En una decisión clave, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°10 de Buenos Aires puso fin a las acusaciones de corrupción que involucraban a exfuncionarios de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
El fallo sobreseyó a Thierry Decoud, Andrés Gros y Alejandro Salemme, cerrando una denuncia que apuntaba a presuntos actos de corrupción en una transacción comercial con la empresa israelí TEGI. La causa, que había sido presentada como un escándalo, terminó desmoronándose por falta de pruebas.
Origen de la denuncia: El intento de vincular al gobierno con un supuesto acto de corrupción
La denuncia fue presentada por la legisladora María Graciela Ocaña, quien acusó a Decoud (exinterventor de YCRT) y a otras personas de intentar cobrar sobornos en el marco de una venta de carbón valuada en 2,1 millones de dólares. Según la acusación, Gros y Salemme habrían actuado como intermediarios para exigir una coima, sugiriendo tener contactos dentro de YCRT.
Thierry Decoud | La Derecha Diario
La denuncia buscaba conectar estos presuntos actos irregulares con el gobierno, intentando posicionar el caso como un ejemplo más de corrupción en una empresa estatal. Sin embargo, el curso de las investigaciones desmoronó este relato.
Lo que reveló la investigación
La Fiscalía Federal N°7, a cargo de la instrucción, no halló evidencia que respaldara las acusaciones. Entre los puntos más relevantes se destacan:
- Testimonio de la empresa TEGI: Juan Agustín Yarke Ariet, representante de la firma israelí, declaró que interpretó el contacto con Gros y Salemme como una “práctica comercial agresiva”, pero no como una extorsión o un intento de coacción.
- Continuidad en las negociaciones: Las tratativas con YCRT no se interrumpieron tras el incidente denunciado, y la empresa describió la relación como profesional y transparente.
- Ausencia de vinculación con el gobierno: No se encontraron pruebas que relacionaran a Decoud o a otros funcionarios con los hechos denunciados, descartando cualquier participación estatal en actos irregulares.
La resolución: un golpe a la narrativa de corrupción en el Gobierno
El juez, al homologar el pedido del fiscal, dispuso el sobreseimiento de todos los imputados. En su fallo, subrayó que las acusaciones no tenían sustento en pruebas concretas y que no se había constatado ningún delito.
Además, la resolución destacó que la formación del proceso no afectó el buen nombre y honor de los imputados, reafirmando la ausencia de irregularidades.
¿Qué significa esta caída de la denuncia?
- Un revés para quienes apuntaron al gobierno: La causa, presentada inicialmente como un escándalo de corrupción, no logró sostenerse. Esto refuerza la necesidad de basar las denuncias en evidencias sólidas.
- Reivindicación para los implicados: Decoud y los demás involucrados quedan eximidos de las acusaciones, reafirmando su inocencia.
- Un mensaje sobre el uso político de la justicia: El caso expone cómo una denuncia puede ser utilizada como herramienta política, pero sin pruebas suficientes, termina por desmoronarse.
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Una denuncia que no resistió la prueba judicial
El sobreseimiento en la causa YCRT marca un precedente sobre la importancia de fundamentar las acusaciones contra el gobierno o funcionarios públicos. Lejos de encontrar un caso de corrupción, el proceso judicial reveló la inexistencia de pruebas que conectaran al Estado o sus representantes con actos ilícitos.
Este fallo desactiva una narrativa de corrupción y deja en claro que no basta con acusar; las evidencias son esenciales.
Fuente: Derecha Diario
