El “amigo de lo ajeno” estuvo desde pasadas las 9 hasta cerca de las 12 con el juez Casanello y el fiscal Pollicita. Nervioso, presentó tres carpetas con documentación e insistió en que se trata de una causa fabricada por el gobierno de Javier Milei.
El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, declaró hoy durante cerca de tres horas ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal federal Gerardo Pollicita en una causa que investiga una presunta extorsión desde la organización a beneficiarios de planes sociales y una administración fraudulenta por el uso de facturas falsas para rendir gastos de fondos públicos destinados a las unidades de gestión.
Como era de esperarse, Belliboni negó todas las acusaciones, explicó la supuesta honestidad del Polo Obrero y presentó tres carpetas con documentación para refutar las imputaciones. Además, reiteró que considera esta causa como una “maniobra fabricada” por el gobierno de Javier Milei. “Justo esta causa comienza con la campaña antipiquetera y de representación que inició el gobierno el 20 de diciembre“, afirmó el extorsionador ante la prensa después de la indagatoria.
El líder piquetero llegó a las 9 a los tribunales de Comodoro Py, y el Polo Obrero convocó a una manifestación para el mediodía frente al edificio de Retiro, donde había una fuerte presencia policial, incluido un camión hidrante.
La indagatoria de Belliboni fue la primera de la última audiencia de acusaciones, a la que fueron convocadas 23 personas en total durante tres semanas de audiencias. Posteriormente, el juez Casanello tendrá 10 días para decidir si procesa, sobresee o dicta falta de mérito a los acusados.
Hasta ahora, los imputados que aceptaron declarar explicaron que “no se les negaba la comida a nadie“. Los dirigentes más políticos, en un intento de victimización, aseguraron que “los aportes de dinero eran voluntarios y que existe una persecución política por parte del Gobierno contra los movimientos sociales“. Todos rechazaron los delitos por los que están imputados.
En esa línea, también declaró Belliboni, acompañado por sus abogadas Liliana Alaniz y Claudia Ferraro. Presentó tres carpetas con documentación que mostraba que el Polo Obrero registró más altas que bajas de beneficiarios de planes sociales, argumentando que esto reflejaba que “la gente prefería estar en la organización y que no había extorsión involucrada“. En otra carpeta incluyó fotos y documentos sobre los supuestos gastos que el Polo Obrero realizaba para mantener los comedores, señalando que el costo de instalar cada comedor era de 6 millones de pesos.
Belliboni negó categóricamente que los beneficiarios de planes sociales fueran extorsionados y afirmó que los aportes eran voluntarios. Ejemplificó que durante el gobierno de Mauricio Macri, quienes recibían planes sociales no tenían que cumplir con ninguna contraprestación, y mencionó que ese fue el periodo en el que el Polo Obrero movilizó a más personas.
Respecto a la acusación sobre el uso de facturas falsas, el dirigente social afirmó que las empresas utilizadas tenían autorización de la AFIP, y cualquier problema debía ser responsabilidad de ese organismo por permitir que estas empresas continuaran operando. Finalmente, se negó a responder preguntas.
“Mucha militancia y poca explicación”, fue la conclusión de una fuente judicial que estuvo presente en la audiencia.
En el inicio de la investigación, el fiscal Pollicita no tenía a Belliboni como imputado. Su nombre surgió durante los primeros allanamientos en la causa, donde se encontraron facturas supuestamente falsas con la firma de Belliboni, utilizadas para justificar gastos ante el ex Ministerio de Desarrollo Social, actualmente Capital Humano, que nunca se llevaron a cabo.
El Estado entregaba dinero al Polo Obrero y a la Cooperativa El Resplandor a través de convenios del Plan Potenciar Trabajo como unidades de gestión. Parte de esos fondos, aproximadamente 279 millones de pesos de un total de 360 millones, se utilizaron para herramientas, ropa y cursos. Sin embargo, surgieron nuevas sospechas sobre el manejo fraudulento de estos recursos.
Inicialmente, el juez identificó que se contrató a la firma Costex SA y a la imprenta Rumbos, que se cree pertenecen al propio partido. Costex, en particular, generó más investigaciones al ser declarada por la AFIP como una usina de facturas falsas. Fue fundada por Luis Alexander Pichuaga y Mariana Vega, quienes según los informes carecían de capacidad económica para dirigir dicha empresa. Durante sus declaraciones, afirmaron no estar al tanto de los temas discutidos.
Sin embargo, en las últimas horas, los investigadores descubrieron conversaciones que sugieren que estas dos personas recibían autos para ir al banco a retirar chequeras o abrir cuentas, y que eran compensadas económicamente periódicamente por estos servicios. La pregunta clave sigue siendo quiénes estaban detrás de estas órdenes y quién se beneficiaba de estos movimientos financieros.
En relación con las nuevas revelaciones, se han identificado facturas dirigidas a Urban Graphics SA, Rizo Print SRL, Miniso Trade SRL y Carlos Osvaldo Monfrini, este último prestó servicios de alquiler de handies. Durante estas transacciones, el Polo Obrero emitió cheques que, según las investigaciones, terminaron siendo depositados en cuentas de Rumbos, lo cual refuerza las sospechas de que se estaban inflando gastos para financiar actividades del partido.
Cuando el juez Casanello ordenó las indagatorias, señaló: “Todas las personas que fueron escuchadas como beneficiarias del Programa Nacional de Inclusión Socio-productiva y Desarrollo Local – ‘Potenciar Trabajo’ – indicaron haber accedido al beneficio a través de organizaciones sociales que actuaban como unidades de gestión. El rol de estas unidades era garantizar y hacer posible la inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad económica y social mediante propuestas productivas. El ingreso económico directo debía complementarse con el beneficio indirecto ofrecido por la unidad de gestión“.
Agregó: “Por esta labor, la organización recibía fondos del Estado y asumía responsabilidades en la administración de esos intereses públicos confiados. Los elementos probatorios reunidos por la fiscalía y el juzgado sugieren que, en los casos bajo investigación, se desviaron estos intereses públicos“.
El juez afirmó: “Considero probado, con el grado de evidencia requerido legalmente en esta etapa, que varias personas agrupadas bajo las asociaciones ‘Asociación Polo Obrero’ y ‘Cooperativa El Resplandor Ltda.’, administraron de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales confiados en los convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del programa ‘Potenciar Trabajo’“.
Fuente: Derecha Diario
