El juez Casanello descubrió que la organización justificó gastos utilizando dos empresas, las cuales luego emitían cheques truchos. Hay muchas sospechas de que el Polo Obrero se financiaba a sí mismo con fondos del Estado.
La Justicia está investigando nuevas maniobras en las cuales el Polo Obrero habría desviado millones de pesos del programa Potenciar Trabajo hacia una red de empresas que emitían facturas falsas para respaldar gastos ficticios y ocultar el destino final del dinero.
Hasta ahora, los investigadores habían corroborado que el Polo Obrero utilizaba facturas presuntamente falsas de dos empresas, Coxtex (considerada apócrifa por la AFIP) y la imprenta Rumbos, para justificar parte de los fondos recibidos del ex Ministerio de Desarrollo Social kirchnerista como unidad de gestión del Potenciar Trabajo. Esta práctica resultó en un desvío de $25 millones hacia estas empresas.
Recientemente, el juez federal Sebastián Casanello descubrió que la Asociación Civil Polo Obrero también presentó rendiciones con facturas falsas ante el ex Ministerio de Desarrollo Social, esta vez por otros $10 millones. Estas facturas fueron emitidas por dos nuevas empresas relacionadas con el sector gráfico e impresión, las cuales luego transferían fondos a la imprenta Rumbos, por lo que el dinero del Estado terminaba depositado en la cuenta de una empresa vinculada al Polo Obrero.
En este caso, el Partido Obrero está siendo investigado por presunta defraudación al Estado, acusado de haber desviado dinero destinado originalmente para la compra de herramientas, vestimenta y otros elementos de trabajo para los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.
La situación se complica aún más para Rumbos, una imprenta fundada en 2017 por Christian “El Colo” Rath, un fallecido exdirigente histórico del partido, y Roberto Adrián Albornoz, quien está citado a indagatoria para el próximo 25 de junio. Según información recabada por el juez Casanello de la Cámara Nacional Electoral (CNE), Rumbos realizó aportes al Partido Obrero por un total de $18 millones entre 2020 y 2023. Este dato refuerza la sospecha de que el partido se estaría autofinanciando con fondos del Estado.
La Justicia continúa avanzando con la investigación de lo que ha sido denominado como la Ruta del Dinero “P”. Se ha determinado que al menos $35 millones fueron desviados hacia empresas investigadas por emitir facturas falsas o por ocultar el destino final del dinero. Una de estas empresas es Coxtex, como se ha mencionado anteriormente.
En las últimas semanas, la Justicia ha revelado un detalle inquietante sobre la compañía Coxtex, fundada por Luis Alexander Pichuaga y Mariana Vega. El escribano que firmó la escritura de constitución de esta empresa es Juan Bautista Darrasaga, quien previamente fue investigado en los casos de Ricardo Jaime y Lázaro Báez.
Juan Bautista Darrasaga también estuvo involucrado en la constitución de Clamarán S.A., utilizada por el exsecretario de Transporte para adquirir un departamento de 250 metros cuadrados en Figueroa Alcorta, Capital Federal. Además, participó en la creación de las empresas “pantalla” Xhoris, Karnika y Karnix, las cuales Lázaro Báez habría utilizado para el lavado de activos por más de $200 millones.
La Justicia sospecha que Pichuaga y Vega no son los verdaderos propietarios de Coxtex, sino que podrían ser testaferros pagados por otra persona para establecer la empresa. La hermana de Pichuaga admitió que a él le habían entregado $40,000 para que figurara como dueño de la compañía, y aseguró que no tenía ningún involucramiento en la gestión de la sociedad.
Con esta nueva causa, el Polo Obrero y Eduardo Belliboni siguen complicados judicialmente. Con la llegada de Milei al poder, la corrupción de las organizaciones sociales y de los lideres piqueteros no va a quedar impune. Robarle el dinero y la comida a los pobres mediante la “intermediación” les va a terminar saliendo muy caro.
Fuente: Derecha Diario
