamiento» realizado por los imputados en el depósito de Castell, lejos de ser pacífico, consistió en un violento bloqueo con el objetivo de forzar el pago de la deuda falsa.
Sobre el papel de Pérez, el fiscal concluyó que la reunión de Castell con él en el sindicato fue parte de una estrategia concertada para continuar la coacción, especialmente cuando Pérez le insinuó que podían obtener información de los organismos fiscales.
Fuente: Derecha Diario
