No falta mucho tiempo para que el expresidente kirchnerista y golpeador, Alberto Fernández, sea convocado a declarar como sospechoso de los delitos de fraude y negociaciones incompatibles con la función pública, debido a los contratos de seguros que su exsecretaria, María Cantero, gestionaba junto a su esposo, Héctor Martínez Sosa, con diversas dependencias oficiales.
La medida, que también afectará a Cantero, a su esposo, y a la mayoría de los treinta imputados en la causa, está siendo evaluada por el juez Julián Ercolini y podría concretarse en los próximos días, una vez que se finalice la recopilación de pruebas.
El juez decidió, el pasado viernes, enviar nuevas órdenes de presentación a compañías de seguros que manejaban las pólizas bajo investigación, con el fin de esclarecer su vínculo con las cooperativas San Ignacio y 7 de Mayo, y determinar la conexión entre estas y los funcionarios del gobierno.
Las pruebas que sostienen la acusación contra Alberto Fernández incluyen el decreto 823 del año 2021, que obligaba al Estado a contratar con Nación Seguros, durante la gestión de Alberto Carlos Pagliano.
Los intercambios de mensajes revelan el origen de este decreto y si, durante la elaboración de la norma, se contempló siempre la participación de intermediarios en las contrataciones.
Se suman a estas evidencias los mensajes extraídos del teléfono de Cantero, los cuales indican que ella operaba desde las cercanías del despacho presidencial como la facilitadora de los negocios de seguros de su esposo.
Cada funcionario que pasaba por allí era abordado por Cantero para que su esposo pudiera ofrecer los servicios de pólizas a su respectiva dependencia pública.
En los mensajes abundan ejemplos de la búsqueda de contratos con Cancillería, bajo la dirección de Santiago Cafiero, Fabricaciones Militares, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Planificación, y también con municipios.
En al menos dos ocasiones, Alberto Fernández interviene directamente en los mensajes, asegurándose de que estos negocios quedaran en manos de Martínez Sosa.
El delito de negociaciones incompatibles con la función pública conlleva una pena de hasta seis años de prisión y basta con que el funcionario manifieste un “interés” en el negocio para obtener un beneficio propio “o de terceros“. Es decir, para acreditar el delito no es necesario demostrar que Alberto Fernández se enriqueció con los contratos de seguros oficiales, a través de los cuales su amigo recibía millonarias comisiones.
Otras figuras penales que se están considerando incluyen el fraude, en caso de que se haya perjudicado a la administración pública por el hecho de que los precios o las comisiones fueran superiores a los del mercado, y eventualmente, la asociación ilícita.
En comparación con las acusaciones por “violencia de género“, las imputaciones de corrupción contra el expresidente parecen menos graves. No por la seriedad de las penas, que podrían ser mayores en casos de corrupción que en los de lesiones leves agravadas, sino por las repercusiones políticas y sociales que tiene el expediente relacionado con los golpes.
Los implicados
Entre los investigados en esta causa de corrupción relacionada con los seguros se encuentran Alberto Fernández, Alberto Pagliano, Héctor Horacio Martínez Sosa, Guillermo Alonso, María Marta Cantero, TG Broker, Pablo Torres García, Guillermo Torres García, Bachellier, Alfredo Tórtora, Ricardo González, Castelo Mercuri SA, Oscar Castello, Ernesto Mercuri, y San Ignacio SA.
También están bajo investigación Brian Kelly, Hernán Bressi, San Germán Seguros, Héctor Villaverde, Camilo Moreno Corotto, Marcela Baldini, Mauro Tanos, María Victoria Bisogni, Alfredo del Corro, María Lourdes Trupia, Carlos Alberto Suárez, Marcos Eufemio, Damián Grosso, Diego Rosendi, Lucas Rosendi y las cooperativas 7 de Mayo e Irigoin Limitada.
Según la investigación, desde el Estado se orientaron las contrataciones hacia estas empresas, con las cuales ya existían vínculos previos, incluso antes de la promulgación del decreto que obligaba a contratar con Nación Seguros.
Una auditoría de Nación Seguros identificó en la cima de los intermediarios que más comisiones recibieron desde el año 2020 a Bachellier SA, a Héctor Martínez Sosa y Compañía SA, a Castello Mercuri en tercer lugar, a San Ignacio en cuarto lugar, y a TG Broker.
“En conjunto, las cinco suman $2.782.170.946 en comisiones recibidas de Nación Seguros SA desde 2020, sobre un total de $3.453.302.777 para todos los productores, lo que representa más del 80%“, afirmó Ercolini.
San Ignacio y TG Broker actuaron como intermediarios de las pólizas contratadas con Nación Seguros por parte de la Anses, lo que inició esta investigación. Entre 2020 y 2024, el organismo ocupa el segundo lugar entre las entidades públicas que más dinero desembolsaron en comisiones. Según el juez, Brian Kelly y Hernán Bressi figuran como presidente y director suplente de San Ignacio, aunque no se logró localizar su domicilio.
En uno de los procedimientos, uno de los acompañantes de Kelly entregó dos cajas con documentos de la empresa, que había recibido poco tiempo antes en un garaje por Carlos Suárez y Alfredo del Corro.
El juez determinó que existen vínculos entre Del Corro y Marcos Federico Eufemio, quien era gerente de compras de Nación Seguros. Es decir, esta segunda parte de la investigación indaga sobre los lazos entre los productores y los funcionarios.
El magistrado estableció que estos productores están asociados con cooperativas de trabajo que autorizaban a Mauro Damián Tanos, exgerente general de Nación Seguros, a conducir sus vehículos. La sospecha es que el dinero del fraude que investiga el juez fue blanqueado mediante la compra de autos de alta gama y a través de las cooperativas.
De la revisión de las pólizas de Nación Seguros con la Anses, surge la intermediación de San Ignacio y TG Broker como organizadores y productores, con San Germán Seguros, presidida por Héctor Villaverde, como coaseguradora. El juez halló conexiones entre la coaseguradora y los productores.
Bachellier, vinculada a Martínez Sosa según la auditoría de Nación Seguros, “aparece como el intermediario que más dinero recibió por su intermediación (principalmente en los seguros contratados por el Ministerio de Seguridad de la Nación y las distintas fuerzas de seguridad), representando casi la mitad del total pagado en comisiones.”
El presidente de Bachellier es Osvaldo Tórtora y su director, Ricardo González. El domicilio de la empresa coincide con la residencia de Tórtora y su esposa, “una propiedad que a simple vista no parecería congruente con la sede de una empresa con negocios de tal magnitud.”
Fuente: Derecha Diario
