Se trata de “Coxtex”, una de las empresas que generaba facturas para justificar gastos frente al Ministerio de Desarrollo Social. AFIP la estuvo vigilando desde 2022, pero nunca llegó a suspenderla.
El 30 de agosto de 2022, la AFIP concluyó una inspección sobre la empresa Coxtex, determinando que se trataba de una usina de facturas sin capacidad económica ni financiera. Por esta razón, decidió incluirla en la base E-Apoc, que reúne a todas las empresas que emiten facturas falsas.
Casi dos años después, esta misma empresa es parte de una investigación judicial que involucra al Polo Obrero y a sus principales dirigentes, como Eduardo Belliboni. La Justicia sospecha que Coxtex generó varias facturas para “justificar” gastos de esa organización.
La inspección de la AFIP, ahora parte del caso que llevan adelante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, reveló la actividad inusual de Coxtex en los meses siguientes a su creación en octubre de 2020. En el primer semestre de 2021, emitió facturas por un total de $115.531.342,83, y en el segundo semestre del año, la cifra ascendió a $226.074.302,49, según el informe judicial.
Pero hay más. Entre enero y febrero de 2022, el mismo año de la inspección, Coxtex facturó $139.119.572,65. En total, suman más de $480 millones en solo trece meses. “La última facturación importante es de febrero de 2022; después aparecen montos menores hasta julio de ese año“, señaló un investigador.
Los investigadores de la AFIP visitaron los domicilios personales de los dos “socios fundadores” de Coxtex: María Soledad Vega y Luis Alexander Pichuaga, conocido como el enigmático “canadiense“. La investigación alarmó a los implicados, aunque para ese momento la sociedad ya estaba prácticamente inactiva.
En el teléfono de Vega se encontraron mensajes relacionados con el conflicto. El 24 de octubre de 2022, Gabriela Anahí Rivero alertó a Vega: “Te están buscando de la AFIP. Por una sociedad que no pueden ubicar. Vinieron a casa“. Tres días después, Vega comunicó a Rivero su malestar: “Anita, recién pasó el hombre de la AFIP (…) me desvinculó de todo. Hay muchas empresas a mi nombre: Recinsur, VSP, Coxtex“.
En efecto, Vega y Pichuaga habían prestado sus nombres para la creación de otras tres sociedades durante 2020: Consulting SA, Recinsur SA y Ciriaco Shoes SRL.
Cuando allanaron la casa de Vega, una mujer de origen humilde, no estaba presente. Más tarde llegó junto a su pareja, un albañil de 55 años, de manera espontánea. La Policía la registró y encontró un teléfono Samsung, el cual fue posteriormente peritado.
Hace aproximadamente un mes, Pichuaga también fue allanado en su modesto PH en el barrio de Floresta. En su domicilio, la Policía confiscó un documento de la AFIP fechado el 27 de octubre de 2022 y firmado por el inspector Norberto Andrade.
Según la investigación del organismo recaudador en ese momento, Coxtex, que supuestamente se dedicaba a la venta de equipos y programas informáticos, tenía solo un empleado registrado a pesar de facturar millones. “Presentó DDJJ (formulario 931) por los períodos 02/2021 al 10/2021 en cero“, según consta en el documento adjunto a la investigación judicial.
La conclusión de los investigadores fue contundente: “Se observa la emisión de facturas electrónicas con montos significativos, los cuales resultan imposibles de ser realizados por una empresa sin capacidad económica y financiera suficiente para llevarlos a cabo“. Debido a esto, la empresa fue incluida en la base E-Apoc.
La historia de Coxtex volvió a ser relevante hace dos meses, cuando la Justicia comenzó a investigar las facturas presentadas por el Polo Obrero para justificar sus gastos ante el Ministerio de Desarrollo Social. Otra empresa bajo escrutinio es la imprenta conocida como “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL“. En conjunto, estas dos sociedades aportaron facturas por un total de $25 millones de pesos.
Con esta información, el 21 de mayo el juez Casanello ordenó a la Policía Federal que se acercara a la AFIP para solicitar toda la información disponible sobre las dos empresas y sus socios. Específicamente, requirió declaraciones juradas, datos sobre vehículos, aeronaves, embarcaciones, propiedades, cuentas bancarias, y cualquier fiscalización o denuncia penal relacionada con los implicados.
En respuesta, la AFIP comunicó, entre otros detalles, que la empresa Rumbos “no ha presentado declaraciones juradas después del año 2019” y que “Lucas Adrián Buchichio, quien fue el contador encargado de presentarlas en los años 2017 y 2018, recibió además facturas B de dicha empresa durante los años 2023 y 2024“. Además, informaron que “la declaración jurada del año 2019 fue presentada por Leonardo Daniel Narizzano, actualmente registrado como contador de la empresa“. Con esta información, el juez ordenó operativos sobre ambos contadores a fines de mayo.
Antes todas estas pruebas, la estrategia de defensa de Eduardo Belliboni cambió recientemente y ahora se centra en el papel de la AFIP. Durante su declaración, el extorsionador de pobres afirmó que las empresas Rumbos y Coxtex operaban con autorización del organismo recaudador, y que era responsabilidad de este asegurar que continuaran en funcionamiento.
Anteriormente, el líder piquetero había señalado a “los funcionarios kirchneristas del Ministerio de Desarrollo Social” que aprobaban las facturas. Aunque no los mencionó específicamente, se refería a la Secretaría de Economía Social, dirigida por Emilio Pérsico. Según él, una vez que esta oficina daba el visto bueno, la documentación pasaba por dos líneas de control adicionales: las legales y las de contabilidad. Sin embargo, nadie detectó irregularidades.
La estrategia es Belliboni es clara. Si él cae, se lleva a todos los kirchneristas con él, ya que fueron ellos quienes le permitieron llevar a cabo este negocio corrupto.
Fuente: Derecha Diario
